Continúa el juicio con la declaración de Roca sobre presuntos cobros y pagos

Juan Antonio Roca, En Un Momento Del Juicio Del Caso 'Malaya'
EUROPA PRESS
Actualizado 14/11/2011 7:30:49 CET

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal encargado del caso 'Malaya', sobre la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), tiene previsto continuar este lunes el juicio con el último bloque y con la comparecencia del principal acusado, Juan Antonio Roca, que ya comenzó la pasada semana a declarar sobre los presuntos cobros recibidos de empresarios procesados y los supuestos pagos realizados a exediles marbellíes.

En su declaración, Roca admitió que cobró de tres empresarios, como son Fidel San Román, los responsables de Aifos y Construcciones Salamanca, unos 3,5 millones por asesorarles sobre convenios "concretos" y también ha reconocido el pago de "gratificaciones" a los grupos municipales que formaban el equipo de gobierno para que permanecieran "unidos hasta el final de la legislatura".

No obstante, al siguiente día quiso desvincular los pagos realizados por empresarios de las resoluciones urbanísticas favorables, asegurando que "en absoluto" con estas cantidades se garantizaba el éxito empresarial de determinadas operaciones o la concesión de licencias de obras o de primera ocupación.

A preguntas del fiscal, analizó varias operaciones y dijo que el éxito empresarial de una promoción "no viene determinado por ningún ayuntamiento, afortunadamente", apuntando que "muchos" de los convenios "han sido un estrepitoso fracaso y una ruina para el promotor". Refiriéndose a uno de éstos, apuntó que "el único que se ha lucrado ha sido el Ayuntamiento de Marbella, que tiene una parcela y no ha dado nada".

PARA LOS EXCONCEJALES

Asimismo, Roca reconoció que dio "gratificaciones" a "los grupos políticos" que entonces formaban el equipo de gobierno --GIL, PSOE y PA-- con las que "pretendía que no hubiera transfuguismo ni abandonaran la disciplina". Dijo que se daba una cantidad "más importante" a los tenientes de alcalde y portavoces que a los ediles y que les se entregaba a los responsables de los partidos en sobres.

Explicó que él asumió esos pagos porque "en ese momento me convierto, muy a mi pesar, en representante del partido, soy la persona de Jesús Gil, que era el que había propiciado la moción de censura". Así, aseveró que "con esos acuerdos de los empresarios yo saco para gratificar a los grupos políticos y para sacar, incluso, una compensación para mí".

Respecto al urbanismo, volvió a asegurar que el exalcalde Jesús Gil "prácticamente decidía todo", sobre todo en lo referente "a temas económicos, temas urbanísticos y de obras". Además, ha apuntado que "la comisión de gobierno lo único que hacía era santificar lo que decidía Jesús Gil", añadiendo que "los órganos colectivos en el Ayuntamiento de Marbella en la época de Jesús Gil no existían".

Luego, ya con Julián Muñoz como alcalde, señaló que fue despedido "porque se había enterado de que al día siguiente se iba a presentar una moción de censura y me argumentó que sabía que yo estaba detrás". "Ya no contaba con su confianza y me despidió", dijo, explicando que, al ser elegida Yagüe, le pidió que le asesorara para "normalizar" el urbanismo, pero nunca tuvo contrato como tal.

ARCHIVOS MARAS

Además, el presunto cerebro de la trama reconoció el reflejo de cobros y pagos en los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, una de las principales pruebas para el fiscal, aunque aseguró que no era una contabilidad, sino "una mezcolanza de saldos con ingresos en A y en B y con salidas en A y en B" y que arrojan "unas previsiones".

En el caso de las iniciales que se vinculan a exediles, sí se refirió a algunos nombres, como la exalcaldesa Marisol Yagüe, a la que constaría un apunte de 84.000 euros, o Isabel García Marcos, con 42.000 euros; y explicó pagos "distintos", como el del exconcejal Rafael González, con quien se comprometió a darle la cantidad de sueldo embargada o el "préstamo" a la exregidora para una operación.

No obstante, negó que tuviera en nómina a los exediles para sus intereses y que la intención de las gratificaciones fuera tener el sentido del voto en las comisiones de gobierno, emplazando al fiscal a que le diga "en qué caso concreto se votó a favor de una resolución que me beneficie y que sea contraria al resto de cosas".

Tras esta declaración de Roca, fuentes judiciales han indicado que se trata de un "reconocimiento parcial" de los hechos por los que está acusado y por los que se le solicita una pena de 30 años de cárcel, algo que inicialmente no forma parte de acuerdo de conformidad alguno y que respondería, en todo caso, a una intención de "diluir" el delito inicial, hacia uno de cohecho impropio.

Además, la pasada semana se hizo público el acuerdo alcanzado por la Fiscalía Anticorrupción y otro empresario, en este caso, Eusebio Sierra, en el que se reconoce un pago de 60.000 euros, requerido por Roca, con el que se pretendía agilizar el reconocimiento de una deuda. Se fija una pena de seis meses de cárcel y multa de 48.600 euros.

En dicho escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se hace referencia a que un apunte de los archivos Maras "se corresponde con la entrega efectuada por Eusebio Sierra Sánchez, empleado de la entidad Proincosta, atendiendo al requerimiento efectuado a la sociedad por Juan Antonio Roca Nicolás" y se explican las actuaciones realizadas por la empresa y las aprobaciones del Ayuntamiento.

Málaga ofrecido por
Málaga Ciudad Genial
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies