Sale adelante por unanimidad una moción de IU y esperan una reunión con la Delegación de Salud
MÁLAGA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El equipo de gobierno de la Diputación de Málaga ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los progenitores de menores de cero a seis años que reciben atención temprana en el centro Virgen de la Esperanza de la institución en la capital, asegurando que seguirán dando este servicio hasta que la Junta de Andalucía adjudique el servicio, incidiendo en que éste, llegado ese momento, se proporcionará en lugares cercanos a los domicilios de estos niños.
Así lo ha reiterado este jueves la diputada de Servicios Sociales, Lourdes Burgos durante la sesión ordinaria del pleno, a la que han asistido madres y padres de estos menores que han portado una pancarta y que han lanzado gritos en contra de que este servicio deje de ser ofrecido por la Diputación y contrarios al presidente de la institución, Elías Bendodo.
En el pleno se han presentado dos mociones al respecto, de IU Para la Gente, que ha salido adelante por unanimidad; y Málaga Ahora, con 15 votos en contra, 13 abstenciones y tres a favor. En ambos documentos han recordado que la Diputación de Málaga lleva atendiendo este servicio desde 1978 y actualmente lo presta a 117 menores; un servicio que pasará a la Junta de Andalucía cuya propuesta es externalizar el servicio.
El pasado mes de julio la Junta informó a los ayuntamientos y diputaciones de que los convenios, que habían sido la fórmula legal elegida, "eran inviables" y ofrecían dos posibilidades: delegar las competencias y transferir la financiación a las entidades locales que lo solicitasen, o bien asumir el servicio y licitarlo posteriormente.
Las diputadas provinciales de IU y Málaga Ahora, Teresa Sánchez y Rosa Galindo, han criticado la "improvisación y falta de previsión" de la Junta y el hecho de que la Diputación no haya pedido la delegación de competencias al Gobierno andaluz aludiendo a informes verbales de los habilitados nacionales que aseguraban que no es posible, con el nuevo decreto de la Junta, que la institución provincial siga con este servicio.
"El único motivo que vemos es ir desmantelando los servicios asistenciales que se prestan. Tanto la Junta como la Diputación son instituciones deshumanizadas que no tienen ningún problema en emitir decretos sin contar con los afectados", ha dicho Galindo, quien ha reclamado una reunión "con la parte humana de este conflicto, padres y madres cuyos niños están recibiendo tratamiento".
"Desde esta Diputación se nos dijo que no podían pedir la delegación de competencias. Lo que ha habido es un 'dime tú', 'yo te digo'", ha lamentado Teresa Sánchez, quien ha reiterado la necesidad de seguir prestando las mismas atenciones, entre ellas fisioterapia en piscina, como se viene haciendo hasta estos momentos.
Para Sánchez, "ojalá la situación fuese que esa competencia se hiciera efectiva, vamos a luchar por ello". "Nuestra opción es que las competencias se deleguen a la Diputación y los menores sigan en el centro, mejorando la atención con nuevo personal pero, en caso de que no se pueda revertir la situación --dado que ya han concluido los plazos--, que la Diputación garantice seguir con el servicio hasta que la Junta lo ponga en manos privadas".
"LAS LEYES CUANDO INTERESA, SE CAMBIAN"
La diputada provincial de IU, no obstante, ha confiado en que la Junta de Andalucía haga "una excepción" pero ha incidido en que de no ser posible haya una reunión para que los menores "sufran lo menos posible y que la adaptación sea lo más adecuada posible para sufrir lo menos posible".
"Las leyes cuando interesa, se cambian", ha dicho, recordando la modificación del artículo 135 de la Constitución: "se hacen excepciones, vamos a verlo. Esto es un servicio histórico y nosotros de donde sean las personas no nos vamos a meter, son menores; no nos hable de que no son de municipios de menos de 20.000 habitantes cuando la Diputación invierte en turismo y promoción de las localidades mayores", ha expuesto Sánchez.
La viceportavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, ha apoyado la moción de IU y ha considerado que no hay nadie de la Corporación que no esté de acuerdo en que estos niños sigan recibiendo el servicio.
La diputada del PSOE Antonia García ha señalado que el PP "no ha querido asumir las competencias, como sí lo han hecho en Alhaurín de la Torre o Antequera", lo que ha considerado "una muestra más de que el equipo de gobierno quiere deshacerse de ellas".
La socialista ha considerado "casi imposible" que se mantenga el servicio en manos de la Diputación pero se ha mostrado de acuerdo en que hasta que la Junta lo asuma se continúe prestando por parte de la institución provincial. Así, ha trasladado un mensaje de tranquilidad apuntando que la Delegación de Salud de la Junta "está tratando de que el servicio que reciban estos niños sea de excelencia, siempre velando por el bienestar de los menores y que el cambio no suponga un retroceso en el normal desarrollo del tratamiento".
La 'popular' Lourdes Burgos ha pedido que se saque del debate político este asunto y ha querido aclarar que se ha dado toda la información, reiterando que el actual convenio concluye el 15 de diciembre, sin embargo, volverán a renovarlo hasta que sea necesario.
"Es una competencia propia de la Consejería de Salud pero hemos renovado el convenio y seguiremos todas las veces hasta que nos aseguren que los niños recibirán la misma atención", ha sostenido, añadiendo que si hay alguna fórmula jurídica para que se pueda utilizar la piscina del centro Virgen de la Esperanza "está a disposición".
Burgos ha recordado que es diferente la delegación de competencias a un municipio que a la Diputación y que ésta está atendiendo a estos menores que pertenecen al distrito de Ciudad Jardín o Palma-Palmilla de Málaga capital: "no podemos tener un informe positivo de los habilitados nacionales".
Ha garantizado que Junta y Diputación van de la mano en ese asunto y ha lamentado que Málaga Ahora haya creado "una incertidumbre innecesaria" en las familias. "Si hubiera una sola posibilidad de que mantuviéramos la delegación lo hubiéramos hecho pero la Junta nos pidió la solución en 72 horas. Hubo un informe de Intervención general de la Junta de Andalucía muy duro sobre cómo se estaba llevando la atención temprana", ha dicho, al tiempo que ha lamentado que la prestación que se da a estos niños no debe acabar en los seis años, a partir de esa edad "la Junta los tiene desatendidos".
