LOS MARINES (HUELVA), 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La plataforma ciudadana 'Justicia e Indulto para Ramón', conformada por vecinos de Los Marines (Huelva), un municipio serrano de unos 300 habitantes, y que entregó el pasado mes de marzo en el Ministerio de Justicia unas 4.000 firmas en apoyo a la solicitud de indulto en el Ministerio de Justicia para José Ramón Rodríguez --alcalde socialista entre 1995 y diciembre de 2013--, ha convocado una manifestación y sentada el próximo viernes a las 8,30 horas en la puerta del Palacio de la Moncloa en Madrid, con motivo de la celebración del Consejo de Ministros del Gobierno de España y para que éste valore la petición de su indulto.
Este hombre fue condenado en 2015 a un año y once meses de prisión por la Audiencia onubense por un delito contra la ordenación del territorio y por otro continuado de prevaricación urbanística, a nueve años de inhabilitación y al pago de una multa de 3.660 euros.
El objetivo de esta manifestación es reivindicar que la solicitud de indulto para José Ramón Rodríguez Velo, cuyo plazo vence el día 10 de febrero de 2018, sea valorada en Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma, José Antonio Maestre Zarza, ha remarcado "solo quedan tres consejos y el silencio ante esta petición supondría la negativa a este indulto". Por ello, desde la plataforma solicitan la asistencia de los vecinos a esta manifestación de Madrid, que serán trasladados en autobús de manera gratuita.
"Nos estamos jugando la libertad de una buena persona, que solo ha hecho el bien a su pueblo y a nuestra comarca, y que está dispuesto desde siempre a cumplir aunque sea con multa o trabajos en beneficio de la comunidad, pero no merece, por excesivo, que le priven de libertad y destrocen su vida y la de su familia".
Cabe recordar que el pasado mes de marzo el Juzgado de lo Penal número tres de Huelva acordó suspender la ejecución de la pena de prisión Rodríguez mientras se resolvía la solicitud de indulto en el Ministerio de Justicia, estableciendo como fecha límite para esta paralización el 18 de febrero de 2018.
Además de estas 4.000 firmas, la plataforma entregó en el Ministerio una serie de cartas del obispo de Huelva, José Vilaplana; de la actriz María Galiana, amiga personal del exalcalde; del Consejo de Cofradías de Aracena, de los maestros del Colegio Rural de la localidad y del Voluntariado de San Blas, entre otras, además de una misiva de la propia plataforma, refrendada por el 90 por ciento de los alcaldes de la Sierra, de diputados y de parlamentarios andaluces de distintos partidos.
A su vez, el pasado 25 de febrero centenares de personas, entre unas 500 y 600 según los convocantes, se unieron en Aracena (Huelva) a la manifestación convocada en su defensa. En la misma se leyó un manifiesto en el que "se suplicó" al ministro de Justicia que sea "benevolente, equitativo, y proporcional, en definitiva que sea justo", y que conceda el indulto al exalcalde socialista al ser su condena "no proporcional al delito cometido" y, por consiguiente, "injusta".
Cabe recordar que Rodríguez fue condenado en 2015 a un año y once meses de prisión por la Audiencia onubense por un delito contra la ordenación del territorio y por otro continuado de prevaricación urbanística; a nueve años de inhabilitación y al pago de una multa de 3.660 euros, momento en el que éste renunció al acta de concejal no adscrito que mantenía desde que fuera condenado en primera instancia y decidiera abandonar las siglas del PSOE.
En la sentencia se considera probado que el condenado, en calidad de promotor, llevó a cabo, entre 2006 y 2008, la construcción de una vivienda de 75 metros cuadrados con tejado a dos aguas, sótano y porche en una finca de su propiedad, a 500 metros de su domicilio habitual, situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Por su parte, la Audiencia confirmó en diciembre de 2016 la denegación de la suspensión de la pena por el juzgado de lo penal.
Desde la plataforma recuerdan que esta condena "no cumplirá con su función constitucional de rehabilitación social, sino más bien supondrá un perjuicio irreparable para su persona y familia, pues su trabajo supone el único sustento de la misma", así como que "la vivienda declarada ilegal fue derribada conforme a sentencia y verificada por los agentes de la autoridad, habiéndose devuelto el terreno a su situación originaria, y que también pagó la multa".
