Abren juicio oral a 14 acusados en el caso 'Hidalgo' por delitos de blanqueo y contra la Hacienda

Publicado 03/02/2015 19:12:23CET

MÁLAGA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga) ha acordado la apertura de juicio oral contra 14 personas acusadas en el denominado caso 'Hidalgo' por los delitos de blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública. Asimismo, se solicita que cada imputado haga frente a una fianza de responsabilidad civil, que en total suma unos 900 millones de euros.

Así consta en el auto del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se decreta el sobreseimiento de la causa respecto a cinco personas, entre ellas dos de los principales imputados, como era el responsable del despacho de abogados Cruz-Conde y un empresario de origen iraquí, ya que ambos han fallecido. Además, se declara que el órgano competente para el enjuiciamiento es la Audiencia provincial.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó en su momento la apertura de juicio oral contra estas 14 personas para las que pide inicialmente, en su escrito de acusación provisional, unos 1.000 millones de euros en multas y más de 170 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, además de contemplar indemnizaciones a favor del Estado.

Las primeras detenciones de esta causa se llevaron a cabo en abril de 2007. Así, en la calificación fiscal, el ministerio público establecía que dicho despacho de abogados, ubicado en Marbella (Málaga), proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos". Entre los acusados hay varios abogados de ese bufete.

Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española --sociedad limitada-- que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal --Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, etcétera--. Otras veces se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuyo titular era otra entidad de un paraíso fiscal --Antillas Holandesas--, según el fiscal.

La investigación realizada ha puesto de manifiesto, según la Fiscalía, la existencia de "un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública española, omitiendo el pago de los tributos que les eran exigibles".

"La finalidad perseguida por los clientes era conocida por los miembros del despacho, lo cual no impidió que se prestaran a colaborar con ellos tanto en la constitución de esas sociedades, usadas a modo de tapadera, para ocultar la procedencia delictiva del dinero invertido en España, de modo que formalmente no pudieran vincularse los fondos con su verdadero dueño, como en la propia gestión de los fonos ilícitamente invertidos", según el fiscal.

Más aún, se alude a que, en otros supuestos, "los fondos a ocultar derivaban de actividades delictivas, hecho conocido por los acusados referidos, entre otras cosas porque, para ciertos clientes, eran ellos quienes habían diseñado la estrategia defraudatoria frente a la Hacienda española".

En todo caso, "los acusados, representándose la posibilidad de que los fondos a invertir fueran el producto de las actividades delictivas de algunos de sus clientes, aceptaron, no obstante, proporcionarles los mecanismos de ocultación a tal efecto, asumiendo su colaboración en el encubrimiento del origen de los fondos y de la identidad de sus verdaderos titulares".

Otra de las fórmulas aplicadas con "evidente intencionalidad defraudatoria" era la figura de préstamos de accionistas, que "en realidad no responden a dicha forma de aportación". En las declaraciones-liquidaciones presentadas por una de las entidades investigadas, relativas al Impuesto sobre Sociedades se empleó como operatoria disfrazar lo que son simples aportaciones de capital por parte de los socios de la entidad bajo la forma de supuestos préstamos participativos, determina en su escrito la Fiscalía.

"Mediante este ardid se van a generar, de forma artificiosa, una serie de gastos fiscales deducibles, derivados del supuesto pago de intereses a las diversas entidades prestatarias, detentadoras del capital social, por razón de los préstamos concedidos a la sociedad", se asevera.

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