MÁLAGA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en la próxima comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad en la que instan a la Junta a que, desde las competencias que le corresponden respecto a la inspección y sanción de los operadores de arrendamiento de vehículos con conductor, VTC, se inicien "las actuaciones y procedimientos necesarios para la elaboración de un plan de inspección de los servicios o actividades de dichos operadores de transporte en Málaga".
En concreto, el objetivo de dicho plan es "sistematizar y determinar las líneas generales directrices de las operaciones de control de dichos servicios y actividades", según ha explicado la concejala de Movilidad, Elvira Maeso.
Asimismo, en la moción se incide en que la elaboración de la planificación de inspección "se lleve a efecto de forma coordinada con el Área de Movilidad y la Policía Local, con el objetivo de concretar la función de apoyo y colaboración de la Policía Local con la Inspección de Transporte de la Junta de Andalucía".
Maeso ha explicado a Europa Press que en los últimos tiempos "hemos podido constatar en todo el territorio nacional el legítimo interés del sector del taxi en la inspección y vigilancia de la actividad de transporte de determinados operadores que realizan la misma ilegalmente, desprovistos de autorización para transportes de viajeros, tal y como exige la legislación de ordenación de los transportes terrestres".
En este sentido, ha recordado que, si bien la actividad de transporte sin autorización se efectúa por distintos métodos, en Andalucía, el Decreto-Ley 17/2014, de 23 de diciembre de la Consejería de Fomento y Vivienda "sirvió de punto de partida para que el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, oficiara un procedimiento para que la Policía Local actúe para la inmovilización y retirada al depósito municipal de aquellos vehículos sin autorización que realizaran actividades de transportes".
Ante ello, las citadas "actividades ilegales", ha señalado la concejala, "son denunciadas, reteniendo la documentación del vehículo en el que se desarrollan y el denunciado no recupera el mismo en tanto no se abone el importe de 1.380 euros de la sanción y demás gastos, como los de depósito, aplicables".
En concreto, hasta la fecha se han inmovilizado y depositado cerca de 40 vehículos "piratas", con imposición de sanción correspondiente, gracias, ha incidido, "a la estrecha colaboración" de la Policía Local con la Oficina Municipal del Taxi y el apoyo del sector del taxi.
No obstante, ha señalado que también el sector del taxi se ha dirigido a las distintas administraciones en demanda concreta de medidas de inspección y sanción hacia los operadores de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, que disponen de las autorizaciones VTC que son otorgadas por las Administraciones Autonómicas, según lo previsto en la legislación de ordenación de los transportes terrestres.
Ello, según ha precisado, "consecuencia del aumento del número de autorizaciones de funcionamiento, de las modificaciones normativas y amparados en las ventajas que proporciona la tecnología para la puesta en relación de oferta y demanda, han incrementado exponencialmente el número de servicios realizados, en ocasiones vulnerando la legislación que les resulta aplicable".
Maeso ha explicado que desde el Ayuntamiento, el Área de Movilidad se dirigió en mayo del pasado año a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda expresándole que, a pesar de que la competencia autonómica para la inspección y sanción de unos operadores cuya autorización VTC es otorgada por la propia Junta, "este Ayuntamiento trasladaba su disposición a prestar una función de apoyo y colaboración, a través de la Policía Local, tal como prevé el artículo 35.6 de la mencionada Ley 2/2003, siguiendo, a tal efecto, la planificación que para la inspección correspondiente establezca la Consejería de Fomento y Vivienda".
Ha precisado, en este sentido, que aunque ha existido en junio de 2016 una reunión inicial con la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda para planificar dentro de Málaga capital la colaboración entre Inspección de Transporte y Policía Local, desde entonces "se ha interrumpido una tarea que debe perseguir el aumento de la eficacia de la función inspectora de la Junta, a través de la elaboración de un Plan de Inspección que dote a las actuaciones inspectoras de un carácter sistemático y determine las líneas generales directrices de las operaciones de control de los servicios o actividades desarrolladas por los operadores con autorización de arrendamiento de vehículos con conductor, VTC".
"Tal y como establece la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la elaboración de la planificación mencionada debiera llevarse a efecto de forma coordinada con el Área de Movilidad y la Policía Local, en desarrollo de la función de apoyo y colaboración con la Inspección de Transporte que prevé el artículo 35.6 de la mencionada Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transporte Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía", ha explicado.
