Foto: EUROPA PRESS
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MÁLAGA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Manuel García Peláez, ha reiterado a los taxistas de Málaga capital que la aplicación de los acuerdos adoptados el pasado mes de febrero "requiere su tiempo" y una serie de "garantías jurídicas", por lo que les ha advertido de que "todo lo que se presione no va a servir para nada porque no vamos a avanzar más".
"Hay que tener todas las garantías jurídicas para que los decretos salgan de manera que nadie pueda recurrirlos y echarlos para atrás", ha manifestado este jueves García Peláez. Por ello, ha respetado el derecho a movilización de los taxistas, pero ha resaltado que "no vamos a poder modificar las fechas hasta no tener todas esas garantías".
García Peláez ha subrayado a los periodistas que "estamos cumpliendo los acuerdos", aunque ha admitido que no los plazos. "Estamos trabajando de una manera comprometida en buscar una solución a este tema --ha declarado--, de modo que sirva para los ciudadanos y dé garantías a todos los taxistas de la provincia de Málaga y, en algunos casos, también de Andalucía".
"DIFICULTADES" CON LOS AYUNTAMIENTOS
Respecto al área de prestación conjunta para el área de influencia del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, el delegado ha apuntado que se contrató a una consultora, que ha elaborado una serie de estudios, entrevistándose, además, con los diferentes ayuntamientos para darles a conocer la propuesta. Ha reconocido que hay dificultades con los consistorios porque "no están colaborando"; aunque ha asegurado "seguimos en la idea de contar con ellos".
Mientras tanto, se está trabajando también para "tener garantías jurídicas" en lo que se refiere a la aplicación de la reciprocidad modulada, paso previo al área de prestación conjunta y que requiere introducir una medida transitoria en el decreto 11/85. Existe, de hecho, un documento, que necesita el visto bueno de los servicios jurídicos de la Junta, según ha matizado.
La aplicación de este principio, por un plazo de dos años revisable, permitiría a los taxistas de la capital la recogida precontratada de viajeros en aquellos municipios cuyos profesionales presten servicio en el aeropuerto, el puerto y la estación de trenes María Zambrano.
INTRUSISMO
En cuanto a las medidas para evitar el intrusismo, el acuerdo contemplaba dos medidas. Así, ha precisado que se está trabajando en un decreto ley para inmovilizar en el acto aquellos vehículos no provistos de autorización en el aeropuerto, lo que requiere la modificación del artículo 45 de la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
Ya existe un documento y, "en cuanto cumpla todas las garantías jurídicas", será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, alertando, no obstante, de que "no es un tema baladí". De hecho, ha señalado que sólo existe una experiencia similar, en Mallorca, y, para garantizar la viabilidad en el caso de Málaga, se ha querido conocer su desarrollo.
Sobre el control telemático de la entrada de vehículos precontratados en el aeropuerto, ha informado de que hace dos días se reunió con la dirección del recinto aeroportuario, dándole un último borrador, ya que, según ha explicado, se necesitan una serie de garantías para poder actuar.
Se está, por tanto, a la espera de que Aena responda en los próximos días a este documento y si da el visto bueno, se licitará la obra, que ya cuenta con el correspondiente presupuesto por parte de la Administración regional.
TAXISTAS
Por su parte, los taxistas de Málaga capital tienen previsto reunirse el 29 de septiembre para analizar la situación en la que se encuentran estos acuerdos, especialmente el relativo al principio de reciprocidad modulada. De hecho, si la Junta no les da una fecha concreta para su aplicación, han insistido en que no descartan convocar movilizaciones.
Ante el conflicto generado por el reparto de la clientela del aeropuerto entre los profesionales de la capital y los de la provincia, los primeros exigen también a la Junta una fecha concreta para aplicar el control de la precontratación mediante un sistema de registro en los accesos al recinto aeroportuario para entrar a un espacio único autorizado para vehículos precontratados.
