El PSOE exige más seguridad en el campo malagueño ante los robos y critica las exigencias y el coste de seguros privados

Campo aguacates intervenidos
EUROPA PRESS/PN - Archivo
Publicado 01/04/2018 11:50:35CET

MÁLAGA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para exigir al Ejecutivo central que incremente la seguridad en el medio rural ante el aumento de robos y hurtos. Además, ha criticado las exigencias que muchas aseguradoras imponen a los agricultores a la hora de formalizar seguros, lo que lleva a que, en ocasiones, no puedan suscribirlos.

En la pregunta realizada por el socialista, recuerda que los agricultores y ganaderos malagueños "están soportando" durante los últimos años robos, hurtos y saqueos en sus explotaciones; sin embargo, desde 2012 denuncia que se ha reducido la plantilla de la Guardia Civil especialmente en el medio rural. En el caso de Málaga, ha caído un cinco por ciento, pasando de 2.113 agentes en el año 2011 a 2.012 el pasado ejercicio, puntualiza.

Según el PSOE, en la pregunta consultada por Europa Press, hay cada vez más grupos organizados que se dedican a la sustracción de productos agrícolas así como de materiales de las instalaciones y explotaciones agrarias. "Es imprescindible mejorar la seguridad y, especialmente la de los ciudadanos en el medio rural, y de explotaciones e instalaciones agrarias y ganaderas que por lo general se encuentran en grandes extensiones de terreno", sostiene.

Este tipo de lugares tienen características singulares que los hacen "vulnerables" al estar normalmente dispersos, en zonas despobladas y sin medidas de seguridad. En ocasiones, asimismo, se ubican lejos de vías de comunicación.

Heredia lamenta que no haya estadísticas oficiales y rigurosas sobre el incremento de robos puesto que el Ejecutivo "remite a la página web del Ministerio pero no facilitan información alguna sobre ese tema", en referencia al mundo rural. Así, son organizaciones agrarias, sindicatos y afectados los que muestran su preocupación por el aumento de robos, fundamentalmente en las comarcas de la Axarquía, Estepona y Valle del Guadalhorce.

COBERTURA DE LOS SEGUROS

La normativa legal que da cobertura a la política de seguros, que se contiene en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, no contempla entre los riesgos garantizables por el sistema de seguros agrarios, las pérdidas que para el agricultor se deriven de robos y hurtos.

El objetivo de dicha norma fue garantizar los daños de riesgos climáticos o naturales sobre las producciones agrarias y, desde 2010, como consecuencia de la modificación legislativa, incluida en la ley 3/2010, es posible también garantizar los daños derivados de dichos fenómenos naturales sobre instalaciones presentes en las parcelas.

Las compañías privadas ofertan, además de seguros agrarios, sin apoyo público alguno, la cobertura de este tipo de daños por lo que, en teoría, los agricultores "podrían recurrir a esas entidades para la cobertura de estas pérdidas". Sin embargo, el acceso real de los agricultores, especialmente los pequeños y medianos, "es cada vez más difícil por las condiciones que exigen las aseguradoras, y en muchas ocasiones impiden la contratación".

"Cuanto más se incrementan los robos y hurtos, el coste del seguro cada vez es más elevado y las condiciones contractuales están siendo endurecidas, lo que da lugar a que muchos agricultores no encuentren compañías dispuestas a formalizar un contrato", expone Heredia en su interpelación.

A su juicio, con la previa modificación de la Ley 87/1978, para dar cabida a este tipo de riesgos, sería posible incorporar estos riesgos al sistema de seguros agrarios "y ello constituiría un apoyo efectivo para la compensación de las pérdidas que pudieran sufrir en sus explotaciones" por dichos robos y hurtos.

SEGURIDAD PRIVADA

Productores de aguacates de la Axarquía incluso están recurriendo a la seguridad privada para evitar los robos. Por ejemplo, según el PSOE, las explotaciones de este fruto "se han convertido en pasto de los ladrones, con robos casi a diario de frutas", más aún, dado el precio de este producto, con 2,5 euros el kilogramo, y hasta tres los más grandes.

Otro caso es en Estepona, con muchos robos aunque no todos denuncian. Desde la Cooperativa Agrícola de esta localidad estiman que desde septiembre se han sustraído unos 10.000 kilos de aguacates, lo que supone pérdidas de 25.000 euros, más los daños por los destrozos ocasionados en las fincas.

En el Valle del Guadalhorce, en parcelas de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Álora y Pizarra están sufriendo robos de aguacates, pero también de limones, mandarinas y naranjas, "en plena recolección y cuyo valor de mercado era alto".

Estos robos afectan, en muchos casos, al 20 por ciento del total de la cosecha, especialmente en productos como mangos, aguacates, chirimoyas y aceitunas de mesa.

Pese a los planes específicos para determinadas modalidades delictivas, y el Roca, con medidas para mejorar la seguridad en el campo. Sin embargo, el diputado del PSOE sostiene que el PP ha puesto en marcha "una copia" del de los socialistas "pero no ofrecen datos sobre los efectos de dicho plan".

Por todo ello, la PNL insta al Gobierno a dotar de más recursos materiales y humanos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad en el medio rural, reforzar la investigación, potenciando la captación de información y elaboración de inteligencia específica; celebrar juntas de seguridad locales con una periodicidad suficiente para conocer la situación real; más interlocución entre los agentes y asociaciones, sindicatos agrarios, policías locales para facilitar la participación ciudadana.

Asimismo, reclama comunicaciones periódicas y sistemáticas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con propietarios de fincas y explotaciones ganaderas y agrícolas; más coordinación entre agentes de medio ambiente y forestales, modificar la ley 87/1978 para incorporar los riesgos al sistema de seguros agrarios así como planificar e intensificar inspecciones sobre establecimientos dedicados a la compra venta de objetos usados, en almazaras e industrias, o en empresas de gestión de recursos, etcétera.

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