SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
Los administradores de fincas pidieron a la Consejería de Vivienda que avale los créditos que deben ser concedidos a las comunidades de vecinos para poder cumplir las ordenanzas municipales en materia de Inspección Técnica de Edificios (ITE), que contempla la inspección de edificios antiguos de viviendas y la obligación de su reparación.
Fuentes del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas indicaron a Europa Press que todas las capitales de provincia debían aprobar una normativa municipal para desarrollar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en las principales ciudades, de forma que ya existen ordenanzas sobre el ITE en Sevilla y Málaga y se está preparando la normativa en Huelva y Córdoba.
Precisaron que en el caso de la ordenanza de Sevilla se establece la obligación de emitir un primer informe de inspección sobre los edificios con entre 50 y 75 años de antigüedad antes del 6 de noviembre de este año, lo cual puede suponer, mientras que ese primer informe se debe emitir antes de julio de 2011 para los edificios entre 25 y 50 años. Ambas revisiones pueden afectar, según las fuentes, "a más del 60 por ciento del parque inmobiliario de Sevilla".
En el caso de Málaga, la ordenanza, aprobada en 2006, apunta que la inspección deberá efectuarse cada 15 años para edificios de menos de 50 años de antigüedad y cada 10 años para edificios de 50 o más años de antigüedad.
Las fuentes, que agregaron que las revisiones se deben efectuar por aparejadores o arquitectos, explicaron que los ayuntamientos sólo se ocupan de dictar la correspondiente ordenanzas, exigir su cumplimiento y certificar la ejecución de las mismas, por lo que son las propias comunidades de vecinos las encargadas de buscar al técnico privado encargado de esa revisión, que deben remitir el informe a los consistorios.
Posteriormente las comunidades de vecinos deben pedir presupuesto de las actuaciones necesarias --cambio de contadores, pintar escaleras, reparación de desperfectos-- y tienen de plazo un número de meses limitado para efectuar esas mejoras. Posteriormente el técnico debe comprobar que se han ejecutado o no esas obras, y, en caso contrario, se arbitran las sanciones correspondientes.
En ese sentido, los administradores de fincas apuntaron que el problema se origina "cuando las comunidades de vecinos se encuentran con que no tienen recursos financieros suficientes para afrontar esas obras de carácter obligatorio", por lo que consideraron que en ese punto "es necesaria la aportación de las administraciones públicas".
Por ello, solicitaron a la Junta y a las administraciones locales que "sean conscientes de las dificultades y faciliten que los bancos y cajas financien a las comunidades de propietarios en estas obras, para cumplir la ITE".
"Las comunidades de vecinos, al no tener personalidad jurídica, tienen más problemas para conseguir créditos, por lo que la Junta podría convenir con determinadas entidades financieras el aval a esos créditos para que las comunidades de propietarios puedan recibir esos créditos y afrontar las obras de mejora", aseveraron.
