El alcalde de Almogía dice que las licencias tenían informes favorables de los técnicos

Actualizado 25/11/2009 17:21:48 CET

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almogía (Málaga), Cristóbal Torreblanca, declaró hoy como imputado ante la jueza de Instrucción número 12 de la capital, dentro del caso por presuntas irregularidades en el urbanismo de dicho municipio, y defendió que las licencias urbanísticas otorgadas contaban "con informes favorables del arquitecto y del secretario municipal".

Torreblanca, que estuvo en el juzgado algo más de una hora y media, se ratificó en su declaración anterior realizada ante la Guardia Civil, quien le imputó inicialmente los delitos de falsedad en documento público y prevaricación urbanística, cargos que, tras su comparecencia, mantiene.

Afirmó que se le preguntó por ocho licencias en hábitat rural y diseminado y también para reforma de viviendas y se hizo mención a documentos que emitía la Policía Local sobre la antigüedad de éstas, asegurando que "hasta ahora hacía un informe, pero también un arquitecto externo, que luego hacía el proyecto de obra, presentaba su documentación".

El regidor dijo estar "totalmente tranquilo" y, cuestionado por su situación política, respondió que no dejará por ahora la Alcaldía porque "no hay nada raro, como dije, y aquí estamos". "Estaba tranquilo antes y sigo estando tranquilo porque como se han hecho las cosas, creo que se han hecho bien", apostilló.

Preguntado por el origen de esta investigación, Torreblanca apuntó, en declaraciones a los periodistas a la salida del juzgado, que hay "denuncias particulares", añadiendo la posibilidad de que existan "intereses económicos y alguna mala fe o mala idea", aunque no quiso precisar más.

Por su parte, el abogado del alcalde, José Carlos Aguilera, confió en que estás diligencias "se archiven", asegurando que "mal puede hablarse de prevaricación urbanística en ocho expedientes cuando las licencias, todas sin excepción, cuentan con informes del arquitecto y del secretario municipal favorables".

Respecto al delito de falsedad, explicó que la Guardia Civil sostiene que "hay una certificación que expide el secretario que, según la Policía judicial, era falsa, en la que el alcalde se limita a poner el visto bueno, que sólo significa que están dando a entender que el secretario es el secretario de la Corporación".

DEFENSA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

El letrado señaló que "primero está por ver que las licencias no sean correctas" y señaló que, "aunque pudiera haber indicios de un ilícito administrativo y que alguna no cumpliera alguna cosita, eso no significa que sea delito". No obstante, aseveró que en todo caso el lugar en el que debería debatirse este asunto sería un tribunal administrativo.

Indicó que no se debe "criminalizar" el fenómeno urbanístico y lamentó que "casos como el de Almogía y otro municipios están provocando en sus gentes mucha inquietud, desazón e intranquilidad muchas veces de manera absolutamente injustificada". "Es como si todo lo malo que se haya hecho en la provincia está en sus pueblos del interior", precisó.

Aseguró que ante la construcción de una edificación en el campo, bien sin licencia o sin ajustarse a las condiciones urbanísticas, "no podemos recurrir sistemáticamente como primera medida a un procedimiento penal", algo que, en su opinión, "está pasando y hay que corregir".

"No se trata de que no se persigan los delitos", puntualizó el letrado, quien dijo que "cuando se reacciona frente a una resolución urbanística que pudiera ser no ajustada a derecho con el Código Penal se están utilizando mecanismos impropios", asegurando que el derecho administrativo ofrece fórmulas "suficientes para atajar ese tipo de situaciones".

Aguilera consideró que "hemos pasado del blanco al negro y ya no existe la jurisdicción administrativo, sino que la primera medida es el proceso penal". "Estamos equivocándonos de lugar, no son los juzgados de lo penal o de instrucción donde deben debatirse esos asuntos, tiene que ser la vía administrativa, los expedientes sancionadores, en todo caso el juzgado contencioso", concluyó.

Para el día de hoy estaban citadas, además, otras seis personas, entre ellas dos ediles del Ayuntamiento de Almogía y dos policías locales.

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