Están inicialmente imputados los exediles Isabel García Marcos y José Jaén, junto a otras seis personas
MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) ha acordado seguir por los trámites de la Ley del Jurado la instrucción de una causa que fue separada del caso 'Malaya', contra la presunta corrupción en la localidad marbellí, en la que están acusados los exediles socialistas de dicho municipio Isabel García Marcos y José Jaén, junto a otras seis personas.
En un auto, dictado en diciembre del pasado año, el magistrado de dicho juzgado acordó incoar procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado y convocó a las partes a una comparecencia el 27 de enero pasado. Según fuentes judiciales, tras dicha vista, se ha acordado, en una resolución del 6 de febrero, seguir los trámites por dicho procedimiento.
Esta causa se inició en julio de 2007 tras separarse del caso 'Malaya' y, además de García Marcos y Jaén, provisionalmente están imputados los cónyuges de ambos y otras cuatro personas. Se investigan supuestos delitos de cohecho y delito de actividad profesional o asesoramiento prohibido en relación con una sociedad limitada, que se vincula a los imputados.
Así, según se precisa en un auto en el que se acuerda iniciar el procedimiento de Jurado, de las diligencias practicadas hasta ahora se desprende de forma indiciaria que ambos exediles, siendo tenientes de alcalde y miembros de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Marbella "habrían realizado a cambio de dinero una labor de asesoramiento incompatible con esa función pública".
En la resolución se indica que, presuntamente, esto se habría llevado a cabo a través de la sociedad Icaria SL, constituida en marzo de 2005 y supuestamente participada por los cónyuges de los exediles, quienes, "aprovechando su privilegiada condición" de concejales "llevaban a cabo una labor de mediación, asesoramiento, gestión y negociación con empresarios privados".
Se añade en el auto, al que tuvo acceso Europa Press, que la supuesta finalidad era "procurarles, a cambio de dinero, las actuaciones necesarias para conseguir el buen fin de los proyectos empresariales que los precitados empresarios pretendían". La causa se inició por el trámite de procedimiento abreviado, aunque el fiscal instó a que se adaptara a la Ley del Jurado.
Así, se considera que procede la tramitación de esta forma atendiendo "a la extensión de la competencia del Tribunal del Jurado a los delitos conexos cuando el objetivo principal del reo hubiera sido presuntamente cometer un delito competencia del Tribunal del Jurado como, a priori, acontecería en la presente causa", ya que el supuesto delito de cohecho "atraería la competencia".