Fiscalía no ve prescripción de delitos del exalcalde de Alcaucín y avala la investigación

 
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Fiscalía no ve prescripción de delitos del exalcalde de Alcaucín y avala la investigación

Juicio caso 'Arcos', corrupción urbanística Alcaucín
EUROPA PRESS
Actualizado 14/11/2016 16:16:58 CET

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Anticorrupción que lleva el caso 'Arcos' ha asegurado que los 140 delitos por los que se acusa al exalcalde de Alcaucín (Málaga) José Manuel Martín Alba en esta causa por presunta corrupción urbanística en dicha localidad "en ningún caso estarían prescritos" y ha defendido la legalidad de la investigación, que comenzó tras recibirse una comunicación de una "fuente anónima".

El juicio ha continuado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga. La Sala ha suspendido la vista oral hasta el próximo 28 de noviembre, cuando se informará de la resolución de algunas cuestiones previas, por escrito y verbalmente, por si afectan a algunos de los acusados; mientras que las más complejas se resolverán en la sentencia.

El ministerio público ha contestado de forma pormenorizada a todas las alegaciones planteadas por los abogados de los acusados, rechazando la prescripción alegada por casi una treintena de estas defensas y que existan causas de nulidad.

Así, el fiscal ha indicado que la interrupción de la prescripción en el caso del exalcalde "se produce al principio", ya que desde ese momento se le investigó, incidiendo en que todos los delitos "guardan una íntima relación, fueron cometidos en un determinado ámbito temporal, espacio físico y siempre empleando un mismo o parecido modus operandi".

Igual ha dicho que ocurre con el que fuera jefe del Área de Arquitectura de la Diputación, José Mora, acusado de 62 delitos; y un asesor, al que le achaca 86 delitos, que son los otros dos principales acusados en esta causa.

Sobre los delitos por los que no se le ha preguntado hasta ahora al exalcalde, ha rechazado que, en caso de que esto hubiera sucedido, "que posiblemente ha ocurrido" porque no los ha podido comprobar uno por uno, sea causa de nulidad, porque considera que "no produce indefensión alguna".

Sí ha considerado que el delito de fraude por el que estaba procesado uno de los acusados está prescrito, por lo que la Sala ha informado a ese acusado de que se dictará una resolución absolutoria respecto al delito, después de pedir el ministerio público el sobreseimiento libre, aunque deberá seguir en el procedimiento como posible responsable civil.

DEFIENDE LA INSTRUCCIÓN

El fiscal no ve irregularidades en las autorizaciones de escuchas telefónicas acordadas por la instructora ni en el desarrollo de la investigación por parte de agentes de la Guardia Civil, que emitieron varios informes e iniciaron las pesquisas tras recibir una comunicación de "una fuente anónima, que cualquiera que lea las actuaciones deduce que estaba muy vinculada al Ayuntamiento".

Ha señalado que esa fuente "señalaba hacia una red de corrupción político-empresarial que podía ser causa de parte del caos urbanístico en el municipio de Alcaucín", unas informaciones que "no eran meras sospechas ni conjeturas", ya que desde el primer informe había "datos significativos", por lo que ha rechazado que haya una investigación prospectiva, como alegó una defensa.

Ha analizado las relaciones entre varios acusados, que fueron puestas de manifiesto por los investigadores en su primer informe, para justificar la necesidad de las escuchas. En este sentido, ha señalado que "no había otra forma de avanzar en la investigación que las intervenciones telefónicas" que proponían en aquel momento los investigadores.

Así, ha puesto como ejemplo conversaciones que recogen esos informes de Martín Alba con un empresario, con Mora sobre la falsedad de informes y con otro alcalde de la Axarquía sobre licencias supuestamente irregulares, apuntando que éstas y otras, en su opinión, ponen de manifiesto que el entonces alcalde "sabía de urbanismo mucho más de lo que está dispuesto a reconocer".

El fiscal sostiene que su intención es demostrar que las autoridades, funcionarios y profesionales acusados en esta causa "conocían la normativa urbanística básica y si la desconocían, era de forma deliberada", porque en ese momento no se cuestionaban las normas subsidiarias de Alcaucín. "Distinguían perfectamente entre lo que era legal y lo ilegal", ha manifestado.

NO NULIDADES

El fiscal ha defendido el trabajo "exquisito" de los investigadores y no entiende que en ese momento se atentara contra los derechos de las personas detenidas al prorrogarse el arresto, explicando que se hizo eso para que los investigadores pudieran dar toda la información a la instructora. Ha apuntado que las discrepancias sobre los tiempos de detención ocurren porque no existe un protocolo.

Asimismo, no ve causa de nulidad de los registros, aludiendo a que le pareció entender que una abogada en su alegación "manifestó algo así como que el auto se dictó de forma deliberada para amparar esos supuestos excesos policiales", señalando que "de haberse manifestado en esos términos, es tanto como atribuir un delito de prevaricación a la juez de instrucción, y eso no lo vamos a tolerar".

Por eso ha dicho que lo comprobará "pero si eso es cierto y no hay una retractación, la Fiscalía anuncia que pedirá autorización del Tribunal para proceder por injurias vertidas en juicio". La letrada ha señalado que en ningún caso realizó una imputación de un delito a nadie sino que "lo manifestado se encuentra amparado por el derecho de defensa".

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