MÁLAGA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez del caso 'Astapa', contra la presunta corrupción en la localidad malagueña de Estepona, considera que "no se acredita finalmente" a lo largo de los nueve años de instrucción del procedimiento que "hayan cometido hechos punibles" 18 investigados a los que ha levantado la imputación, añadiendo que "no se constatan indicios racionales que justifiquen" seguir con el proceso frente a ellos.
La decisión de archivar provisionalmente la causa respecto de estas 18 personas ya se les fue comunicando personalmente a algunos de ellos y desde este pasado jueves se les ha notificado por escrito en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el instructor dice compartir "plenamente la petición de sobreseimiento por parte de la Fiscalía Anticorrupción respecto de 16 investigados, haciendo mención aparte respecto a los otros dos.
En este caso, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" y "enriquecerse personalmente", según se desprende de lo actuado por parte de los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción. Una de las fuentes de ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos".
El ministerio público solicitó a principios de este mes de enero el sobreseimiento de la causa para 16 personas "toda vez que se avecina el final de la instrucción y no han quedado suficientemente acreditados los hechos o circunstancias en que se apoyaron las imputaciones".
Ahora el instructor dice que "una vez ya en la recta final del procedimiento hay que distinguir lo que son indicios racionales de criminalidad de conjeturas sobre la presunta participación en los hechos investigados", así como distinguir en estas personas "si realmente llegaron a obtener dinero o bienes" o "si tenían poder de decisión al respecto".
En este sentido, analizando cada uno de estos 18 investigados, concluye que "no se acredita finalmente que los mismos hayan cometido hechos punibles como los referidos".
Así, entre las personas que salen de la causa, tras pedirlo la acusación pública, se encuentra la que era directora del Área de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del que fuera presidente del Senado Javier Rojo, de la que dice que "no existe poder de la misma de decidir en última instancia"; y el ex secretario municipal José Gustavo Rubio.
Asimismo, quedan fuera del procedimiento los familiares del exalcalde Antonio Barrientos que estaban investigados, entre ellos la madre; familiares de otro exedil, el que era responsable de los servicios jurídicos de Urbanismo, Andrés Flores y el exconcejal del PA y alcalde accidental en su momento, Rafael Montesinos.
En el auto, el instructor hace mención a dos personas, para las que el fiscal no pidió el archivo provisional de la causa pero para las que sí lo acuerda, como son el que fuera responsable de Urbanismo Rafael Duarte y el abogado Ignacio Pérez de Vargas.
Respecto a Duarte, el magistrado señala varios argumentos para sacarlo del proceso, como que él mismo puso de manifiesto "un funcionamiento en el ámbito del urbanismo que no compartía" y que no se constata ni una sola resolución injusta. Así, señala que "queda patente la honorabilidad de este investigado". Igual se manifiesta del letrado, apuntando que "no cabe otra solución por justicia material que entender no acreditado hecho delictivo alguno".
En el último mes se han sucedido en el juzgado las declaraciones ampliatorias de la mayoría de los investigados, entre ellos el propio Barrientos, que fue citado el día 1 de diciembre, por primera vez desde que fue detenido en 2008 y quien, tras su declaración durante diez horas, se mostró satisfecho por haber podido aclarar al juez todo lo que se le había preguntado.
Por otro lado, y tras solicitarlo el fiscal para "completar actuaciones pendientes acerca de los convenios presuntamente infravalorados", el instructor acordó el pasado mes de diciembre iniciar el procedimiento como investigados contra nuevas personas. En concreto, son seis los nuevos investigados, todos empresarios, con lo que el procedimiento contaría actualmente con 101 personas.
