Jueces de Málaga dicen que el plan del CGPJ para las cláusulas suelo tendría como "único" beneficiario a los bancos

 

Jueces de Málaga dicen que el plan del CGPJ para las cláusulas suelo tendría como "único" beneficiario a los bancos

Publicado 21/02/2017 17:04:24CET

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los jueces de Primera Instancia de Málaga han instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que no aplique el plan de urgencia por las cláusulas suelo, al entender que "su implantación tendría un único y exclusivo beneficiario: las entidades bancarias que introdujeron en perjuicio de miles de ciudadanos y de forma abusiva" dichas condiciones, consiguiéndose "un resultado contrario al pretendido". Así, piden la creación de juzgados bis.

Según consta en el acta de la reunión mantenida el pasado 13 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, los jueces con competencia en esta materia consideran que de aplicarse dicho plan se "colapsaría prácticamente de forma inmediata" el juzgado o los juzgados que resulten especializados, lo que colocaría a los consumidores en "una situación intolerable e incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva".

En este sentido, los jueces de Primera Instancia de Málaga capital señalan que de aplicarse ese plan "se llegaría a un resultado contrario al pretendido por el propio Consejo" y los ciudadanos que han sido "víctimas de las cláusulas suelo abusivas" tendrían que "esperar cinco o seis años" desde la presentación de la demanda para tener una resolución por parte de dicho juzgado, especializado y "colapsado".

Por contra, añaden que las entidades bancarias podrían, una vez conocida la sentencia del Tribunal europeo, "demorar sin justificación alguna cinco o seis años la devolución de las cantidades cobradas indebidamente" a los perjudicados, con el "único pretexto de estar esperando que el juzgado o juzgados que están conociendo de los procedimientos, que se encontrarían colapsados por la aplicación de dicho plan, se pronuncien" en sentencia.

Los jueces apuntan que desde que se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE , en diciembre de 2016, ya habían tomado conciencia de que se iba a producir "una verdadera avalancha" de nuevos procedimientos, por lo que consideran que "resulta necesario que se adopten medidas que permitan a los juzgados dar una respuesta adecuada a los miles de consumidores que van a formular legítimamente sus demandas".

Así, para dar esa respuesta "adecuada" a la entrada "masiva" de demandas, los magistrados proponen al Consejo que cree "con carácter absolutamente temporal y exclusivamente durante el periodo de tiempo que dure la situación", juzgados de Primera Instancia bis, independientes de los ya existentes e integrados cada uno de ellos por seis funcionarios, al menos; por un letrado de la Administración de Justicia y un juez.

Estos juzgados, "que se crearían en número suficiente", dice el escrito, "exclusivamente conocerían de las demandas relativas a cláusulas suelo que a partir de junio de 2017 se presenten" en el Juzgado Decano de Málaga o en la provincia, en cuyo caso "el número creado tendría que ser mayor". "De esta forma se daría una respuesta adecuada a las reclamaciones que formulen las víctimas y no se colapsaría ningún juzgado ya existente", apostillan.

En el acuerdo, adoptado por unanimidad, se destacan algunos datos, como que los juzgados de Primera Instancia actuales "ya soportan, a pesar de que todavía no se ha producido la avalancha de nuevas demandas, una carga de trabajo absolutamente excesiva, desproporcionada y muy superior a la fijada por los módulos del Consejo". Por esto, el aumento de litigios previsto haría que la carga "resultase insoportable".

También aluden a la tramitación "compleja" de este tipo de procedimientos y señalan que en 2016 entre los 15 juzgados del área de Málaga con competencia se repartieron 1.134 demandas relativas a cláusulas suelo u otras, a lo que habría que sumar las de otros partidos judiciales de la provincia; calculando que ese número podría multiplicarse "al menos por cuatro". Además, en cada órgano tuvieron entrada más de 1.600 demandas sobre otras materias distintas.

Con esas cifras, consideran que "ningún órgano judicial puede soportar una carga de tales dimensiones" e insisten en que la aplicación del plan supondría que "para evitar que la avalancha o entrada masiva de nuevas demandas conlleve que la carga de trabajo para todos los juzgados de primera instancia resulte insoportable, se va a proceder a colapsar de forma prácticamente inmediata uno o varios de dichos juzgados", es decir, los que se especialicen.

Además, apuntan a que tendría otras consecuencias, como que el personal del juzgado concluiría que "todo el esfuerzo" desarrollado para dar una respuesta adecuada al ciudadano con una carga de trabajo "desproporcionada y excesiva" habría sido "absolutamente inútil"; y que las demandas "se acumularían sin ser tramitadas" y las audiencias previas y juicios se retrasarían.

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