Sánchez Rubio recuerda que la Junta potenciará la capacidad sancionadora contra la discriminación mediante la reforma de la Ley de Igualdad
SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reclamado al Gobierno central que elabore un proyecto de ley de igualdad salarial para acabar con la brecha de género y discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, en especial en los puestos de responsabilidad y en las profesiones masculinizadas. Así lo ha señalado en sede parlamentaria, donde ha recordado que Andalucía apuesta por la igualdad de género como política transversal prioritaria, tal y como se refleja en sus presupuestos y en sus actuaciones.
En este sentido, Sánchez Rubio ha subrayado que el 74 por ciento de los presupuestos andaluces son programas G+, que son aquellos que tienen una especial incidencia como motores de cambio hacia la igualdad real entre mujeres y hombres, con una inversión de unos 18.122 millones de euros.
Junto a ello, la consejera ha explicado que el Gobierno andaluz mantiene el presupuesto en igualdad y lucha contra la violencia de género, con 45,5 millones de euros para 2017, un 1,7 por ciento más que en 2016.
Sánchez Rubio ha recordado que la Junta está tramitando la modificación de la Ley 12/2007 para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, que potenciará coeducación transversal, así como la competencia sancionadora del Gobierno andaluz ante cualquier acto discriminatorio hacia las mujeres.
Respecto a la reforma de la Ley andaluza de Violencia de Género, en fase de información pública, Sánchez Rubio ha reiterado que dicha reforma permitirá ampliar el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia contra las mujeres (más allá del ámbito de la pareja), así como ampliar el concepto de víctima a menores hijos e hijas.
Finalmente, la consejera ha instado al Gobierno central a aprobar "sin más demora un pacto de Estado" contra la violencia de género, y ha recordado que Andalucía fue pionera en proponer e impulsar una propuesta de pacto, propuesta a la que se sumaron otras comunidades autónomas, así como diferentes agentes y colectivos sociales.
