Juez acuerda apertura de juicio oral contra Muñoz, Del Nido y otras 15 personas por caso 'Minutas'

 

Juez acuerda apertura de juicio oral contra Muñoz, Del Nido y otras 15 personas por caso 'Minutas'

Actualizado 20/07/2009 23:15:33 CET

MÁLAGA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) ha ordenado la apertura del juicio oral contra el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, el abogado José María del Nido y otras 15 personas por el denominado caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos hechos al letrado por parte del Consistorio de Marbella.

A través de un auto, el juez que ha instruido la causa declara a la Audiencia Provincial de Málaga como órgano competente para el conocimiento y enjuiciamiento, en virtud de las penas solicitadas; y, además, requiere a los acusados para que en un plazo de 30 días presten fianza para asegurar las responsabilidades, tanto pecuniarias como civiles.

Asimismo, mediante dicha resolución, contra la que no cabe recurso y a la que tuvo acceso Europa Press, se cita a los acusados para el próximo lunes día 27 de julio para notificarles personalmente el auto. El juez no acuerda la apertura de juicio oral contra el ex edil Francisco Javier Lendínez, sobre el que existen órdenes de detención y personación, puesto que se encuentra en ignorado paradero.

Este auto se dicta después de haber formulado escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento de Marbella, personado como acusación particular. Faltan que las defensas presenten sus correspondientes escritos.

En función de las conclusiones provisionales presentadas por las acusaciones, el juez acuerda que se celebre juicio contra Julián Muñoz por siete delitos, como son asociación ilícita, prevaricación de forma continuada, fraude, malversación continuada, delitos societarios, dos de ellos por administración desleal; y malversación de uso de bienes muebles o inmuebles.

En lo que respecta a Del Nido, los delitos son asociación ilícita, como autor, prevaricación de forma continuada, fraude, malversación, delitos societarios, malversación de uso, falsedad documental y de documento privado y deslealtad profesional, algunos de ellos como cooperador necesario.

En el caso de Roca, se ordena apertura de juicio oral por fraude; y en el de los ex ediles Rafael González y Marisa Alcalá, por prevaricación cometido por miembro de órgano colegiado y por malversación. Para los ex concejales José Luis Fernández Garrosa y Alberto García Muñoz, el juicio se abrirá por el mismo delito de prevaricación que los anteriores. En el caso de Tomás Reñones, el delito es también malversación.

En lo que respecta al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, los delitos son asociación ilícita, junto a Muñoz, Del Nido, Modesto Perodia, Víctor Cohen y Antonio Calleja; falsedad en documento público, prevaricación y malversación, ambos de forma continuada. También está acusada la abogada y entonces pareja del presidente del Sevilla, para quien se abre juicio oral por cuatro delitos.

ANTECEDENTES

El instructor acordó a principios del pasado mes de junio seguir la causa, pasando de diligencias previas a procedimiento abreviado, iniciada a raíz de la querella interpuesta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción tras analizar varios informes de fiscalización del Consistorio de Marbella realizados por el Tribunal de Cuentas.

El fiscal pidió inicialmente para Muñoz 14 años de prisión y 48 de inhabilitación, tanto absoluta como para empleo o cargo público; aunque el juez le indicó, en otra resolución, que no se concretaba la pena por los delitos societarios, por lo que la petición de pena de cárcel sería superior.

Para Del Nido solicitó 12 años y medio de prisión, inhabilitación para ejercer como abogado durante cuatro años, además de inhabilitación especial para desempeño de cargos de administración o representación de sociedades durante siete años y para empleo o cargo público durante 17 años.

El fiscal señalaba en sus conclusiones provisionales que de las investigaciones se desprende que la contratación de los servicios profesionales de Del Nido "estuvo basada única y exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, "sin que para dicha designación o para la asignación de cada uno de los servicios concretos y ejercicio de acciones se iniciare el preceptivo expediente o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal".

"Su actuación como asesor jurídico se basó en la decisión unilateral y arbitraria del alcalde referido quien le designó de hecho como jefe de los servicios jurídicos de la Corporación sin sujeción al ordenamiento jurídico, con la deliberada intención de impedir los controles legalmente establecidos", explicaba el escrito de la Fiscalía.

No obstante, se indicaba que el alcalde accidental, Julián Muñoz, que habitual y formalmente presidía y participaba en las juntas de Gobierno Local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de las acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente". "De ese modo se actuó por la vía de hecho", apuntaba.

De esta forma se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales". Se señalaba que en este comportamiento "despatrimonializador" se unieron "bajo el mando y control del fallecido Jesús Gil y Gil, en un primer nivel dirigente, los acusados Julián Muñoz y José María del Nido, apoyados y asesorados en todo momento por un buen conocedor del funcionamiento de las sociedades municipales, el acusado Modesto Perodia".

El fiscal manifestaba en su escrito que a partir de la moción de censura de agosto de 2003, que provocó que Marisol Yagüe ocupara la Alcaldía en lugar de Muñoz; y una vez que se excluyó a Del Nido como asesor municipal, "el coste anual por los servicios externos de asistencia y asesoramiento jurídico descendió en un 62 por ciento". Así, en concepto de responsabilidad civil se tendrá que indemnizar al Ayuntamiento con más de 1,8 millones de euros.

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