Andalucía sigue a la cabeza en España en litigiosidad pese a caer un 31% en 2016

 

Andalucía sigue a la cabeza en España en litigiosidad pese a caer un 31% en 2016

Actualizado 26/04/2017 14:17:15 CET

GRANADA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Andalucía sigue a la cabeza en el ranking nacional de litigiosidad, pese a que disminuyó el pasado año un 31 por ciento, situándose en un total de 1.245.470 asuntos ingresos por los órganos judiciales de la comunidad autónoma, según los datos de la Memoria anual de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

   Las cifras de esta memoria, que ha sido presentada este miércoles por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, reflejan un porcentaje de ingresos "demasiado elevado para los actuales recursos y contexto organizativo, deficitario y rígido," en esta comunidad, cuya tasa de litigiosidad solo es superada por Canarias.

   El presidente del TSJA ha lamentado en rueda de prensa que, después de seis años, el resumen de todo el avance experimentado sea "anecdótico", al seguir la misma estructura organizativa y funcional, tanto en lo que respecta a los jueces como a los funcionarios de la Administración de Justicia.

   Tampoco se han materializado, según subraya Lorenzo del Río, ninguna medida de reordenación de efectivos ni creación de servicios comunes ni se ha avanzado en proyectos de trabajo colegiado, que mejore la gestión y eficacia de los actuales recursos.

   En este sentido, señala que transcurrido más de un lustro, el camino recorrido es "decepcionantemente corto", pese que el sistema actual "es insostenible y poco operativo", por lo que ha reclamado soluciones rápidas y consensuadas que conformen un nuevo modelo, junto a reformas que culminen con la modernización de la justicia y de las leyes procesales, singularmente en el modelo de proceso penal.

   Para Lorenzo del Río, "sólo ha habido cambios cualitativos en el proceso de digitalización, aunque quedan importantes deficiencias a corregir y un importante trayecto por recorrer en la implantación del expediente y firma digital".

   Ha advertido de que los desafíos a los que se enfrenta la justicia son muchos y complejos, pero "demorarlos agrava el problema y dificulta las soluciones, ya que los años de retroceso triplican los años de recuperación".

   Reorganizar la justicia, dotarla de más recursos, un mapa judicial y "una organización al servicio de una justicia eficaz y ágil, no de intereses localistas"; así como una oficina judicial al servicio de la Justicia y mejorar y cambiar la instrucción penal potenciando medidas disuasorias del exceso de litigiosidad, son algunos de los asuntos que ha mencionado.

   A su juicio, todos ellos constituyen cambios necesarios que, mientras no se hagan, "será muy difícil materializar plenamente esa aspiración constitucional de una justicia ágil y eficaz, de una tutela judicial efectiva".

EN CIFRAS

   Los juzgados y tribunales de Andalucía recibieron durante el 2016 un 31 por ciento menos de asuntos que el año anterior. En concreto, ingresaron 1.245.470 asuntos, frente a los 1.794.246 asuntos del pasado año.

   Este descenso se debe a las reformas legales por las que se destipificaron algunas conductas y la supresión de las faltas, así como que se dejaran de remitir a los Juzgados de Instrucción los atestados policiales cuando no exista autor conocido del delito denunciado.

   Pese a estas cifras, el porcentaje de ingresos es demasiado elevado, lo que "impide con los actuales recursos y déficit organizativo dar una respuesta de calidad y en tiempo razonable", según se expone en la memoria del alto tribunal andaluz.

   En este número global de asuntos, se mantiene otro dato estadístico llamativo, repetido año tras año: los procedimientos penales suponen el 64 por del total, o sea, más de la mitad de los asuntos registrados.

   En el otro extremo se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un 5%) y contencioso administrativa (un 4%), mientras que la jurisdicción civil supone un 27 por ciento del total de asuntos ingresados.

   Por órdenes jurisdiccionales, las cifras tienen distinta lectura e intensidad. Bajan los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones excepto en la contencioso-administrativa.

   Así, durante 2016 esta jurisdicción presenta un 5 por ciento más de volumen general de ingreso de asuntos que el año anterior, con distinta intensidad en Juzgados y Salas, rompiendo la tendencia del pasado año en que hubo un descenso del 17 por ciento.

   Por su parte, la jurisdicción civil ingresa un 5 por ciento menos de asuntos y rompe la tendencia de aumento del 7 por ciento del pasado año. La jurisdicción social ingresa también un 2 por ciento menos de asuntos, si bien en la línea de descenso del pasado año, que se situó en el 6 por ciento.

AUMENTA LA RESOLUCIÓN

   Durante 2016, los órganos judiciales resolvieron 1.278.136 asuntos y quedaron en trámite al final del año un total de 494.029. Esto supone una reducción del 4 por ciento respecto a los que quedaron en trámite al final de 2015.

   Por tanto, al igual que el pasado año, destaca un dato positivo: la tasa de resolución ha sido del 1,03 en el año 2016 (el pasado año fue del 1,02), lo que permite afirmar, con carácter general, que los órganos judiciales del territorio se sitúan en un buen nivel de laboriosidad y se resuelven más asuntos de los ingresados, "pese al déficit organizativo y de recursos personales".

   Pero el problema sigue siendo la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven.

   Ello no permite que la valoración final del pasado ejercicio sea satisfactoria, pues considera el TSJA "patente la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes, así como mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales".

   En cualquier caso, la planta judicial queda lejos de lo razonable para la litigiosidad existente en el ámbito del TSJA, por lo que se considera "ineludible e inaplazable la ampliación de la planta".

   Todo ello, sin olvidar todas aquellas medidas que competan a los diferentes poderes públicos en orden a la mejora y modernización del sistema judicial, pues, según advierte el presidente del TSJA, la solución "más jueces" no determinaría por sí sola la resolución de los problemas, "ya que seguiría consolidando y multiplicando las deficiencias de un modelo desfasado".

   Así, en la memoria se refleja la necesidad de crear 15 plazas judiciales en órganos colegiados (Audiencias Provinciales), así como 52 plazas judiciales para órganos unipersonales.

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