ALMONTE (HUELVA), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, acompañado por parlamentarios, diputados, alcaldes y dirigentes locales del entorno del Parque Nacional de Doñana, ha pedido este miércoles, a las puertas del proyecto Marismas Occidental, un estudio de impacto sobre el conjunto de la actuación y la paralización de estas obras.
Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, los socialistas onubenses han querido este miércoles realizar "un gesto más, contundente y claro, para despejar el más mínimo resquicio de duda que pudiera subsistir en el ambiente sobre la postura que el PSOE mantiene en relación al proyecto de gas en Doñana".
De este modo, el secretario general de la Ejecutiva Provincial, Ignacio Caraballo, ha sentenciado el proyecto a las puertas de Marismas Occidental, denominación del primero de los cuatro subproyectos en que ha quedado dividida una actuación que, "a juicio de todos, excepto del Gobierno y de la empresa proponente, merece y requiere un estudio sobre su conjunto y no por separado, para conocer el impacto real, si existe riesgo y si es viable".
Así, la cúpula del PSOE onubense, con su líder al frente, ha querido así visualizar, "una vez más, su absoluto rechazo" al proyecto y ha pedido que se paralice de manera inmediata "la ejecución de Marismas Occidental, en tanto en cuanto, el Gobierno no adopte la decisión de evaluar el impacto ambiental sobre el conjunto de los cuatro subproyectos".
"Lo primero es que estamos en contra absolutamente de que Doñana sirva de almacén de gas; lo segundo es que no se puede jugar al engaño permanente, haciendo creer a los ciudadanos que no existe peligro porque la realidad es que el Gobierno no lo sabe con certeza; lo tercero es que es un clamor social, nadie quiere este proyecto, por tanto, el Ejecutivo debe pararse a reflexionar", ha remarcado Caraballo.
Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha dicho, en nombre de todos los alcaldes socialistas del entorno, que suscribe la petición de paralización y la exigencia de la declaración conjunta del proyecto.
"Pedimos impulsar cuantas acciones legales procedan para detener cautelarmente su ejecución", ha dicho Caraballo. Para los socialistas, "Doñana no es el lugar más idóneo para almacenar gas, nos hemos negado a ello desde el seno del partido y desde la Junta de Andalucía, que gobernamos, a través del consejero de Medio Ambiente, el onubense José Fiscal", ha continuado.
En esta línea, ha pedido al Gobierno del PP que "recapacite y dé su brazo a torcer". "Si al PP no le importa Doñana, a nosotros nos importa, y mucho. Pedimos al Gobierno que se rinda. Que sepamos, es la primera vez que una comunidad autónoma deniega una Autorización Ambiental Unificada (AAU) a un Gobierno que ha emitido ya su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, lo que demuestra la seriedad y contundencia con la que ha actuado la Junta de Andalucía", ha afirmado el dirigente socialista.
Según ha sostenido, "las tesis que defienden tanto el Gobierno andaluz como los socialistas onubenses vienen avaladas por las posturas adoptadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, primero, y por el Defensor del Pueblo Español, después, así como de la Delegación del CSIC en Andalucía y Extremadura". Ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido paralizar el proyecto en su conjunto y su impacto, así como estudiar los riesgos sísmicos que podría provocar esta actuación.
Por su parte, ha indidcado que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los cuatro subproyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, además de sugerir que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas.
De esta manera, como ha reiterado, se pretende valorar las distintas alternativas al almacenamiento de gas y garantizar que Doñana y su entorno no se vea negativamente afectado por la inyección y almacenamiento de gas. Este organismo se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro subproyectos.
La emisión de estos informes de estos organismos se produce después de analizar la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España en la que se advertía de la "insuficiencia de la evaluación ambiental de los mismos por separado". Además, este informe también generaba dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados, además de considerar que las evaluaciones individuales de los mismos "no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero".
De esta manera, el Defensor ha solicitado al Ministerio de Energía que aclare el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar, así como la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su permiso la Junta.
ACCIONES DE LA CONSEJERÍA
Por su parte, Caraballo ha subrayado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ya está dando pasos para emprender acciones legales con que paralizar en el ámbito de sus competencias el proyecto del gas en el entorno de Doñana. De hecho, ha presentado un requerimiento al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente como paso previo a un futuro recurso contencioso administrativo.
Esta decisión se ha adoptado tras ser "desoída la exigencia de la Junta de que el Gobierno central modifique las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan los cuatro subproyectos en que se ha dividido el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana y de que se instase al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que llevara a cabo la paralización del denominado Marismas Occidental y una evaluación conjunta de dichos proyectos".
Este proyecto "presenta muchos inconvenientes y perjuicios potenciales para Doñana y su entorno, una situación que el Gobierno andaluz quiere enmendar siempre dentro de los márgenes del Estado de derecho y con el máximo respeto a las resoluciones judiciales, pero que el Gobierno central del PP no quiere ver, dada su postura de brazos caídos", ha dicho Caraballo.
Tras tener conocimiento de que el Instituto Geológico y Minero de España ha advertido en un informe interno de que Gas Natural "rebajó la peligrosidad por inundaciones al acuífero en su estudio de riesgos obligatorio para la autorización de puesta en servicio y se avisa de que la nueva normativa que limita los usos en el dominio hidráulico puede afectar al proyecto, hemos solicitado oficialmente, desde la Junta, a través de nuestro consejero, la remisión de dicho informe. Que no se demore más. Celeridad es lo que necesita este asunto", ha concluido.
