Los trabajadores del CIOMijas temen perder el empleo

Alumnos en CIOMijas
EUROPA PRESS/CIOMIJAS
Publicado 10/05/2017 18:06:39CET

MÁLAGA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del CIOMijas, a quienes se les adeuda 32 nóminas, han señalado que "hemos sabido que ni siquiera nuestro puesto de trabajo está asegurado", ya que, como han explicado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), "contiene una disposición adicional, la 27, que prohíbe a cualquier administración pública incorporar personal proveniente, entre otros organismos, de consorcios, a partir de la entrada en vigor de las cuentas". Además, han exigido ya una solución.

Por ello, a través de un comunicado, han señalado que de ser así, "no sólo nos veríamos en la calle mientras nuestros compañeros de los otros diez Consorcios andaluces ya están integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)", sino que, además, "una Ley andaluza de 2015 aprobada por unanimidad se convertiría en papel mojado".

En este sentido, han vuelto a exigir a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "que finalice de una vez el proceso de nuestra incorporación al SAE" y han pedido también "que cumpla las sentencias firmes que obligan al pago de lo que se nos debe".

Además, "y en previsión de que sus actuales ocupaciones --de Díaz-- le sigan impidiendo hacer su trabajo de ejecutar las leyes que aprueba el Parlamento y las resoluciones de los tribunales de justicia de nuestra tierra", los trabajadores del CIOMijas han informado que se van a dirigir a PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

En concreto, van a pedir que "o bien modifiquen la disposición adicional 27 de los PGE o al menos añadan una disposición transitoria para que la entrada en vigor de esa norma no interrumpa procesos legales ya en curso, pues de otro modo tendría carácter retroactivo, lo que sería ilegal".

Por otro lado, los trabajadores del CIOMijas han presentado una querella dirigida contra cinco responsables de la Junta, que han figurado en el Consejo general u órgano de dirección del Consorcio, por considerar que la situación que llevan viviendo desde hace más de dos años constituyen varios delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social.

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