Juzgan al exalcalde de Canillas de Albaida por la concesión de licencia para una vivienda ilegal

 

Juzgan al exalcalde de Canillas de Albaida por la concesión de licencia para una vivienda ilegal

Publicado 28/05/2017 11:36:02CET

MÁLAGA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga tiene previsto celebrar este lunes día 29 un juicio contra el exalcalde de la localidad malagueña de Canillas de Albaida Antonio Gregorio Díaz y otras cuatro personas por la concesión en 2008 de la licencia para la construcción de una vivienda residencial en suelo no urbanizable.

Según las conclusiones provisionales presentadas en su día por el fiscal, uno de los acusados tenía una finca improductiva de secano en un paraje de dicha localidad, en el límite con el Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, suelo clasificado como no urbanizable, complejo serrano de interés ambiental.

En 2004, relata el ministerio público en su escrito inicial, al que ha tenido acceso Europa Press, con el fin de "obtener rendimiento urbanístico de dicha parcela", vendió 2.700 metros cuadrados a otro acusado, "quien tenía la intención de construir en la misma una vivienda de carácter residencial", siendo promotor.

"Conscientes ambos de las dificultades para levantar este tipo de edificaciones en suelo no urbanizable, se concertaron", dice el fiscal, con otros dos acusados, el alcalde y un arquitecto técnico del Ayuntamiento, "resolviendo revestir de apariencia de legalidad como vivienda unifamiliar relacionada con un fin agrícola".

No obstante, precisa la acusación pública, "todos conocían que sería una vivienda puramente residencial, sin servidumbre agrícola de ningún tipo". Así, se redactó el proyecto de actuación y la solicitud fue admitida, emitiendo el entonces arquitecto municipal un informe favorable, aunque no la Junta.

Ante esto, se encargó otro informe a otro arquitecto, "sin saber éste para qué se iba a utilizar, negando con simplezas las objeciones del órgano autonómico", según la calificación fiscal, que considera que el propietario inicial de la parcela era "el verdadero promotor de facto de la obra".

Ese segundo dictamen fue incorporado en el expediente del proyecto de actuación, que fue aprobado en pleno en julio de 2007. En agosto de 2008, el entonces alcalde concedió la licencia, siendo informada favorablemente por el arquitecto técnico, "todo ello a sabiendas de la finalidad exclusivamente residencial de la obra", dice el fiscal.

El promotor, se indica por parte del ministerio público, recibió advertencias por parte del redactor del proyecto de la cercanía de la finca al parque natural y del estado de la finca, "totalmente improductiva y en la que no se había llevado a cabo transformación agrícola alguna", al tiempo que le pidió que parase la obra.

El Seprona de la Guardia Civil descubrió las supuestas irregularidades en noviembre de 2009 cuando la vivienda, de 180 metros cuadrados, se encontraba en fase de construcción, constatándose que en la finca "tan solo había 19 olivos en estado de abandono y no existía sistema de riego", indica el escrito.

Las actuaciones estaban siendo ejecutadas por el último de los acusados, como constructor, quien "era plenamente consciente de que las obras no se ajustaban al proyecto ilegalmente autorizado por licencia, sino a los planos que iba proporcionando" uno de los promotores, asegura la Fiscalía.

El fiscal acusa al exalcalde de dos delitos contra la ordenación del territorio, al igual que al promotor, al propietario inicial de la parcela y al arquitecto técnico del Ayuntamiento, solicitando para cada uno de ellos la pena de dos años y medio de prisión; mientras que sólo achaca un delito de este mismo tipo al constructor.

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