PSOE pedirá responsabilidades políticas por la "estafa" del proyecto Plaza Gastronomía

 

PSOE pedirá responsabilidades políticas por la "estafa" del proyecto Plaza Gastronomía

Francisco conejo miguel espinosa psoe diputación plaza de toros
EUROPA PRESS/PSOE
Actualizado 23/11/2015 18:22:09 CET

Los socialistas solicitarán que se rescinda la adjudicación de la plaza de toros a la empresa por incumplir el pliego de condiciones

MÁLAGA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha anunciado este lunes que el grupo socialista pedirá en el próximo pleno de la institución provincial responsabilidades políticas al PP por la "estafa" del proyecto Plaza Gastronomía en la plaza de toros de La Malagueta.

El dirigente socialista ha adelantado en rueda de prensa, acompañado por el diputado socialista Miguel Espinosa, que su grupo presentará una moción en el próximo pleno exigiendo una comisión de investigación para aclarar si algunos miembros del equipo de gobierno "se han saltado la ley a la torera" y que se rescinda la adjudicación de la gestión de la plaza de toros a la empresa actual, Coso de Badajoz, "por incumplir lo fijado en el pliego de condiciones".

Conejo ha llamado la atención sobre la existencia de un informe emitido en el mes de enero por los Servicios de Contratación de la institución provincial en el que advertía de la irregularidad de la instalación de la Plaza de la Gastronomía, ya que "no cumplía con lo estipulado en el pliego de condiciones que la Diputación realizó en su día para adjudicar la gestión de la plaza de toros al empresario".

"En marzo de 2015, Elías Bendodo inauguró el proyecto sin que la Diputación hubiera autorizado la instalación del mismo. Es muy grave que haya permitido que el proyecto se inaugurara y haya estado funcionando más de ocho meses sin tener la autorización", ha criticado.

En este sentido, Conejo ha denunciado que diferentes miembros del equipo de gobierno "han intentado regularizar una situación que a todas luces era imposible que se permitiera en función del pliego".

Así, ha criticado que el vicepresidente de la Diputación, Francisco Oblaré, y el diputado de Asuntos Taurinos en el anterior mandato, Jacobo Florido, "incluso llegaran a aprobar que la Plaza de la Gastronomía se llegara a instalar con el subterfugio del programa cultural estable".

"Bajo la excusa de un programa cultural estable, el señor Oblaré llegó a votar a favor en la Comisión de Seguimiento de la gestión de la plaza de toros para permitir la instalación de este proyecto y el señor Jacobo Florido firmó la propuesta para elevarla a la Junta de Gobierno y permitir la instalación de la Plaza de la Gastronomía aunque no la cesión a terceros", ha dicho.

Por ello, ha lamentado que "dos diputados querían regularizar la situación cuando ya en enero había un informe contundente del Servicio de Contratación de la Diputación Provincial que señalaba que no se podía ni ceder a terceros los puestos de La Plaza de la Gastronomía ni siquiera se podía permitir la programación cultural estable que quería llevar a cabo el adjudicatario".

CONSECUENCIAS

Conejo ha asegurado que esto "ha tenido consecuencias para más de una decena de empresarios que decidieron invertir importantes cantidades económicas para habilitar puestos comerciales en esta Plaza de la Gastronomía".

"Empresarios que llegaron a pagar 20.000 euros de canon por la gestión de estos puestos y alquileres en torno a los 1.000 o 2.000 euros mensuales. Y a estos empresarios se les había transmitido por parte de la empresa adjudicataria que contaban con todos los permisos y autorizaciones. Ahora han descubierto que fueron engañados", ha recordado.

En este sentido, ha calificado el proyecto de "tomadura de pelo" y "estafa". "No tenía las autorizaciones ni de la Diputación Provincial ni, al parecer, de la Junta de Andalucía, que tenía que autorizar el proyecto por ubicarse en un Bien de Interés Cultural (BIC)", ha señalado.

En paralelo, ha adelantado que los socialistas van a pedir al equipo de gobierno en la Diputación que colaboren con los empresarios a la hora de emprender las acciones legales contra la empresa adjudicataria.

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