PP de Huelva pide a Junta aclarar "la concesión a UGT-A de los terrenos de La Torerera"

 

PP de Huelva pide a Junta aclarar "la concesión a UGT-A de los terrenos de La Torerera"

Publicado 03/04/2016 16:48:06CET

HUELVA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido en sede parlamentaria la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, para que "detalle el proceso de concesión a UGT Andalucía de los terrenos del poblado minero de la Torerera, ubicado en el término municipal de Calañas, concesión acordada en los años 90 y de la que, décadas después, nada se sabe".

A raíz de una pregunta parlamentaria efectuada esta semana en el Parlamento por la diputada andaluza del PP por Huelva Carmen Céspedes, en la que "la Junta de Andalucía se ha desentendido de este proceso", los 'populares' exigen ahora al Gobierno andaluz que "aclare qué ha pasado con La Torerera y qué planes tiene para este proyecto".

En una nota, el PP ha criticado que las consejerías de Turismo, en primer lugar, y de Medio Ambiente, después, "echen balones fuera y no quieran saber nada de este asunto argumentando que la relación entre la Administración regional y el sindicato UGT para la explotación de los recursos de La Torerera ha expirado".

Se trata, según añade el PP, de "una relación que se remonta a un primer convenio suscrito en 1991 en el que se formalizaba la cesión de los terrenos por 50 años, firmado por la entonces Consejería de Obras Públicas y UGT, al que luego siguió un segundo convenio firmado en 2009 entre la agencia pública Egmasa --ahora agencia Amaya-- y UGT para el aprovechamiento de los recursos naturales de la finca". Céspedes ha indicado, además, que "la agencia Amaya llegó incluso a subastar en 2011 el aprovechamiento cinegético de esta finca".

Igualmente, la parlamentaria andaluza del PP ha criticado, basándose en un informe de la Cámara de Cuentas, que "la Junta no reclame al sindicato el complejo turístico por el abandono que sufre".

Estos terrenos, "objeto ahora de polémica, y que cuentan con una superficie de 286 hectáreas, fueron comprados en 1986 por la Junta a la empresa Explosivos Riotinto y cedidos luego a UGT a través del Programa Nacional sobre Pueblos Rehabilitados", según el PP, que añade que "este proyecto contó con financiación europea a través de los Fondos Feder, las obras finalizaron en 1997, y un año después, el 19 de febrero, fue inaugurado".

Desde entonces, según concluye Céspedes, "ha caído en el olvido y la Junta de Andalucía parece no querer saber nada de este proyecto, por lo que hemos pedido al consejero que dé todas las explicaciones con detalle en el Parlamento".

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