MÁLAGA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La aseguradora del vehículo conducido por el guardia civil acusado en relación con el accidente ocurrido en junio de 2017 en la A-7, a la altura de Torremolinos (Málaga), en el que murieron tres personas y otras nueve resultaron heridas, estima en unos 340.000 euros las indemnizaciones que corresponderían a familiares de los fallecidos en dicho siniestro.
El accidente por el que ha sido acusado únicamente el agente del instituto armado, que supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol y conducía a mayor velocidad de lo permitido, tuvo lugar el 28 de junio y fallecieron un hombre y una mujer de Bahrein y otra mujer de Kuwait, con vínculos familiares; mientras que resultaron heridas otras nueve personas.
La Fiscalía y la acusación particular, en representación de los familiares de las víctimas, solicitaron hace unos meses 1,5 millones de euros como indemnización para la familia por varios conceptos de perjuicios, considerando responsable civil directa a la aseguradora del vehículo; compañía que ahora ha presentado el escrito de defensa, precisando las cantidades con las que a su entender se debería indemnizar a los familiares de las víctimas.
En este sentido, en dicho escrito, la compañía especifica que en general no procede valorar económicamente el perjuicio patrimonial por lucro cesante, al estimar, según un informe aportado, que los familiares "no dependen" económicamente de los fallecidos; y en algunos casos estima que tampoco corresponde indemnización por perjuicio particular excepcional.
Además, se considera que no se ha acreditado que determinados miembros de la familia convivieran con las víctimas o es un extremo pendiente de acreditar, por lo que el documento recoge distintas cantidades indemnizatorias, según el caso.
Asimismo, estima la aseguradora que, según los informes que la empresa encargó, algunas víctimas mortales no llevaban puesto el cinturón, lo que, según el escrito, supone una reducción de la cantidad a percibir. Si no se tiene en cuenta esta corrección, la indemnización global propuesta se eleva a unos 560.000 euros.
Desde la acusación particular, que representa a las víctimas y que está dirigida por los letrados Manuel Temboury, Mario Rodríguez Prieto, Inmaculada Muriana Jiménez y Bettina Ortega, han criticado que la aseguradora "sólo intente rebajar la indemnización que les corresponde en justicia", apuntando que cuenta con un informe "que concluye lo contrario respecto a los cinturones de seguridad".
Además, en declaraciones a Europa Press, han señalado que el accidente dejó "dos familias enteras destrozadas, numerosos heridos y gastos médicos muy elevados de casi 500.000 euros" y han lamentado que ante esta situación y, casi un año después del siniestro, la compañía "no haya ingresado ni un solo euro hasta el momento por este accidente".
Las acusaciones sostienen en sus escritos provisionales presentados en el juzgado que el guardia civil "había ingerido previamente bebidas alcohólicas mezcladas con el consumo de cocaína" y otra sustancia, "lo que afectó a sus facultades psicofísicas para la conducción y el control del vehículo", actuando "sin la cautela más elemental".
Asimismo, indican que transitaba a una velocidad "superior a la permitida", ya que supuestamente iba a 149 kilómetros por hora, siendo la específica de 100 kilómetros por hora; y que en un momento determinado, perdió el control del coche e invadió el otro carril, produciendo el accidente, tras el que el hombre "tuvo que ser frenado, pues salió huyendo en vez de llamar a emergencias".
