La Audiencia exculpa a tres exaltos cargos de la Junta de la pieza 'política' de los ERE

 

La Audiencia exculpa a tres exaltos cargos de la Junta de la pieza 'política' de los ERE

Justo Ma√Īas,
EUROPA PRESS/PARLAMENTO
Actualizado 21/04/2017 17:31:34 CET

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

¬†¬† La Audiencia Provincial de Sevilla ha exculpado de la pieza separada del procedimiento espec√≠fico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos al exviceconsejero de Empleo Justo Ma√Īas; al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y al exdirector general de la agencia IDEA Antonio Valverde, que fueron procesados junto a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos√© Antonio Gri√Ī√°n.

¬†¬† En tres autos distintos difundidos por el TSJA, a los que ha tenido acceso Europa Press, la Secci√≥n S√©ptima de la Audiencia estima de esta forma los recursos presentados por los tres exaltos cargos investigados contra el auto de 31 de mayo de 2016 en el que el juez √Ālvaro Mart√≠n les proces√≥, de forma que los acusados en esta pieza separada de los ERE se reducen a 22.

   Cabe recordar que la Audiencia ya archivó recientemente la causa contra el exviceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez, pues "no consta que hubiera tenido conocimiento de que estaba participando en el desarrollo y mantenimiento del denominado" procedimiento específico.

   El tribunal considera que, de los hechos analizados, "se desprende más bien" que estos tres exaltos cargos contribuyeron "al desmontaje del sistema urdido sobre la base de las transferencias de financiación como método irregular de distribución de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis tan reiteradas", por lo que "no se puede predicar queconcurran indicios sólidos" para mantenerlos como imputados en esta pieza separada.

   Todo ello, no obstante, "sin perjuicio de las responsabilidades penales derivadas de los pagos hechos a través de la asunción de compromisos adquiridos con anterioridad al ejercicio de sus funciones en la Consejería de Empleo, que corresponde esclarecer, en su caso, enlos procedimientos concretos que se hayan abierto o abran para indagar cada ayuda en concreto".

"CA√ďTICA Y ERR√ĀTICA" ACTUACI√ďN DE GUERRERO

¬†¬† La Audiencia relata que, de lo instruido, "parece que el procedimiento espec√≠fico se cre√≥ en el a√Īo 2000 y se mantuvo durante una d√©cada sin que por parte de las personas que hayan podido participar en el mismo pusieran freno a 'esta huida hacia delante', consistente en no respetar y/o imponer los m√≠nimos controles que la legislaci√≥n ofrece para garantizar el correcto uso de los fondos p√ļblicos, esencial en un Estado Social de Derecho Democr√°tico, como define la Constituci√≥n a Espa√Īa".

¬†¬† Al hilo de ello, se√Īala que, en el a√Īo 2008, la "ca√≥tica y err√°tica" actuaci√≥n del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero dio lugar a su cese y al nombramiento de Juan M√°rquez en abril de ese a√Īo, recordando que, seg√ļn declar√≥ la exasesora de la Direcci√≥n del ramo Mar√≠a Jos√© Rofa, "se detect√≥ durante el mandato de M√°rquez que los expedientes de las ayudas reiteradas eran extremadamente irregulares, hasta el punto de que en algunos supuestos se hab√≠an concedido sin que mediara petici√≥n del beneficiario".

¬†¬† La Audiencia agrega que, en abril de 2010, fue nombrado consejero de Empleo Manuel Recio, Justo Ma√Īas fue designado viceconsejero del ramo, y Daniel Alberto Rivera asumi√≥ la Direcci√≥n de Trabajo, mientras que Antonio Valverde fue nombrado director general de IDEA en 2009 y se mantuvo en el cargo hasta 2014.

¬†¬† A juicio del tribunal, "durante el mandato" de todos ellos "hubo importantes cambios en la concesi√≥n de dichas ayudas, por lo que no se puede predicar sin m√°s que su actuaci√≥n se limit√≥ a mantener el sistema implantado a partir del a√Īo 2000".

MEDIDAS DE CONTROL

   De esta forma, "se tomaron las medidas de control de los expedientes de ayudas de la Dirección General de Trabajo, en la Consejería de Empleo desaparecieron las transferencias de financiación como mecanismo deconcesión de dichas ayudas, con independencia del trato que se realizó en la Dirección de Trabajo, camino que culminó" con la Orden de la Consejería de 1 de abril de 2011 y el Decreto 4/2012, resoluciones "que pusieron fin al procedimiento especifico".

¬†¬† Para ponderar si contribuyeron al mantenimiento del procedimiento espec√≠fico o por el contrario realizaron actuaciones en el marco de su competencia encaminadas a poner fin al mismo, la Audiencia ve "necesario" examinar tanto el Dictamen de la Comisi√≥n del Parlamento de Andaluc√≠a sobre las ayudas sociolaborales entre los a√Īos 2000-2010 como la Resoluci√≥n de 10 de diciembre de 2012 de la C√°mara de Cuentas de Andaluc√≠a, por la que se publica el Informe de fiscalizaci√≥n de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE y a empresas en crisis otorgadas por la Junta entre 2000-2010.

¬†¬† De este modo, y del Dictamen y resoluci√≥n citadas, "se infiere que para esclarecer las irregularidades detectadas en la tramitaci√≥n de ayudas sociolaborales la Consejer√≠a de Empleo acord√≥ una actuaci√≥n de comprobaci√≥n interna", denominada 'Plan de acci√≥n de medidas concretas y de recuperaci√≥n de pagos indebidos', que se inici√≥ mediante acuerdo de Ma√Īas de 17 de noviembre de 2010 y por el que se realiz√≥ un procedimiento de informaci√≥n reservada en relaci√≥n con dichasayudas a favor de Mercasevilla, al que siguieron otros acordados a instancias de Daniel Alberto Rivera.

¬†¬† Seg√ļn indica la Audiencia, estos procedimientos dieron lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 p√≥lizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales 72 nunca hab√≠an trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumpl√≠an los requisitos m√≠nimos para ser beneficiarios de dichas ayudas", a√Īadiendo que estas 126 personas "han percibido m√°s de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamaci√≥n".

¬†¬† De su lado, la Resoluci√≥n de la C√°mara de Cuentas de Andaluc√≠a para resumir la actividad de la Consejer√≠a de Empleo a partir de 2010 indica que, 'con la determinaci√≥n activa de Rivera', seg√ļn los procedimientos llevados a cabo, se han revisado de oficio ayudas por importe de m√°s de 67 millones de euros y se ha suprimido el pago de 15.210.253 euros respecto de beneficiarios de p√≥lizas que se consider√≥ que no eran perceptores regulares de dichas ayudas.

¬†¬† Respecto a Daniel Alberto Rivera, el tribunal incide en los argumentos ofrecidos anteriormente y a√Īade que, si bien "es cierto que en el a√Īo 2010 acord√≥ la concesi√≥n de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por un importe de unos 36 millones de euros, no lo es menos que tanto en la Consejer√≠a de Empleo como en la Direcci√≥n General de Trabajo, durante su mandato, se adoptaron medidas tendentes a cambiar el estado de las cosas".

¬†¬† As√≠, afirma que Rivera "no orden√≥ ning√ļn pago relativo a una nuevaconcesi√≥n de ayudas sociolaborales o a empresas en crisis, limit√°ndose a ordenar pagos aplazados en relaci√≥n a compromisos adquiridos en etapas anteriores, a no ser las concedidas a Astilleros de Huelva y a Astilleros de Sevilla".

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