MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reclamado un marco fiscal que preserve la inversión pública y la generación de empleo, asegurando que las normas de estabilidad no pueden suponer un límite a la creación de puestos de trabajo.
Por ello, ha abogado por "simplificar el funcionamiento del actual marco fiscal", mediante una reforma que tenga en cuenta las peculiaridades de un Estado descentralizado como el español. En este sentido, ha reclamado que la aplicación de la regla de gasto debe "salvaguardar" la inversión pública, mientras que a su vez el crecimiento del gasto tendría que considerar el reparto entre administraciones.
En Málaga, donde ha inaugurado las jornadas 'La necesaria reforma de las reglas fiscales', ha abogado por que las comunidades autónomas recuperen su espacio como administraciones prestadoras de servicios públicos y que "han sido utilizadas como una de las primeras herramientas para recortar el gasto".
Así, ha señalado que en este encuentro se abordarán las reglas de austeridad que se imponen desde la Unión Europea y cómo las aplica el Gobierno de España "y eso dificulta que la recuperación económica llegue a los servicios públicos, dificultando que llegue a las familias puesto que la incapacidad para poder invertir hace que se genere menos oportunidades de empleo".
Ha recordado que la Junta lleva ya unos meses solicitando una "flexibilización" de esas reglas fiscales de manera que el Gobierno explique "por qué reparte los esfuerzos del objetivo de déficit de una forma opaca, reservándose para sí la mayor parte y dándole a las comunidades autónomas que han sido ejemplares en el comportamiento del gasto publico menos capacidad". Esto, ha añadido, "hace que se dificulte la provisión de servicios tan importantes como sanidad, educación y dependencia".
La consejera ha señalado que la crisis económica ha demostrado que el Estado de bienestar es "imprescindible" para mantener la cohesión social y que además "es sostenible, siempre que exista voluntad política para acometer los cambios necesarios".
La estabilidad presupuestaria es un "instrumento" para favorecer la utilización responsable de la política fiscal "pero no el fin último de la acción pública", ha defendido Montero, quien ha incidido en que la responsabilidad de las comunidades autónomas "va mucho más allá de dar cumplimiento al principio de estabilidad".
La dirigente andaluza de Hacienda ha reivindicado una política a nivel europeo donde el euro sirva "para lograr un mayor crecimiento y más creación de empleo". Del mismo modo, ha apuntado a un cambio en las políticas nacionales basadas en una "constante" reducción del peso del gasto público en educación, sanidad y políticas sociales.
"UNA NECESIDAD ACUCIANTE"
Montero ha destacado la oportunidad de estas jornadas, que reúnen a expertos y representantes autonómicos, ya que el rediseño y la aplicación de las reglas fiscales "se ha convertido en una necesidad acuciante" para las administraciones, tras "largos años de restricciones que han impedido que los poderes públicos cumplan con lo que la sociedad demanda".
De esta manera se ha referido al debate que actualmente está abierto en el seno de la Unión Europea sobre la necesidad de modificar las reglas fiscales. Asimismo, ha criticado el "pensamiento dominante" en las instituciones comunitarias que impusieron un modelo basado en una "estricta disciplina fiscal y que se ha traducido en una pérdida de autonomía financiera de las administraciones territoriales".
La consejera ha hecho un llamamiento a "aprender de los errores" para poner "los cimientos de un nuevo paradigma que sea asumido por todos". A su juicio, se debe propiciar una "estrategia de crecimiento" que genere empleos, elevando salario y renta para las familias, y que impulse la inversión pública productiva. Todo ello, sin renunciar a los objetivos de sostenibilidad financiera ya que, según ha defendido, "no hay mejor fórmula para reducir el endeudamiento que un mayor crecimiento económico".
Montero ha vinculado la adopción de cambios en la normativa de estabilidad estatal en paralelo al proceso de reforma del modelo de financiación autonómica que se acaba de iniciar. En este aspecto, ha apostado por reflexionar sobre cómo encajar, en el marco de la restricción presupuestaria, el crecimiento esperado de los gastos asociados a los servicios públicos fundamentales y las pensiones, así como cuál debe ser el reparto de los recursos entre los diferentes niveles de administración del modelo territorial español.
La consejera ha avanzado otras propuestas para una reforma que "debe renunciar a la unilateralidad y la rigidez" en la fijación de objetivos y la valoración del cumplimiento, siguiendo el ejemplo de la normativa europea que está diseñada para su aplicación atendiendo a las diferentes situaciones económicas y financieras de los Estados. Asimismo, ha reiterado su oposición al establecimiento de objetivos verticales de estabilidad "que provocan un sesgo de mayor exigencia para las comunidades que para Estado". En este punto ha coincidido con la posición de la AIRef que defiende un reparto horizontal.
Ha reclamado también una modificación de los límites de endeudamiento impuestos --13 por ciento del PIB para las CCAA y 60 por ciento para el conjunto de las administraciones públicas--, ya que son "completamente inalcanzables". También ha señalado la posibilidad de dotar un fondo de contingencia, similar al de reserva de la Seguridad Social, para que los ingresos que la regla de gasto no permita utilizar puedan acumularse para hacer frente a situaciones de crisis, una vez alcanzados los objetivos de deuda.
