MÁLAGA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha retirado la acusación a tres procesados en el caso 'Majestic', sobre la presunta corrupción urbanística en Casares (Málaga), y ha rebajado la pena solicitada al principio del juicio para el resto de los acusados, entre ellos el exalcalde Juan Sánchez, para que el ahora se pide 15 años y medio de cárcel, frente a los 18 años iniciales.
La Sección Novena de la Audiencia de Málaga acoge este juicio que comenzó con el exregidor y otras ocho personas acusadas, entre ellas la esposa del anterior, tres exediles y el responsable de la sociedad que llevó a cabo la promoción denominada Majestic. La vista oral se encuentra ya en trámite de informes finales y son seis los procesados que siguen en el procedimiento.
En el trámite de conclusiones definitivas, el fiscal ha retirado la acusación respecto de dos exediles, que son Antonia Morera y Rosario Loring, y del que fuera secretario municipal Fernando Gallego, que serán absueltos en la sentencia. Además, ha modificado algunos tipos delictivos, retirado un delito de prevaricación y rebajado la petición de pena para el resto de los procesados.
Así, al exregidor se le acusa ahora de los delitos de fraude en la contratación, malversación, prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de capitales; por los que se pide un total de 15 años y medio de prisión, multa de 1,2 millones de euros e inhabilitación. Para la mujer de éste, solicita tres años de cárcel y multa de 600.000 euros por blanqueo de capitales.
En el caso del promotor, se le acusa de fraude en la contratación, malversación de caudales, prevaricación y cohecho, solicitando ahora 12 años y medio de cárcel, frente a los 15 y medio de antes. En cuanto a un asesor externo, se le acusa del delito de prevaricación urbanística, aunque se rebaja la pena de un año y medio a un año de cárcel, ocurriendo lo mismo para el que era edil de Urbanismo.
Al último acusado, quien supuestamente vendió cupones premiados al exalcalde y su mujer, se le acusa por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, solicitando cuatro años y medio de cárcel. El fiscal ha pedido que se deduzca testimonio respecto a cuatro testigos que, según ha dicho, "han mentido" cuando declararon sobre estos boletos.
Como indemnización, en sus conclusiones definitivas, presentadas este miércoles a la Sala y a las defensas, y a las que tuvo acceso Europa Press, el ministerio público solicita que tanto el exregidor como el promotor paguen al Ayuntamiento la cantidad de 352.282 euros por los supuestos perjuicios patrimoniales originados.
La acusación sostiene que a través de dos sociedades se impulsó la promoción denominada 'Majestic', sobre el sector urbanístico del mismo nombre, y, para ello, se firmó un convenio y "se articularon un total de cinco modificaciones urbanísticas".
El fiscal señala en sus conclusiones definitivas que en octubre de 2000, el entonces alcalde y el promotor negociaron la firma de un convenio teniendo ambos "pleno conocimiento de que era perjudicial para el municipio y que, de materializarse jurídicamente a través de las correspondientes modificaciones urbanísticas, detraería ilícitamente valor patrimonial que pertenecía a Casares".
Considera que las actuaciones urbanísticas se realizaron "con una omisión burda de la legalidad", siendo Sánchez y el entonces responsable de Urbanismo los que "controlaron y gestionaron de modo exclusivo todas las actuaciones en materia de urbanismo". Además, el exregidor "ordenó que no se abonase" el dinero de la licencia previamente a ser entregadas.
"Entre los años 2000 y 2006, Juan Sánchez ejerció sus funciones públicas como alcalde de Casares en claro beneficio del grupo Majestic, ignorando o desatendiendo las legítimas pretensiones de otros propietarios", dice el fiscal.
Para la Fiscalía Anticorrupción, los responsables de las sociedades promotoras abonaron al exalcalde "diversas cantidades de dinero, nunca inferiores a 286.200 euros", con el fin de "obtener un trato preferente por parte en todas las actuaciones urbanísticas que proyectaron". Señala que para dar apariencia legal a los fondos, supuestamente, se valió de sociedades interpuestas.
Además, según considera la acusación, el matrimonio compró a otro acusado, que había resultado agraciado con diez cupones de lotería, cinco de éstos "por un importe superior al valor del premio" con lo que lograron dar "apariencia legal a la cantidad de 165.000 euros".
En cuanto a la retirada de acusación, en la calificación definitiva, entiende que las dos exediles "carecieron del más elemental conocimiento de las actuaciones urbanísticas hasta el punto de que no se puede considerar que se colocaran en una situación de ignorancia deliberada". En este sentido, dice que ambas "simplemente tuvieron una ignorancia absoluta sobre los manejos de Juan Sánchez".
