Dos Sanitarios Atienden A Un Paciente En Un Hospital
EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA
Actualizado: domingo, 23 julio 2017 10:15

MÁLAGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga debatirá este próximo martes una moción del PSOE sobre la jornada de 35 horas en el sector público andaluz y reclamará que desde la institución malagueña se inste al Gobierno central a que no pida la medida de suspensión cautelar asociada a los recursos contra esta jornada laboral. En definitiva, que se impida que la aplicación de estas 35 horas se paralice.

Igualmente, en la moción, firmada por el portavoz socialista, Francisco Conejo, se reclamará al Ejecutivo que cumpla con lo manifestado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, relativa a incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) una modificación que permita aplicar estas 35 horas en todas las administraciones públicas.

Los socialistas han recordado que a través del Decreto Ley 5/2016 de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta, se acordó implantar las 35 horas. En la moción, consultada por Europa Press, Conejo recuerda que era una "prioridad" recuperar "los derechos suspendidos" para estos trabajadores por parte del Gobierno central.

Ha defendido que, para cumplir los acuerdos la Junta, consignó para los presupuestos de 2016 una subida salarial del uno por ciento y estableció que desde el 1 de enero el personal funcionario interino, estatutario, temporal, laboral temporal e indefinido no fijo recuperase el cien por cien de su jornada de trabajo y retribuciones, así como cobrase en la nómina de febrero la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria, y la paga adicional del complemento específico o importes equivalentes correspondientes a diciembre de 2012.

Tras recordar el trabajo del Gobierno andaluz para "recuperar derechos perdidos" por los empleados públicos, Conejo refleja que recuperar las 35 horas, implantada por la Junta en 1999 fruto de la negociación sindical, se ha incluido en un proceso de recuperación progresiva de todos los derechos que fueron suspendidos.

"Se da respuesta a las necesidades de este personal y a sus expectativas de profundizar en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y contribuye a la creación de empleo", ha subrayado, incidiendo en que el paro es, precisamente, "el principal problema que tiene la sociedad andaluza y todas las medidas y acciones que conduzcan a combatirlo deben considerarse prioritarias".

Conejo ha aludido a la decisión del Consejo de Ministros del 14 de julio de solicitar la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra el decreto ley de la Junta que regula las 35 horas semanales y otro contra la Ley del Presupuesto para 2017 que habilita la contratación de personal para reforzar la plantilla cuando sea necesario.

"Por parte del Gobierno ha habido posturas contradictorias", ha dicho, recordando las palabras del ministro Montoro en la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes "que intentará evitar la conflictividad en lo relativo al recurso interpuesto contra la medida de la Junta".

Para el también secretario de Política Institucional del PSOE-A, la recuperación de esta jornada es "una medida de justicia para los empleados que sufrieron importantes recortes en sus derechos con motivo de la crisis". Además, ha agregado, es una propuesta "eficiente" desde el punto de vista económico y que ha permitido nuevos contratos, con una previsión mínima de 7.000 empleos.

Por ello, la Junta ha reclamado que no solicite la suspensión cautelar para no alterar el funcionamiento de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma, recordando que de lo contrario había que adaptar de nuevo todos los turnos de trabajo diarios, especialmente en el sector sanitario.

Conejo ha recordado las competencias estatutarias de Andalucía y las atribuidas por el Estatuto Básico del Empleado Público para implantar esta medida, además de haber cumplido con sus obligaciones de estabilidad presupuestaria.

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