El presidente del Parlamento andaluz respalda "afianzar sin excepciones la cultura de la legalidad en entidades y administraciones"
CÓRDOBA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de profesionales de toda España, entre ellos abogados, economistas, auditores, titulados mercantiles, administradores concursales, administradores judiciales y también directivos, administradores sociales y asesores de pymes, asisten este jueves y viernes en Córdoba al I Congreso Nacional de Prevención de Delitos e Insolvencia de la Pyme, organizado por 'Aula Jurídica' y 'Fundación Ipredi', con el fin de completar y actualizar su formación específica en prevención de delitos e insolvencias.
Dicho congreso lo han inaugurado el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán; el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba y director académico del Congreso, Antonio Fuentes; la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán, y el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja.
En este sentido, Durán ha considerado "imprescindible" que "las empresas se preocupen no solo de su facturación, sino también de la transparencia y el mantenimiento de un buen gobierno corporativo" y que "el compromiso de afianzar sin excepciones la cultura de la legalidad en las empresas, entidades privadas y en las administraciones públicas debe ser de todos".
Y es que, según ha agregado, "cuanta más luz y más transparencia haya en todos los contratos, subvenciones y ayudas, cuanta más transparencia tengan las actuaciones de cualquier organismo o administración va a ser mucho más difícil que se puedan llevar a cabo malas prácticas y será un elemento esencial para fortalecer dichas administraciones y la democracia en su conjunto", ha dicho el presidente, quien ha rechazado "las malas prácticas que han supuesto un desprestigio y un lastre para la democracia".
En su intervención, el presidente del Parlamento ha recordado que, con la introducción del régimen de responsabilidad penal a las personas jurídicas en España, por Ley 1/2015, "todas las empresas deben contar con un programa de cumplimiento normativo o de prevención que establezca buenas prácticas en materia de gestión de posibles delitos, teniendo bajo control el riesgo penal, y que sea proporcional al volumen de su actividad, naturaleza y proceso productivo".
Durán ha señalado que entiende "la preocupación" que tienen por esta reforma legal las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99% del tejido empresarial, son el "auténtico motor" de la economía andaluza y tienen "un papel fundamental" en el crecimiento de la comunidad autónoma.
"AVANCES" EN ANDALUCÍA
Según ha expuesto, "los ciudadanos exigen rendición de cuentas en el ámbito empresarial e institucional" y, en este sentido, Durán ha destacado "los avances" en Andalucía, con la aprobación, en el Parlamento que preside, de la Ley de Transparencia Pública, que "sentó las bases para el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía y las obligaciones de la Administración en torno a los datos abiertos, tanto para la transparencia como para la reutilización de la información del sector público".
De esta forma, ha declarado que "los andaluces pueden saber qué hacen las administraciones públicas con su dinero y qué hacen las empresas y entidades privadas con los fondos públicos que reciben".
También, ha recordado que desde hace años la Cámara andaluza trabaja en el programa 'Parlamento abierto', que incluye el Escaño 110, para favorecer la participación ciudadana, y el portal de la transparencia, que "sirve para que la ciudadanía pueda tener la información precisa del trabajo de los diputados y diputadas, sus retribuciones y declaraciones, sus agendas políticas, los contratos del Parlamento y todo lo referente a los servicios administrativos, además de la información detallada sobre el Presupuesto del Parlamento y su liquidación".
Asimismo, el presidente de la Cámara regional ha puesto en valor "el clima social, cada vez menos tolerante con ciertas conductas, reforzando el compromiso de actuar con ética, transparencia y evitar prácticas de corrupción, que, junto con el tráfico de influencias, el delito fiscal y el delito medio ambiental, son los riesgos penales que, según todos los estudios, más preocupan a las pymes de entre los 32 delitos recogidos en el Código Penal que afectan a las empresas".
Para "evitar consecuencias negativas para la imagen de una empresa y ganar la confianza de los clientes", Durán ha apuntado a "la necesidad de implantar programas como el 'compliance' en las pymes, que permitan detectar conductas delictivas y ordenar la información que tienen para incrementar su reputación", algo que es "un valor añadido para la empresa", ha resaltado.
"EL CAMBIO DE PARADIGMA"
Mientras, la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán, ha indicado que en 2010 se hizo una reforma del Código Penal que "introduce el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la normativa de la OCDE y Naciones Unidas", de forma que "se produjo un cambio de paradigma", puesto que "ahora ya no son las personas físicas los administradores o los empleados de las empresas, sino la propia empresa la que va a tener que asumir una responsabilidad penal derivada de los actos que haga en contra de la ley".
Este cambio de paradigma, ha explicado, "es un cambio de cultura que requiere un tiempo para asentarse". No obstante, ha valorado que la reforma que ha hecho el Gobierno en 2015 persigue "dar operatividad a ese principio que se introdujo en 2010", a lo que ha agregado que "no es una legislación punitiva o represiva, sino que pretende ser una legislación incentivadora de buenas prácticas".
Así, ha detallado que "si una empresa adopta un programa de 'compliance', en el caso de que un empleado cometa un delito, no va a ser atribuible a la persona jurídica, sino que va a ser una causa de exención de la responsabilidad penal, incluso si luego en la empresa no tenía ese programa de 'compliance', pero adopta medidas 'a posteriori' una vez que se descubren las irregularidades dentro de la empresa, puede ser también un factor de atenuación de la pena".
Ante ello, ha aseverado que "el objetivo es establecer reglas claras y seguras para todas las empresas y un marco de confianza para los inversores", de modo que "el entorno económico genere la previsibilidad y confianza para que se puede invertir en España".
Según ha citado, "los delitos más comunes pueden ser las insolvencias punibles, delitos relacionados con la contratación pública y las subvenciones", al tiempo que "hay que tener en cuenta dos piezas, no solamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino también las leyes de buen gobierno y transparencia que se adoptan en las administraciones públicas".
"LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"
Al hilo de ello, la subsecretaria de Justicia ha defendido que "lo que prevalece es el objetivo de la lucha contra la corrupción y el establecimiento de reglas claras y seguras para generar confianza en el mercado y en la actuación de las empresas".
En concreto, el objetivo del congreso es analizar, por un lado las novedades de la entrada en vigor de la reforma introducida en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, y por otro los acuerdos de refinanciación de la deuda empresarial de la Pyme, su homologación y la reestructuración de la compañía, dentro y fuera del ámbito concursal.
Así, se dan cita más de 50 ponentes y colaboradores de primer nivel, que desarrollan distintas áreas del Derecho, como el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Maza Martín o el fiscal del TS Manuel Jesús Dolz Lago. También asisten el presidente de la Audiencia Nacional (AN), José Ramón Navarro Miranda; el magistrado de la AN Eloy Velasco Núñez y los fiscales de la AN José Perals Calleja y Daniel Campos Navas, entre otros.
