MÁLAGA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la delegada territorial en Málaga de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda, han presentado este jueves el programa 'Emple@30+', un conjunto de medidas urgentes para impulsar el empleo entre la población de más de 30 años, en el que la Junta de Andalucía invertirá casi 15 millones de euros.
Ruiz Espejo ha explicado que este programa cuenta con un presupuesto de 106 millones de euros para toda la Comunidad, de los que 80 millones se destinarán a los ayuntamientos y, de estos, 14,98 millones irán a parar a la provincia para que se contraten desempleados malagueños mayores de 30 años.
Además, ha adelantado que el plan contempla una segunda línea de 26 millones que serán destinados a entidades sin ánimo de lucro en la Comunidad. En este caso, el reparto provincial tendrá lugar una vez se tengan todas las solicitudes entregadas.
El delegado ha destacado el esfuerzo que el Gobierno andaluz está realizando en medidas de estimulación económica a través de distintos planes y programas. "La Junta de Andalucía ha destinado 800 millones en los últimos meses a nuevas medidas orientadas al crecimiento económico y el empleo", ha precisado.
Según ha resaltado Rueda, "la nueva iniciativa se regula bajo la fórmula del decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Entre los datos que justifican la exigencia de esta actuación rápida destaca la alta incidencia del paro en este colectivo, integrado fundamentalmente por personas que trabajaban en el sector servicios (más del 50 por ciento) y la construcción (15,7 por ciento)".
Así, el programa 'Emple@30+' incluye dos grandes líneas de ayudas: la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, que facilitará contrataciones en proyectos de obras y servicios por parte de los ayuntamientos, y la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, para servicios de utilidad colectiva a cargo de entidades sin ánimo de lucro. Ambas estarán cofinanciadas con fondos europeos en un 80 por ciento.
Como personas destinatarias de las ayudas previstas, el decreto ley señala a todas aquellas de edad igual o superior a 30 años inscritas como demandantes laborales no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Dentro de este colectivo, se consideran prioritarias las beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad y las desempleadas de larga duración que han agotado la prestación por desempleo.
Asimismo, también son prioritarias las personas titulares del Bono de Empleo Joven que no formalizaron en su día un contrato de trabajo y que ahora tienen más de 30 años y las personas desempleadas de larga duración con dificultades para incorporarse por vez primera al mercado laboral o, en su caso, reincorporarse al mismo por su prolongada inactividad.
DOS LÍNEAS DE AYUDAS
La ayuda de Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo 30+ tiene como objetivo promover la contratación en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal. La Junta sufragará totalmente el coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de hasta seis meses de duración y preferentemente a jornada completa.
El programa repartirá las ayudas entre las localidades atendiendo a su peso poblacional y al porcentaje de desempleados de más de 30 años. Así, el 50 por ciento se reparte entre los municipios en función de esta tasa respecto del total de Andalucía y la mitad restante según la población. "No obstante, la Junta garantiza una ayuda mínima de 7.800 euros por municipio", han señalado.
Por su parte, la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, dotada con 26 millones, promoverá la contratación de personas desempleadas durante un máximo de seis meses por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro. En estos casos, la Junta concederá hasta un máximo de 200.000 euros por entidad para iniciativas que finalicen antes del 31 de mayo del próximo año.
Los criterios de valoración primarán el número de contratos, su jornada y el tipo de proyecto --con mayor puntuación para los relacionados con servicios sociales y atención a la dependencia--, así como la aportación financiera de la organización promotora.
Tanto en la línea de ayudas para los ayuntamientos como en la dirigida a entidades, tendrán preferencia los parados de larga duración --inscritos como demandantes al menos 12 meses ininterrumpidos, seis meses ininterrumpidos en el caso de los demandantes agrarios-- que estén empadronados en el municipio donde se desarrolle la actuación.
Los ayuntamientos y entes sociales beneficiarios deberán presentar sus solicitudes de proyectos ante el SAE en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la normativa aprobada, es decir, desde el 22 de julio hasta el 21 de septiembre.
