El Ayuntamiento espera no tener que aplicar el ERTE, que supondría unos 290 operarios de Limasa menos al día

Publicado 17/12/2013 17:32:56CET

Los trabajadores rechazan este expediente por ser un "chantaje" e implicar "un recorte de personal y del servicio"

MÁLAGA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, ha dicho, tras formalizar este martes la empresa mixta Limasa ante la Junta la presentación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que la intención "es afectar lo menos posible al servicio de limpieza, con una reducción mínima en el número de trabajadores, y también al salario de la plantilla". En general, la aplicación de esta suspensión de contratos implicaría que deje de trabajar al día un 22 por ciento de la plantilla, lo que en términos absolutos se traduce en unos 290 operarios menos en las calles.

De todos modos, ha insistido en que la confianza de la empresa, de la que el Consistorio posee el 49 por ciento del accionariado, es que se llegara a un acuerdo vía negociación colectiva antes del 1 de enero de 2014, lo que evitaría la aplicación del ERTE. Según lo planteado por ahora, afectará a los 1.325 trabajadores de Limasa hasta el 17 de abril de 2017, fecha que coincide con el término del contrato de concesión del servicio de limpieza.

"La aplicación del expediente responde solo a la necesidad de ajustar el presupuesto de 2014, pero implica un menor servicio y un mayor recorte salarial --la cantidad máxima que se puede cobrar en el paro es 1.250 euros brutos, en función de las cargas familiares--", ha aseverado, motivo por el cual "seguimos apostando por renovar el convenio, en tanto que implicaría una rebaja del sueldo de solo el 1,65 por ciento y la congelación de la antigüedad".

EXCEPTO EN EL VERANO

En relación con la aplicación del ERE temporal, no afectaría al periodo comprendido de junio a septiembre, en lo que a la mayoría de la plantilla se refiere, sí para el personal administrativo.

Sin embargo, la mayor aplicación y, por tanto, más reducción de operarios en las calles, se produciría de enero a marzo y de noviembre a diciembre, mientras que en abril, mayo y octubre se estaría "a medio camino", ha indicado a Europa Press Jiménez.

El tiempo de suspensión de contrato para cada trabajador será de unos 80 días naturales --unos 45 laborales--. Los fines de semana el servicio no estaría cubierto con los empleados fijos, por lo que, a la hora de hacer contrataciones, a los primeros a los que se les ofrecería sería a los afectados por el ERTE, según el edil del PP.

TRES GRUPOS

De acuerdo con la distribución planteada por la empresa, habrá tres grupos, que irán rotando: uno trabajará el mes completo, otro las semanas pares y un tercero, las impares.

En este punto, Jiménez ha incidido en que se han planteado tramos por semanas para que en la que el operario esté en paro pueda cobrar la prestación por desempleo de lunes a domingo.

En cuanto a la negociación abierta, ha dicho confiar en que en la reunión que mantendrán en la noche de este miércoles con el comité de empresa y en la que intervendrá de nuevo el alcalde, Francisco de la Torre, "podamos llegar a un acuerdo", que permita evitar el ERTE y también la huelga indefinida convocada por los trabajadores a partir de este viernes. "No estamos tan lejos de conseguir ese ahorro de seis millones de euros", ha opinado.

TRABAJADORES

Los trabajadores, por su parte, se han mostrado igual de críticos con las condiciones finales del ERTE como con las planteadas inicialmente. Por ello, aunque, al final, el expediente conlleve una reducción en los días de afectación de la suspensión con respecto a lo propuesto al principio, "supondrá también un recorte de personal y del servicio y eso no se lo puede permitir Málaga".

Así lo ha expresado el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte (UGT), quien ha afirmado que el anuncio del ERTE "ha sido en todo momento un chantaje y una forma de presionarnos". "Esto no ayuda a que haya entendimiento", ha alertado.

Belmonte ha reiterado que "desde que se inició este conflicto somos la única parte que ha demostrado con números nuestra intención de ahorrar", pero ha advertido de que "lo que no podemos consentir es que todo recaiga en los trabajadores".

"Todos debemos acordar bajar el presupuesto", ha demandado, lamentando que el Ayuntamiento "prefiera estar de parte de los privados", que tienen el 51 por ciento de la empresa y a los que la plantilla exige "un mayor esfuerzo", y "en contra de los trabajadores".

Por ello, ha comentado a Europa Press que los representantes sindicales irán a la reunión de este miércoles "con ganas de llegar a un acuerdo, pero no todo no puede ser a nuestra costa". Además, ha reiterado que no están dispuestos a firmar un convenio hasta el 31 de diciembre de 2016 como propone el Ayuntamiento; sí contemplarían la posibilidad de incluir 2015, pero "si hubiera una contraprestación".

En cuanto a la reunión en sí, aunque ha dejado claro que "no nos importa estar toda la noche y todo el jueves negociando para evitar la huelga", también ha lamentado que "para el Ayuntamiento este asunto no sea importante y haya perdido el lunes, el martes y el miércoles".

SERVICIOS MÍNIMOS

Sobre los servicios mínimos, ante lo que la Junta de Andalucía ha dicho que apurará al máximo el tiempo para no interferir en la negociación entre las partes implicadas, el concejal de Medio Ambiente se ha mostrado crítico y ha lamentado que la Administración regional "no mire por la ciudadanía, puesto que mientras no sepamos cuáles son, no podremos organizar el servicio e informar a los malagueños de cómo actuar".

Al respecto, el presidente del comité ha recordado que, "para la empresa, diciembre no está fijado como un mes especial ni en contrataciones ni en refuerzos ni en cambio de horarios, por lo que ha confiado en que "los servicios mínimos sean justos, ya que, aunque no queremos la huelga, es un derecho que tenemos".

Para el periodo navideño, la empresa planteó unos servicios mínimos del cien por ciento en el centro histórico y en zonas comerciales y del 85 por ciento para el resto de los distritos, mientras que los sindicatos defendían un cinco por ciento para toda la ciudad.

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