Andalucía recibirá 160,9 millones de Compensación Interterritorial y la Junta critica que es "el mínimo de la historia"

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EUROPA PRESS
Publicado: miércoles, 20 septiembre 2017 13:47

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibirá del Fondo de Compensación Interterritorial, el instrumento para corregir los desequilibrios entre las regiones, 160,9 millones de euros, de un total de 432,4 que se distribuyen entre las diez regiones y las dos ciudades autónomas con menor renta por habitante. Se trata de una cifra que es, según la Junta, "idéntica" a la del año pasado, y que supone "el mínimo de la historia en relación con el PIB nacional", del que representa menos del 0,04 por ciento y menos del 0,1 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

En este sentido, tras participar en la reunión del Comité de Inversiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública este miércoles, el director general de Planificación Económica y Estadística, Jesús Sánchez Fernández, ha manifestado que "es difícil que con un fondo que se dota con 16 euros por habitante se pueda corregir la brecha existente de más 10.000 euros por persona entre las regiones españolas".

Durante dicha reunión, el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer la distribución para 2018 de las cuantías destinadas al FCI, una partida que este año sumará 432,4 millones de euros para las regiones con menor renta por habitante (Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Melilla y Murcia). Concretamente, Andalucía recibirá una inversión de 160,9 millones de euros, cantidad similar a la de años anteriores.

Sánchez Fernández ha subrayado "los sucesivos recortes experimentados" por el Fondo de Compensación interterritorial en los últimos años, "habiéndose reducido a más de la mitad en la legislatura 2012-2016 respecto a la anterior 2008-2011, que lideraba Rodríguez Zapatero". Así mientras que en la última legislatura del gobierno socialista se dedicó una media de casi 1.173 millones de euros al FCI total de toda España, y 418 para Andalucía; en la legislatura 2012-2016, se dedicó una media de 506 millones de euros para el conjunto nacional y 184 para Andalucía, "lo que representa una disminución del presupuesto de un 56,9 por ciento y un 55,9 por ciento, en España y Andalucía respectivamente", según ha explicado el director.

El representante del Gobierno andaluz ha lamentado que el Ejecutivo central mantenga "en mínimos, como si fuera una limosna", las cuantías del FCI. "En la actual legislatura continuamos con cifras insignificantes muy similares y las mismas pocas perspectivas, impidiendo que esta herramienta, recogida en la Constitución, cumpla su precepto de corregir los desequilibrios económicos existente entre las regiones españolas", ha manifestado el declaraciones a los medios.

Además, el director general de Planificación Económica y Estadística ha remachado que "esta insuficiencia no es acorde con las circunstancias económicas actuales", con un crecimiento sostenido de los últimos años que ha sido superior al tres por ciento real y, según ha dicho, estas son "unas cifras que deberían permitir que la cantidad total de este fondo se vea incrementada para contribuir a disminuir los desequilibrios económicos entre las regiones de España".

Sánchez Fernández ha insistido en que en Andalucía hay "necesidades de inversiones gordas", como el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla "que serviría para darle salida y entrada a la producción andaluza" y, según ha explicado, "como no hay dotación esas obras no se pueden hacer". "Hay una serie de obras y un déficit de infraestructuras territoriales que difícilmente se puede cubrir con esa dotación de inversión. Porque estamos hablando de inversión, no de gastos corrientes, y corregir esas desigualdades con tan poco interés y dotación es francamente difícil", ha dicho.

OTRAS DEUDAS CON ANDALUCÍA

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha reclamado al Estado en el seno del Comité de Inversiones Públicas, información sobre los datos de ejecución de la inversión real del Estado en Andalucía desde el 2014, para poder realizar un seguimiento de la Agenda por el Empleo de Andalucía 2014-2020, en la que se estimaba que Andalucía necesitaba una inversión que ascendía a 13.813 millones de euros para dicho sexenio en concepto de inversión regionalizable de los PGE para poder recuperar el empleo perdido en la crisis económica.

Por otro lado, ha vuelto a exigir al Gobierno central la liquidación de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía por la que las inversiones del Estado deben corresponderse con el peso poblacional de la comunidad, después de que en 2014 finalizara el plazo de siete años establecido en la misma. Así, Sánchez Fernández ha subrayado que existe un déficit de inversiones para Andalucía de 2.298 millones de euros, correspondientes al período 2008-2014 de vigencia de la DAT.

En este sentido, la Consejería de Economía ha solicitado ante el Comité de Inversiones Públicas la ejecución del procedimiento extraordinario previsto en la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado para incorporar dicha cantidad en los PGE 2018.

Finalmente, durante la reunión del comité la Junta también ha pedido el detalle de las inversiones públicas realizadas por el Estado en la comunidad desde 2007 al 2014, para certificar la deuda exacta de la DAT, y desde el 2014 con el fin de evaluar la Agenda por el Empleo de Andalucía 2014-2020.

La Junta ha pedido Gobierno central la corrección de los desequilibrios entre regiones a través de instrumentos de cohesión territorial, como el Fondo de Compensación Interterritorial o la inversión pública regionalizable, aún más en periodos de crisis donde deben incrementarse las prioridades dirigidas a las personas que más la sufren en las regiones con menores niveles de empleo y renta.

Para el representante andaluz, "estas deudas del Estado con Andalucía se traducen en una cuantiosa pérdida de inversión para nuestra tierra, que lastra nuestro crecimiento económico y la generación de empleo", y, en concreto, reclama una contestación del Estado a estas propuestas.