MÁLAGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha solicitado una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, suspensión de un año y seis meses de prisión para el alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), por la concesión presuntamente irregular de la Caseta Municipal a un empresario por 3.600 euros.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, el alcalde cedió en junio de 2005 el uso de dichas instalaciones para el desarrollo de actividades durante el periodo que duraba la feria de San Juan, desde el 22 al 26 de ese mes, otorgamiento "frontalmente contrario a las disposiciones legales en la materia y ordenanza municipal".
Así, el acusado contrató directamente con el empresario "firmando un acuerdo que adolecía de oferta pública y de valoración de los servicios técnicos municipales sobre el importe de la tasa", que se fijó "de manera bilateral entre el alcalde y el empresario" en la suma de 3.600 euros, según se señala en el escrito inicial de la acusación.
El ministerio público indica que esto "permitiría que no se ingresara en las arcas municipales" dicha cantidad "al establecer un modo de abono irregular", en concreto en tickets para consumiciones en el bar de la caseta "de los que dispondría el señor Villanova", indica el documento, al igual que la otra acusada, Isabel F., concejala de Fiestas.
"Ello supuso que el municipio se haya visto privado de dicha cantidad que ha de tildarse de dinero público en cuanto sería la compensación, tasa o canon por la utilización del dominio público local", es decir, la Caseta Municipal, concluye el fiscal que acusa al alcalde de los delitos de prevaricación y malversación y la otra acusada sólo de malversación.
Así, por el primer delito, solicita para el regidor siete años de inhabilitación; mientras que por el segundo pide para cada uno de los procesados seis meses de cárcel, multa de 1.800 euros y suspensión para cargo público por un año. Además, solicita que los acusados reintegren al Ayuntamiento la cantidad de 3.600 euros que supuestamente se fijó.
