Admiten a trámite recursos de profesores contra las órdenes que regulan el currículo de ESO y Bachillerato

 
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Admiten a trámite recursos de profesores contra las órdenes que regulan el currículo de ESO y Bachillerato

Publicado 15/11/2016 16:19:15CET

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jurisdicción de lo contencioso ha admitido a trámite sendos recursos presentados por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) contra las dos órdenes que regulan el currículo de la ESO y del Bachillerato en la comunidad autónoma, ambos adaptados a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del colectivo, que especifica que son varios los motivos contra estas disposiciones que se publicaron el pasado verano por parte de la Consejería, una práctica "habitual" de la Junta, "que quizá de esa manera esperaba que ambas quedaran al margen de toda posibilidad de fiscalización".

En concreto, la orden de la ESO ha sido recurrida porque con ella se incumplen de manera "flagrante" aspectos que vienen recogidos en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, que marca "claramente" la obligatoriedad de establecer en esta etapa educativa tres ámbitos específicos en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, incluido el de lenguas extranjeras.

Sin embargo, la Consejería ha decidido condicionar de manera "arbitraria" al criterio de cada centro docente, en función de sus propios recursos, cuando el Real Decreto se refiere claramente a estos tres ámbitos como un mínimo en el caso de no optarse por una organización integrada de estos programas relacionados con la atención a la diversidad.

De otro lado, la Junta ha dispuesto que la prueba extraordinaria de septiembre sea elaborada por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, en lugar de que lo haga el profesor concreto de esa materia, mermando así potestades al docente.

En ese sentido, la Consejería "se contradice a sí misma", subrayan desde el sindicato, ya que en esos mismos documentos se asigna a cada profesor la competencia exclusiva para hacer la propuesta de actividades de recuperación en cada caso para los alumnos suspensos en junio, algo que puede llegar a entenderse incluso como la elaboración de exámenes personalizados en función de lo que tengan pendiente esos alumnos.

La intención "uniformizadora" de la Junta choca igualmente con el contenido del artículo 10 del Decreto 327/2010, que otorga al profesorado, en función de la libertad de cátedra reconocida en la Constitución, "la autonomía necesaria para ejercer su actividad profesional sin interferencias espurias y mediante los métodos que en cada momento considere más adecuados".

ORIGEN "ILEGAL" DE LAS COMISIONES

Para APIA, también resulta "grave" que la Consejería "parezca buscar 'aprobados de despacho'" con la creación de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamación, "verdaderos sanedrines controlados de una forma férrea por las delegaciones territoriales y cuyo único objetivo parece ser la desautorización sistemática del profesorado, aprobando por doquier, muchas veces de manera escandalosa, a alumnos previamente suspendidos en dos instancias anteriores, su profesor y el departamento didáctico correspondiente".

Además, la creación de esos órganos suponen una infracción de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la propia administración de la Junta de Andalucía, al no indicarse en modo alguno en las órdenes impugnadas ahora por APIA los criterios legales aplicables para la designación del presidente y de los restantes miembros de estos órganos colegiados, así como de su propio funcionamiento interno, contraviniendo lo dispuesto en la ley.

A ello hay que sumar el origen "ilegal" de estas comisiones, ya que no se han creado formalmente mediante decreto alguno, hecho que para APIA es "sumamente grave".

Desde el colectivo docente se hace hincapié en otro hecho, esta vez relativo a las pruebas de evaluación final en la ESO y el Bachillerato, recogido en el Real Decreto 310/2016 y que la Junta parece "dispuesta a no respetar": la Consejería pretende que la difusión de los resultados de esas pruebas finales sean conocidos en exclusiva por una comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares, en lugar de por toda la comunidad educativa como prescribe el Real Decreto.

REDACCIÓN "CONFUSA"

Además, la Junta "ha ido incluso más allá" al modificar, sin tener potestad para hacerlo, uno de los documentos oficiales de evaluación prescritos en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014 y cuyo contenido debe ser igual, por razones de homologación, en todo el territorio del Estado.

Por último, la Consejería ha utilizado una redacción lo suficientemente "confusa" en ambas órdenes, en lo que respecta a la información que deben recibir los padres o tutores legales de los alumnos, "de tal forma que de ella se pueda hacer cualquier interpretación, por más abusiva e ilegal que pueda ser", al disponer que tanto tutores como el resto del profesorado pueda informar a los padres o tutores legales del alumnado sobre la evolución escolar del mismo, todo ello "con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos", cuando los únicos docentes que tienen asignada esta competencia de modo directo, e incluida en su jornada laboral, son los tutores.

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