MÁLAGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, ha asegurado que el plan puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las cláusulas suelo, por el que todas las demandas recaerán en un sólo juzgado por provincia, "crea un problema que afecta a la Administración de Justicia y a la ciudadanía y sólo beneficia a las entidades financieras"; por lo que ha pedido al órgano de gobierno de los jueces que "rectifique".
En su primera visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga este jueves desde que fue nombrada consejera para reunirse con operadores jurídicos, Aguilar ha reiterado, en declaraciones a los periodistas, que la Junta está "en contra de la decisión que ha tomado el Consejo" al respecto, al considerar "imposible" que un sólo juzgado se pueda hacer cargo de todas las demandas que se presenten.
Así, ha indicado que por ejemplo en Málaga se han interpuesto ya más de 1.000 demandas y, aunque ha apuntado que "hay previstos siete refuerzos para ese juzgado por parte de la Junta de Andalucía, el problema no está en los refuerzos, sino en la decisión que ha adoptado el CGPJ que yo espero que en septiembre rectifique".
"Con esta decisión se está afectando negativamente a los ciudadanos que están ejerciendo sus derechos y que por el volumen de demandas que se van a producir van a tener que esperar mucho tiempo para que sean resueltas", ha manifestado la consejera, quien, además, ha dicho que "se pone una mirada innecesaria en la Administración de Justicia porque con un sólo juzgado es imposible responder".
Al respecto, ha incidido en que la responsabilidad "está en el CGPJ que tiene que saber que esta solución lo que crea es un problema importantísimo que afecta a la Administración de Justicia y a la ciudadanía y que sólo beneficia a las entidades financieras", por lo que ha reiterado que "tiene que rectificar y revisar su decisión".
Al respecto, ha instado a que el Consejo arbitre una nueva decisión "que esté fundamentada en escuchar a las comunidades autónomas, a los operadores jurídicos, a quienes conforman la Administración de Justicia y al propio Ministerio porque nadie está de acuerdo con lo que ha hecho y le toca saber que no lleva a ninguna parte".
PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA
La consejera ha puesto de manifiesto que por parte de Andalucía "estamos exigiendo algo imprescindible que es un pacto de estado por la justicia, un gran acuerdo en el que Andalucía está dispuesta al diálogo y a la búsqueda de consenso". "Un gran acuerdo que haga que el Gobierno y las comunidades autónomas podamos encontrarnos junto con los operadores jurídicos y dar ese salto necesario", ha apuntado.
Para ello, ha indicado que el Gobierno andaluz está "dando los pasos necesarios" dentro de sus competencias, incidiendo en el "salto cualitativo importantísimo que vamos a dar en materia tecnológica en Andalucía".
Al respecto, ha indicado que está previsto invertir 30 millones de euros de fondos Feder en un nuevo sistema tecnológico, habiéndose ya licitado 20 millones, cuyas ofertas se están estudiando por parte de los técnicos, con lo que "la implementación e implantación de nuevas aplicaciones viene de camino y es uno de los pasos esenciales que hay que dar para mejorar sustancialmente".
Respecto a la posibilidad de desplazar salas de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Málaga y Sevilla, como piden ambas provincias, Aguilar ha indicado que "he puesto de manifiesto que la Junta de Andalucía ha dicho lo que tenía que decir y ahora la decisión está residenciada en el CGPJ". "No vamos a hablar nada más, sólo esperar a lo que decida el Consejo" ha señalado.
Ha apuntado que "no hay ningún cambio" en la postura de la Junta". "Nada más que decir, lo que se dijo en su momento es lo que se ha quedado puesto de manifiesto y a partir de ahí esperamos la resolución del Consejo General del Poder Judicial al respecto", ha insistido.
El Pleno del Parlamento andaluz aprobó en mayo una declaración institucional con la que exigía el "cumplimiento" del Estatuto de Autonomía en relación a la condición de la ciudad de Granada como "capital judicial" de Andalucía y en consecuencia, manifestaba su parecer favorable a que el Consejo, órgano competente al efecto, para que, respetando lo dispuesto en el artículo 4.2 del Estatuto de Autonomía, adopte las medidas necesarias para preservar ese mandato.
