Defensas del bufete que creó sociedades para Roca dicen que sólo actuaron como abogados

Acusados y abogados en el caso 'Malaya'
EUROPA PRESS
Actualizado 10/07/2012 20:06:22 CET

MÁLAGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las defensas de cinco letrados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, acusados en el caso 'Malaya' por blanqueo de capitales, han sostenido que la actuación de sus clientes en relación con los negocios del presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, fue dentro del ejercicio de su profesión y han apuntado que el constituir sociedades o firmar contratos son "acciones neutras" y no delictivas.

En sus informes finales, los abogados de los acusados Manuel Sánchez Zubizarreta, su hijo Manuel Sánchez Martín, de Francisco Soriano y de sus hijos Juan Luis y Antonio Soriano Pastor, que, según las acusaciones, constituyeron sociedades para que Roca ocultara su patrimonio supuestamente ilícito y figuraban en ellas, han pedido una sentencia absolutoria y han defendido la actuación de éstos y la ausencia de los requisitos del delito de blanqueo de capitales.

El letrado de cuatro de ellos ha explicado que "las personas que realizan acciones neutrales propias de su profesión no están cometiendo delito", poniendo como ejemplo "el taxista que lleva al que va a robar". "Y los abogados que hacen contratos, que constituyen sociedades y que hacen las cosas propias del ejercicio de su profesión hacen acciones neutrales, que no tienen por qué ser delictivas y son socialmente adecuadas", ha apuntado.

Ha insistido en que estos acusados "actuaban como abogados y nada más que como abogados" y ha dicho que la fiducia "no es una cosa aberrante y se puede utilizar jurídicamente". Ha afirmado que ninguno de sus clientes ha pasado "ni un ápice" la línea divisoria de la actuación del abogado y las especiales obligaciones en cuanto a la prevención del blanqueo, que, según ha dicho, no son realmente efectivas hasta 2006, lo que significa que "no hay delito".

Este abogado ha asegurado que "no existe indicio de ninguna clase" de que hubiera una coalición o concertación entre los acusados, pero, ha añadido, "tampoco de un conocimiento claro y preciso de que el señor Roca realizaba acciones ilícitas". "El señor Roca no estuvo en ninguno de los grandes procesos, hasta que se murió Jesús Gil --exalcalde de Marbella-- y le tocó la china", ha manifestado.

Además, se ha preguntado "cómo mis clientes van a saber que el señor Roca estaba cobrando dinero de distintos empresarios de Marbella si no ha comentado jamás nadie nada de esos papeles", en referencia a los archivos informáticos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, que supuestamente recogen cobros y pagos; apuntando que "ni una sola cantidad ha ido a sociedades que regentaban mis clientes".

Por su parte, el acusado y también defensa de Sánchez Zubizarreta, Francisco Soriano, ha pedido una sentencia absolutoria, atendiendo a "la ausencia de prueba y concreción de hechos" por parte de las acusaciones y a la "abundante" prueba aportada por las defensas. El letrado ha mantenido que los miembros del gabinete jurídico "no han hecho nada delictivo, son personas de una intachable conducta moral, publica y privada. Son abogados y no otra cosa".

Ha lamentado que en esta causa "se ha pervertido todo" y "se han arruinado vidas y haciendas" y ha defendido al principal acusado, asegurando que "no he conocido a un señor con más capacidad de trabajo, con más conocimientos de negocios". "Y yo voy a sospechar de este señor", ha preguntado.

DEDUCCIÓN DE TESTIMONIO

Este letrado ha solicitado al Tribunal que dictará la sentencia que "deduzca testimonio de los particulares que hagan referencia a las declaraciones prestadas en el juicio oral" por algunos investigadores policiales y de la Agencia Tributaria y testimonio de varios informes y atestados contenidos en la causa, para que se remitan a un juzgado "en averiguación de si su actuación puede ser constitutiva de delito", por "ocultamiento o reticencia".

En este contexto, Soriano ha aludido al artículo 460 del Código Penal, que se refiere al testigo o perito que "sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos". Ha cuestionado que estos investigadores tengan la condición de peritos o testigos, sino que son "simplemente denunciantes e interpretadores de documentos", ha mantenido en su informe final.

Así, ha calificado la forma de contestar de algunos de estos funcionarios de "despectiva" e "inadmisible en un Estado de Derecho" y ha considerado que entraban a la vista oral "como en terreno conquistado, con prepotencia", por lo que entiende que "esto debe de esclarecerse por bien de la administración de justicia". Asimismo, ha criticado a las acusaciones y el "despilfarro" en dinero público que ha supuesto este procedimiento y los gastos de los procesados.

Ha criticado, igualmente, las detenciones y este sumario "que no responde a los mínimos exigibles, es una auténtica vergüenza para la administración de justicia y el único sumario de la historia judicial en el que se ha procesado a una persona año y medio después de haber fallecido". "Si Alonso Martínez levantara la cabeza, se moría de vergüenza, y si lo hiciera Torquemada, el inquisidor, se moriría de envidia", ha apostillado, destacando tan sólo la labor de la Sala.

También ha expuesto su informe el letrado del exedil Vicente Manciles, quien ha insistido en los errores que a su entender existen en los informes que están en la causa y ha asegurado que la actuación del equipo de gobierno "fue absolutamente lícita" y "uniforme", apuntando que no cree la versión de Roca de que pagó a los portavoces del tripartito, aunque ha incidido en que dijo que dio el dinero "a los cabezas de partido".

Ha vuelto a hablar de acusaciones "confusas" y "más efectistas que efectivas", cuestionando, como otras defensas, los archivos Maras. Está previsto que este miércoles exponga su informe definitivo la abogada del principal acusado, quien ya expresó su oposición a los escritos de la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, en sus conclusiones finales.

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