MÁLAGA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Málaga continuará este lunes el juicio al exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y tres ex cargos municipales por supuestas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento para determinados servicios de asesoramiento por valor de 400.000 euros, entre ellos a una letrada vinculada al despacho del abogado José María del Nido, también acusada.
Las supuestas irregularidades fueron detectadas en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que analizaba las sociedades municipales de Marbella, entre ellas Control de Servicios Locales, a través de la que se hicieron estas contrataciones. De ahí, salió el denominado caso 'Minutas', por el que cumple condena Del Nido, y también esta pieza separada que ahora se juzga.
El juicio, que comenzó el pasado 13 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, se encuentra en su fase final, es decir, en la que las partes presentan sus conclusiones definitivas y comienzan los informes finales. Además de la sesión de este lunes, hay prevista otra, que sería la última, para el día 2 del próximo mes de mayo, según han apuntado fuentes judiciales.
En el escrito de acusación inicial, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción en Málaga precisa que todos los informes de fiscalización sobre el Ayuntamiento aludían a "la insuficiencia de los controles económicos y financieros", lo que "facilitó" que la gestión se trasladara a la sociedades municipales y se "eludieran los requisitos legales" para el uso de fondos públicos.
Según el fiscal, en relación con el pago de las minutas desde dicha sociedad "no existió control previo desde la Intervención municipal". "Durante este periodo, por expresa voluntad de los alcaldes Jesús Gil y Julián Muñoz y con el apoyo de los respectivos concejales de Hacienda --dos acusados en la causa--, el pleno no tuvo información ni ejerció control alguno", se indica.
En la sociedad Control de Servicios Locales, Muñoz y otro acusado eran miembros del consejo de administración y estos, dice el ministerio público, "lejos de advertir las evidentes contravenciones de la normativa legal aplicable, consintieron y colaboraron conscientemente en el mantenimiento de esa anómala situación que causó el quebranto de fondos públicos".
En marzo de 2000, la sociedad amplió su objeto social a la prestación de servicios de asesoramiento jurídico a otras mercantiles y al Ayuntamiento, para lo que la letrada colaboradora del despacho de Del Nido, acusada en esta causa, "firmó fraudulentamente un contrato de arrendamiento de servicios profesionales, como facilitador de los pagos que recibiría mensualmente".
Según las conclusiones provisionales del fiscal, "no consta que la letrada realizara trabajo de asesoría jurídica alguno para la sociedad municipal durante la vigencia de dicho contrato ni con anterioridad", sino que colaboró junto a Del Nido en relación con la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, representando "intereses contrapuestos".
En este caso, se emitieron facturas estandarizadas desde 2000 a 2003 por una cantidad total de 218.695 euros. Pero, según señala la acusación pública en su escrito provisional, se realizaron otras contrataciones de la misma forma, en concreto de un bufete de abogados cuyo responsable ha fallecido, al igual que un economista también contratado, haciendo una cuantía de más de 420.000 euros.
Así, inicialmente, se acusa a Muñoz, a los excargos municipales y a la letrada por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales, añadiendo en el caso de la abogada el delito de falsedad en documento mercantil. Se solicita ocho años de prisión para los exresponsables municipales y nueve años para la acusada.
DECLARACIONES
En su declaración en el juicio, el exalcalde insistió en la idea de que todo el control del Ayuntamiento marbellí lo tenía Jesús Gil, que "no firmaba ni el carné de identidad", reiterando que él actuaba por mandato del exregidor. "Menos la pena de muerte mía, lo firmaba todo", ha asegurado Muñoz, señalando que era "el tonto" y el que "me he comido el marrón".
Muñoz incidió en que Gil le cogió para firmar, "daba igual un acta de defunción que un convenio de 700 millones de pisos", y apuntó que en la sociedad municipal que gestionó dichos pagos a los asesores legales era el presidente, pero "nunca ejercí como tal ni controlé la sociedad, era un puesto político, como se dice ahora".
La letrada acusada, por su parte, se mostró arrepentida de su actuación y reconoció los hechos, aunque se expresó en disconforme con la pena pedida por las acusaciones, apuntando que ya ha restituido el dinero que recibió. Aseguró que ella no negoció su contrato con nadie del Ayuntamiento y que recibía indicaciones sobre qué tarea hacer de Del Nido, que declaró como testigo.
Del Nido, que declaró desde la cárcel por videoconferencia, dijo que la contratación de la letrada se realizó "por indicación de Jesús Gil", con quien él mismo negoció todo. "Yo la recomendé y yo hablé con Gil de sus honorarios profesionales", señaló.
Los demás acusados, que son Modesto Perodia, condenado también por el caso 'Minutas' y que era secretario de la sociedad municipal a través de la que se hacían los pagos; y los exediles de Hacienda Alberto García y Antonio Luque, coincidieron con Muñoz en destacar el control que tenía Gil en todo, incluido los pagos, apuntando que no hubieran firmado ni ordenado nada con reparo del interventor.
