CÓMPETA (MÁLAGA), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha instado a los ayuntamientos de los municipios en los que se han detectado construcciones en suelo no urbanizable que podrían regularizar su situación en virtud del decreto aprobado en 2012 por el Gobierno andaluz a "hacer la parte que les corresponde" para que dicha norma pueda adquirir plena vigencia.
Serrano ha visitado este jueves el municipio malagueño de Cómpeta, en la comarca de la Axarquía, una de las zonas de Andalucía que más se beneficiarían del decreto, puesto que la Junta identificó en ella más de 12.000 construcciones ilegales repartidas por 22 municipios, de las que unas 11.000 podrían acogerse a este texto para regularizar su situación.
En declaraciones a los periodistas, la consejera ha expresado su comprensión por la incertidumbre que la situación de estas edificaciones sigue generando entre sus propietarios y entre los propios alcaldes de los municipios afectados, aunque ha insistido en que la plena aplicación del decreto está en manos de los ayuntamientos.
"Los ayuntamientos tienen que hacer la parte que les corresponde de acuerdo con lo que dice ese decreto", ha reiterado Serrano, quien ha recordado que, dependiendo de su situación, las construcciones afectadas podrían incorporarse al planeamiento general, calificarse como hábitats rurales diseminados o tratarse bajo la figura del "asimilado fuera de ordenación", que sería la más común en la Axarquía.
En cualquier caso, ha insistido en que para acogerse a alguna de estas clasificaciones los ayuntamientos deben elaborar primero el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o la declaración de que es innecesario. "Una vez que los ayuntamientos acometan esa parte de su trabajo que les corresponde, es cuando podrá darse la plena vigencia de ese decreto", ha aseverado.
Serrano ha dejado claro que la Junta está "a disposición de los ayuntamientos y de los alcaldes" para "ayudarlos a solucionar esta problemática, que es compleja y difícil", y ha asegurado que se está estudiando la normativa urbanística de la Consejería "para ver cómo se puede aplicar el decreto y desplegar toda su fuerza".
Así, ha considerado que el citado decreto "es una norma viva, que tiene dos años de vigencia", y se ha mostrado dispuesta a "ver en qué la podemos mejorar o estudiar cómo complementarla para que a los alcaldes y a los ayuntamientos les sirva".
No obstante, ha puntualizado que las competencias en materia de disciplina urbanística "las tienen los ayuntamientos", por lo que, aunque desde la Consejería "supervisamos que se cumpla la legalidad y la normativa", son los consistorios "los que tienen que vigilar que no haya edificaciones en el no urbanizable y que no se incumpla la norma urbanística".
