Primeras declaraciones de los ediles del PP de Granada investigados en el 'caso Serrallo'

Actualizado 11/05/2017 7:58:16 CET

GRANADA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga el llamado 'caso Serrallo', prevé comenzar este jueves a tomar declaración en calidad de investigados a los concejales del PP que en 2012 integraban la Junta de Gobierno Local en la que se respaldó la discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, construida supuestamente de forma irregular en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.

La jueza ha citado a estos ediles y exediles --seis de ellos aún siguen en el grupo municipal del PP-- para que declaren a lo largo de tres días como presuntos responsables de un delito de prevaricación urbanística. También han sido citados la exsecretaria del Ayuntamiento y el interventor.

La primera tanda de declaraciones arrancará este jueves a las 10,00 horas con cuatro de ellos, que declararán a intervalos de media hora. Se trata de los ediles Juan García Montero y Telesfora Ruiz y de los exconcejales Juan Antonio Mérida e Isabel Nieto, si bien esta última ya estaba siendo investigada en la causa.

La jueza del 'caso Serrallo' les ha citado a declarar después de que el pasado 27 de marzo lo hiciera en calidad de investigado el que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), el cual expuso que tanto su participación en la Junta de Gobierno Local como la del resto de miembros se llevaba a cabo de forma "automática", puesto que seguían los criterios de los que eran informados por los técnicos.

No obstante, la magistrada argumenta en su último auto que, de acuerdo al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, los miembros de estas instituciones están "sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones en el ejercicio de su cargo y son responsables de los acuerdos en los que hayan votado favorablemente".

En este sentido, advierte la jueza de que los miembros de la Junta de Gobierno Local "no pueden limitarse a votar" como expuso Torres Hurtado en su declaración, sino que, como miembros de la corporación, "tienen la obligación de obtener datos o informaciones (...) que resulten precisos para el desarrollo de su función. Es mas, deben de cerciorarse de que las decisiones que vayan a adoptar se ajustan a la legalidad, no pudiendo reducirse su votación a una mera actuación automática como se argumentó al respecto".

Por ello, en el auto se expone que la conducta de estos ediles en la Junta de Gobierno Local del 26 de julio de 2012 en la que se produjo una votación por unanimidad en relación con los horarios y usos complementarios del Serrallo puede ser constitutiva de un delito de prevaricación urbanística y acepta la petición de la acusación popular ejercida por el partido político VOX de traer al procedimiento a los concejales que apoyaron este expediente para que declaren como investigados.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada también instruye el llamado 'caso Nazarí', por el que están investigadas un total de 17 personas entre políticos, funcionarios y promotores, algunos de los cuales también están vinculados al caso Serrallo, como el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, ambos suspendidos de militancia en el PP.

En el caso Serrallo se investigan la supuesta comisión de delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación al haberse supuestamente sustraído al uso público y general gran parte de un Sistema General de espacios libres "con una parcelación ilegal del mismo que ha permitido unas construcciones que, ni en su volumen ni en su destino (...) se ajustan al planeamiento general".

De hecho, la jueza cree que lo "contravienen y no respetan la concesión ni en cuanto a su objeto exclusivo de parque infantil ni en cuanto al objeto de la concesión existente ni en cuanto a su adjudicatario único, por lo que habría supuesto una alteración sustancial del pliego y del precio de la adjudicación del mismo".

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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