SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha considerado este jueves "lamentable y preocupante" que la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, cuestione las decisiones de los jueces y ha calificado de "irresponsable y desleal" la actitud de la consejera cuando ha acusado al Ministerio del Interior de "no aclarar las circunstancias de la muerte de un hombre en el CIE de Archidona (Málaga), pese a que un juzgado decretó el sobreseimiento del caso".
Estas declaraciones de Sanz surgen a raíz de que Rosa Aguilar haya reclamado este jueves al Gobierno central una "política migratoria de verdad" tras el cese de uso de la prisión de Archidona como centro temporal de acogida de inmigrantes; una situación que espera "no se vuelva a repetir" y que sirva de "lección" para el ministro Juan Ignacio Zoido.
En un comunicado, Sanz ha recordado a la consejera que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona decretó el sobreseimiento de las diligencias abiertas tras el suicidio de un inmigrante internado en el centro, al haber constatado que no existió hecho delictivo alguno, lo que, a su juicio, indica que la consejera "está dispuesta a saltarse a la torera las decisiones de los jueces con tal de sacar tajada política del problema de la inmigración".
Para el delegado, la actitud de Rosa Aguilar resulta "doblemente preocupante", tanto por "la falta de sensibilidad y la deslealtad institucional" que demuestra hacia "un problema de Estado" que afecta a toda la Unión Europea como por "el desprecio que demuestra respecto a las decisiones judiciales siendo ella, precisamente, consejera de Justicia".
Sanz ha recordado también que el traslado de los inmigrantes argelinos llegados a Murcia al centro de Archidona fue "una solución provisional avalada por siete juzgados" que, tal y como se anunció y "ahora se demuestra, se adoptó con carácter temporal".
El delegado, por último, ha manifestado que, en lugar de criticar decisiones del Ministerio del Interior que vienen avaladas por los jueces, la consejera y Junta de Andalucía deberían "preocuparse de proteger y ejercer adecuadamente" la tutela de los menores inmigrantes ingresados en los centros dependientes del Gobierno autonómico, y "evitar la situación de descontrol y los amotinamientos que se producen en los mismos".
