La Audiencia celebrará el día 23 el sorteo de los candidatos a jurado para los dos próximos años

 

La Audiencia celebrará el día 23 el sorteo de los candidatos a jurado para los dos próximos años

Audiencia Provincial
EP
Actualizado 19/09/2010 12:55:50 CET

CÓRDOBA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Córdoba celebrará el próximo 23 de septiembre, a las 13,30 horas, en la primera planta de la Audiencia Provincial el sorteo de designación de candidatos a jurado popular para los años 2011-2012, en el que participan 634.510 personas, que es el número de electores a 15 de septiembre de 2010.

Según ha explicado a Europa Press el delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral, Francisco Blas, de este sorteo se obtendrán 2.000 candidatos para los casos judiciales de 2011 y 2012, aunque, de éstos, suele reducirse un diez ó 15 por ciento por motivos de incompatibilidades o excusas por parte de quienes les ha tocado ser miembro del jurado.

El sorteo se hace por ordenador sobre las personas mayores de 18 años inscritas en el censo electoral y cualquiera de ellas puede optar. Para poder formar parte de un jurado es necesario ser español y mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir, estar empadronado en cualquiera de los municipios de la provincia en la que se ha cometido el delito y no estar física ni psíquicamente incapacitado para el desempeño del cargo.

Para excusarse de ser jurado se puede alegar, entre otras cosas, ser mayor de 65 años, haber desempeñado funciones de jurado en los cuatro últimos años, que el nombramiento cause graves trastornos como consecuencia de las cargas familiares, residir en el extranjero o, entre otras, desempeñar un trabajo relevante de interés general.

En la segunda quincena de octubre se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la relación de personas que han salido en el sorteo. El Tribunal del Jurado, regulado en la Ley Orgánica 5/1995, es una institución de la Administración de Justicia que posibilita la participación ciudadana en el enjuiciamiento de determinados delitos como el homicidio, las amenazas, la omisión del deber de socorro, los incendios forestales, el cohecho o la malversación de caudales públicos, entre otros.

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