Ocho acusados por corrupción urbanística en Alcaucín aceptan los hechos

 
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Ocho acusados por corrupción urbanística en Alcaucín aceptan los hechos

Juicio caso 'Arcos' con 48 acusados
EUROPA PRESS
Actualizado 07/11/2016 16:07:23 CET

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha comenzado este lunes el juicio al exalcalde de la localidad malagueña de Alcaucín José Manuel Martín Alba y otras 47 personas por el caso 'Arcos', contra la supuesta corrupción urbanística en dicho municipio. Ocho procesados han mostrado su conformidad con los hechos por los que son acusados.

Entre los procesados que han mostrado su conformidad con la acusación, tras modificaciones en cuanto a la pena y los tipos delictivos, se encuentra el exsecretario municipal, acusado por delitos de falsedad; y las dos hijas del exalcalde, procesadas por blanqueo de capitales.

El acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y las defensas supone una rebaja de las penas de prisión y multa solicitadas inicialmente para estos procesados en delitos de falsedad, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

Asimismo, las defensas han comenzado a exponer sus cuestiones previas, en las que han alegado prescripción de delitos y acusación sorpresiva, instando por ello a la nulidad.

En el caso de la defensa de Martín Alba, ha alegado la prescripción de 54 delitos, además de argumentar que los hechos están más cerca del campo administrativo. Asimismo, en cuanto a la falsedad, ha señalado que la máxima intervención de Martín Alba habría consistido en dar el visto bueno al documento redactado por el secretario.

También ha señalado que su cliente ha debido defenderse por hechos conocidos en julio de 2013 y no ha podido ser oído en relación con once delitos relativos a falsedad documental, delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística y falsedad y otro más de falsedad en documento oficial; instando a la nulidad de varios autos del caso, así como de escuchas.

Además, una defensa ha señalado que existen "miles" de folios de la causa que están sin escanear, lo que les limita a la hora de plantear las cuestiones previas, por lo que ha pedido que se presente una queja a la Consejería de Justicia, que, según ha dicho, es la responsable de dichas tareas. Al respecto, la Sala ha indicado que se reiterará la petición de escaneo.

La vista oral, que seguirá este martes, tiene fijadas por el momento 64 sesiones que se prolongarán hasta septiembre de 2017. Se juzgan, entre otros, delitos de fraude, malversación, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y actividades prohibidas a funcionarios.

La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente para Martín Alba una pena de 226 años y medio de prisión y más de 730 años de inhabilitación para empleo o cargo público, según la calificación provisional, presentada en su momento, a la que tuvo acceso Europa Press.

La mayoría de los procesados en esta causa, investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, son empresarios dedicados a la promoción urbanística --en total 27 de los acusados--, aunque también están, además del exregidor, dos familiares de éste; seis funcionarios municipales o de la Diputación; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.

A Martín Alba se le acusa inicialmente, según la calificación, de los delitos de fraude, falsedad, falsedad en documento oficial, cohecho, blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación o prevaricación urbanística.

A pesar de los múltiples delitos por los que se acusa a varios procesados y la suma de los años, en la calificación consta que habrá que tener en cuenta el límite máximo de cumplimiento establecido en el Código Penal, que no podrá exceder de 20 años.

La primera fase de la operación policial se llevó a cabo en febrero de 2009 y se detuvo a Martín Alba y al exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora, para el que piden más de 110 años de prisión y 144 de inhabilitación para empleo o cargo público, al acusarlo de delitos de falsedad, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsificación y actividades prohibidas a funcionarios.

LOS HECHOS

El escrito de Anticorrupción contiene un relato fáctico ordenado en 121 epígrafes, siguiendo un orden cronológico, y en el que se describen hechos sucedidos desde 1999.

Las pruebas, dice le fiscal, proceden de los registros en febrero de 2009 en el Ayuntamiento, en el Servicio de Arquitectura de la Diputación, en un estudio de arquitectura de la capital y en un despacho de abogados de Alcaucín. Más adelante, se analizaron las bases de datos del Catastro y se practicó, ya en 2012, nuevos registros en la Gerencia Territorial del Catastro y en el Patronato Provincial de Recaudación.

Según consta en las conclusiones iniciales del fiscal, Martín Alba, durante la segunda mitad de su mandato, que fue de 1991 a 2009, "coincidiendo con el periodo de mayor auge urbanístico y con una creciente demanda de suelos urbanizables que escaseaban" en este y otros municipios, "aprovechó la ausencia de controles eficaces para desempeñar esos cargos a su antojo, prescindiendo de la norma urbanística cada vez que le convenía".

También operó, a través de otras personas, como intermediario o corredor de fincas, "obteniendo importantes ingresos económicos, siendo ese el origen de parte de los 240.000 euros de cuentas corrientes y productos financieros y de los 160.000 euros en billetes que escondía en su domicilio bajo un colchón", que fueron intervenidos en el registro de su domicilio.

La Fiscalía sostiene que se "multiplicaron" las infracciones urbanísticas y que el Ayuntamiento no sólo hizo "dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que trató de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable", que no prosperaron por las nuevas normas supramunicipales con las que la Junta de Andalucía neutralizó el riesgo de crecimiento incontrolado.

Así, para el ministerio público, "proliferaron las construcciones clandestinas", por un lado a base de viviendas unifamiliares en suelos rústicos, partiendo de parcelaciones "prohibidas" en la legislación; por otro mediante bloques de apartamentos en las zonas adyacentes a núcleos de población, que "sistemáticamente" se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable, con un resultado "caótico".

También se aprovecharon "fallos del sistema", destacando "tanto los numerosos informes técnicos sin ningún control de la Diputación para encubrir infracciones urbanísticas de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro, siempre gracias a la colaboración de funcionarios". En esta última modalidad, "se aprovechaban supuestas fisuras que permitían introducir en las bases edificaciones que no existían en la realidad".

Unas veces, apunta Anticorrupción, eran viviendas diseminadas que todavía no estaban construidas y que sin embargo ya tributaban en el Impuesto de Bienes Inmuebles; y otras con la "fraudulenta" inserción de casas en ruinas susceptibles de rehabilitación, "que tampoco respondían a la realidad". En muchos casos el resultado fue "la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico".

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