El PP critica que la Junta "tarda" un año en valorar la discapacidad en Málaga y "hasta dos" en revisar el grado

 Marivi Romero, Joaquín Pérez Y Ruth Sarabia
PP
Publicado 02/03/2018 14:13:17CET

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Política Económica, Institucional y Sectores Productivos del PP de Málaga, Joaquín Pérez, ha criticado este viernes "la saturación que sufre el centro de valoración y orientación de la discapacidad de Málaga", dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, "al acumular retrasos de entre diez meses y un año para valorar a un usuario por primera vez, y esperas de entre año y medio y dos años para revisar el grado".

Así lo ha señalado junto a la parlamentaria andaluza Mariví Romero y la vicesecretaria de Acción Social, Ruth Sarabia, al tiempo que ha lamentado que "el Gobierno andaluz da la espalda a las políticas sociales, cuadruplicando el tiempo medio de espera para una valoración que debería realizarse en tres meses", ha destacado.

También ha explicado que "Málaga suma un total de 123.611 personas con alguna capacidad reconocida, según los datos de la propia Administración andaluza a 31 de enero de 2018, liderando el número de usuarios valorados en la comunidad y situándose por encima de Sevilla, con 119.107, pero dispone de la ratio de personal más baja de toda la comunidad autónoma", ha manifestado.

"Este retraso se debe a que hay un 25 por ciento de la plantilla que no está cubierta", ha advertido, precisando que "si bien el personal existente trabaja a destajo y con una gran profesionalidad, no puede sacar adelante la carga de trabajo".

Al respecto, ha señalado que "esta dejadez supone consecuencias negativas y pérdidas de oportunidades para los afectados en materias como el acceso a las cuotas de vivienda y empleo reservadas a personas con discapacidad, además de poner en peligro la solicitud de deducciones fiscales, ayudas por la compra de un vehículo adaptado, en el IRPF o las transmisiones patrimoniales, e incluso para acceder al bono social de cualquier suministro eléctrico", ha lamentado.

De igual modo, el coordinador 'popular', que ha calificado el plan de mejora de los centros de valoración 2014-2016 de la Junta como "papel mojado y postureo" y ha criticado que "el Gobierno andaluz se da golpes de pecho al decir que defiende a los más vulnerables de la sociedad, pero los datos demuestran que les da de lado".

En este punto, ha recordado que "el 9,5 por ciento de la población andaluza presenta algún tipo de discapacidad y más de la mitad de estas personas tienen más de 65 años, de manera que el 22 por ciento de los hogares de nuestra región tiene a una persona con discapacidad, de los que el 57 por ciento manifiesta dificultad en el acceso y la movilidad en el inmueble", ha especificado.

EXPLICACIONES EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

Por su parte, la portavoz de Personas con Discapacidad del PP-A y vicepresidenta de la Comisión de Igualdad y Política Social en el Parlamento andaluz, Mariví Romero, ha anunciado que el Grupo Popular registrará una Proposición No de Ley (PNL) "para instar a la Junta a resolver en el plazo de tres meses tanto el reconocimiento de la discapacidad como la revisión del grado", alegando que "el primero es la puerta de entrada al sistema para poder acceder a las ayudas".

Romero ha justificado este "retraso en el hecho de que esta valoración conlleva una serie de prestaciones vinculadas con la Ley de Dependencia que el Gobierno andaluz no es capaz de afrontar por falta de presupuesto", apuntando que "en la iniciativa parlamentaria reclamaremos más equipos de valoración, ya que los que hay trabajan al máximo pero no dan abasto, así como que se mejoren las instalaciones, empezando las más saturadas, como las de Málaga".

"Pediremos a la consejera del ramo una comparecencia para que dé cuenta del plan de mejora 2014-16 y explique por qué no está dotado presupuestariamente", ha incidido, al tiempo que ha afirmado que "le preguntaremos cuál es el grado de retraso en cada provincia, para que ella misma lo ratifique y pueda poner fin a este despropósito en la atención a las personas más necesitadas de la sociedad".

En relación con la falta de recursos, Romero ha informado de que "Andalucía oferta únicamente nueve asistentes personales este 2018, según datos de la propia Administración regional, frente a los 5.200 del País Vasco", calificando esta comparativa como "vergonzosa".

Por su parte, la vicesecretaria de Acción Social del PP de Málaga, Ruth Sarabia, se ha hecho eco de la denuncia de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, indicando que "el centro de valoración lleva diez años sin incrementar una sola plaza de personal, pese a haber triplicado el número de usuarios", ha criticado.

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