Junta dice que gestión de formación se suspendió por alarma infundada creada y que alimentó PP con "falsas acusaciones"

El degado territorial de Empleo en Málaga, Mariano Ruiz Araujo
JUNTA
Publicado 20/03/2018 19:00:54CET

MÁLAGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Economía Innovación Ciencia y Empleo en Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha rechazado las críticas del grupo municipal 'popular' en relación con las políticas de formación y empleo llevadas a cabo por el Gobierno andaluz y ha recordado que la gestión de la formación en Andalucía "se suspendió por la alarma infundada que se generó, que alimentó políticamente el PP con sus falsas acusaciones".

Ruiz Araujo ha valorado que "hoy la verdad se ha ido abriendo camino y una tras otras las investigaciones judiciales se han ido archivando", ha señalado, al tiempo que se ha preguntado "quién repara ahora el daño injusto hecho a honrados funcionarios y honestos servidores públicos".

"Andalucía es la única Comunidad Autónoma donde en lugar de perseguir a los posibles defraudadores, se ha iniciado una cacería contra la Administración competente en la ejecución de estas políticas públicas", ha lamentado, valorando que "Andalucía es la única Autonomía donde ha habido una comisión de investigación en el Parlamento, a pesar de que en otras Autonomías también han existido casos similares como en Galicia, donde el PP vetó la comisión de investigación", ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de Empleo.

Este martes el grupo del PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el pleno de este viernes en relación con las políticas activas de empleo en la que piden al Gobierno andaluz "un compromiso serio, estable y riguroso". Además, instan a la Junta a que en futuras convocatorias del programa de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio "garantice que el formato de solicitud de los mismos permita solicitar programas para colectivos preferentes, tal y como permite la normativa".

Al respecto, Ruiz Araujo ha recordado al PP que las "exigencias normativas" de esta convocatoria "se rigen por los cambios introducidos por la normativa del Estado, gracias a la aprobación por Decreto-Ley del Gobierno Mariano Rajoy del texto legal que posteriormente se convertiría en la Ley 30/2015, que regula la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral".

Así, ha añadido que, por tanto, "la exigencia de que lo que se programe sean especialidades del Catálogo Estatal de certificados de profesionalidad es una exigencia de Rajoy y la ministra de Empleo, Fátima Báñez".

Por otro lado, el delegado ha recordado que todos los procesos de adjudicación se rigen por concurrencia competitiva, "una vez más por exigencia de la legislación estatal", siendo por tanto las características de los proyectos presentados, junto con la baremación con criterios objetivos e iguales para todo el mundo, lo que define la adjudicación de los mismos.

EL GOBIERNO TARDA "DOS AÑOS" EN APROBAR EL DECRETO

En este punto, ha criticado que el Ministerio de Empleo "ha tardado dos años en aprobar el Real Decreto 694/2017 de desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, quedando pendiente en este caso concreto una Orden Ministerial que actualice los programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.

"La actual Orden vigente es del año 2001, lo que genera una enorme inseguridad jurídica a las entidades participantes en las convocatorias, así como a las Comunidades Autónomas en la gestión de estos proyectos", ha lamentado Ruiz Araujo.

CONCURRENCIA

Por otro lado, se ha referido a la exigencia de que los Ayuntamientos para concurrir tengan que ser entidades de formación homologadas, teniendo acreditadas sus instalaciones para impartir la formación que se programe, de acuerdo con la normativa de cada certificado de profesionalidad, y ha precisado que "es una vez más una exigencia de la normativa del Estado que la Comunidad Autónoma no tiene capacidad de modificar".

Por todo ello, el delegado territorial de Economía Innovación Ciencia y Empleo en Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha recomendado al PP en el Ayuntamiento que "le pidan cuentas a Rajoy y a Fátima Báñez".

LA CÓNSULA

Por otro lado, sobre La Cónsula, sobre la que el PP en su moción piden de nuevo la apertura del restaurante, el delegado ha recordado que la escuela de hostelería "se ha integrado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en un difícil proceso de disolución del Consorcio que la gestionaba entre Junta y Ayuntamiento".

Ha valorado que el proceso se ha realizado de acuerdo con el propio Ayuntamiento, que formaba parte del Consejo Rector, "sin destruir empleo público y preservando la gestión pública de esta institución de formación de excelencia, cumpliendo fielmente todas las observaciones de la intervención y la legalidad en este proceso".

Es más, ha hecho hincapié en que "hoy la Escuela de Hostelería de Málaga es un centro de excelencia de formación para el empleo, que forma parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, mediante la gestión directa por parte del Servicio Andaluz de Empleo, lo que garantiza la estabilidad y la seguridad de su futuro, sin duda prometedor".

Por último, ha recordado que el restaurante como aula de prácticas está funcionando "cada día" para cumplir esta función dentro del proyecto formativo, "habiendo aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el establecimiento de precios públicos para abrirlo en breve al público como un plus en su oferta formativa".

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