Los liquidadores del CIOMijas piden a la Junta que ordene "con urgencia" el pago a los trabajadores

 

Los liquidadores del CIOMijas piden a la Junta que ordene "con urgencia" el pago a los trabajadores

Publicado 10/06/2017 19:46:04CET

MÁLAGA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los liquidadores del CIOMijas, ubicado en dicha localidad malagueña, han solicitado a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía que "ordene el pago de la cantidades adeudas a los trabajadores", que son 33 nóminas, "con urgencia".

Así lo han asegurado a través de un comunicado, en el que han apuntado que también se ha solicitado el abono de las facturas de la luz, el agua y el importe del contrato del servicio de seguridad.

Estas peticiones las basan fundamentalmente, han explicado, "en la Memoria justificativa de la necesidad de asumir por parte de la Dirección General de Formacion Profesional para el Empleo los gastos necesarios para garantizar la integridad de los activos de CIOMijas, en tanto se culmina su proceso de liquidación para integrarlo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mediante la cesión global de sus activos y pasivos, elaborada por el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel García, el pasado 25 de mayo".

En esa memoria, han precisado, se afirma que "dado que el proceso de transición de los consorcios al SAE no está exento de complejidad y dificultades, es necesario atender los gastos necesarios, urgentes e imprescindibles que resultan perentorios y cuya ejecución no puede demorarse a la aceptación de la cesión global, para garantizar la integridad de los activos, así como el buen fin del propio proceso".

Asimismo, según los liquidadores, se añade en la memoria que como consecuencia de esta situación, "se hace necesario asumir por parte de la Dirección General los gastos necesarios, urgentes e imprescindibles que resultan perentorios, no pudiendo demorarse a la aceptación de la cesión para asegurar el buen fin del proceso de cesión global durante el periodo que queda para concluir esta operación que se estima en tres meses".

Para tal fin, han indicado, el director general de Formación Profesional para el Empleo "reconoce que existe una partida en el presupuesto de la Dirección General correspondiente al ejercicio 2017, en el capítulo IV, 445.02, aportación a los consorcios de FPE en liquidación, con un importe total de 11.812.661 euros".

También se reconoce en la memoria, han apuntado, "que existen pronunciamientos judiciales de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaran la responsabilidad subsidiaria de los integrantes del consorcio".

A esto hay que añadir que "los liquidadores trasladaron a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio un informe poniendo de manifiesto que en razón del régimen jurídico de la cesión global de activos y pasivos y de la insuficiencia de Tesorería (liquidez), el consorcio no podría hacer frente a ninguna obligación dineraria ni pasivo corriente --salarios de personal, servicios y suministros, cotizaciones sociales, impuestos, gastos de funcionamiento, etcétera--.

El órgano de liquidación del CIOMijas ha comunicado a los juzgados de lo Social "la imposibilidad de hacer frente a las cantidades a cuyo pago ha sido condenado y se ha allanado a las demandas que están en tramité o pendientes de juicio".

Así, "en virtud del pronunciamiento de la Sala de lo Social del TSJA --sentencia de 22 de marzo de 2017--, y con base en las consideraciones de la citada memoria", los liquidadores entienden que "el pago de salarios debidos a los trabajadores, que es su derecho más básico, es un gasto necesario, imprescindible y que debe ser atendido con urgencia, por cuanto acumulan ya 33 nóminas impagadas".

Por eso, han solicitado al director General de Formación Profesional para el Empleo "que ordene el pago de la cantidades adeudas a los trabajadores del CIOMijas".

"Si hasta ahora no había ninguna razón jurídica para no pagar los salarios de los empleados, después de la memoria citada, menos aun", han apuntado en el comunicado, preguntándose si "acaso necesita la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que un juez le diga que tiene que pagar los salarios de unos trabajadores que pertenecen al sector público andaluz".

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