SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción, dentro del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado un total de 20 años y 4 meses de cárcel y 44 años de inhabilitación para el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández por las ayudas a las empresas Acyco y Surcolor y Surcolor Óptica, lo que se suma a la petición de otros ocho años de prisión realizada en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas.
De este modo, el Ministerio Público ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dos escritos de acusación distintos correspondientes a las piezas separadas de Surcolor y Surcolor Óptica, donde fueron procesadas un total de 16 personas --entre ellas seis ex altos cargos de la Junta--, y Acyco, donde el procedimiento se dirige contra 12 personas, entre ellas también seis ex altos cargos de la Administración autonómica.
En el escrito de acusación correspondiente a Acyco, consultado por Europa Press, la Fiscalía pide para el exconsejero de Empleo ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, así como cuatro años y medio de cárcel, cuatro años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial.
Asimismo, y dentro de la pieza de Acyco, que recibió 3,2 millones en ayudas, fueron procesados otros cinco ex altos cargos, como son el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, para el que interesa un total de 12 años y medio de prisión, cuatro de inhabilitación y 5.400 euros de multa; o los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, para los que solicita, respectivamente, ocho años, seis años y cuatro años y medio de cárcel.
De igual modo, la Fiscalía pide ocho años de prisión y otros 20 de inhabilitación para el ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano; 14 años de cárcel para la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, y un segundo letrado, y penas de entre ocho y seis años de cárcel para dos extrabajadores de Vitalia y un 'intruso'.
SURCOLOR Y SURCOLOR ÓPTICA
Asimismo, la Fiscalía pide que los autores y cooperadores necesarios del delito de malversación, entre los que se encuentran todos los ex altos cargos de la Junta procesados a excepción de Juan Márquez, indemnicen de manera solidaria a la Junta de Andalucía con tres millones de euros.
De otro lado, y en el escrito relativo a Surcolor y Surcolor Óptica, el Ministerio Público solicita ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de prevaricación, a su vez, en concurso medial con un delito de malversación, para Antonio Fernández, Agustín Barberá, el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín.
En relación a Surcolor, la Fiscalía pide además ochos de prisión para Guerrero y para el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; seis años de cárcel y diez años de inhabilitación para Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para el resto de acusados, como son los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, un abogado, dos 'intrusos' --uno de ellos concuñado de Antonio Rivas--, los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León, y un representante sindical.
Dentro del escrito de acusación de Surcolor, Anticorrupción interesa que los acusados "restituyan" a la Junta la cantidad total de 984.921 euros, acordando en este sentido que la entidad Fiteqa-CCOO responda subsidiariamente de las cantidades reclamadas al representante sindical, José Hurtado Quirós.
En relación a Surcolor y Surcolor Óptica, la Fiscalía relata que fue el 22 de marzo de 2005 cuando la mercantil solicitó a la Delegación de Empleo en Sevilla la solicitud de un ERE para la extinción de los contratos laborales de los 45 trabajadores de la plantilla de la empresa "por razones económicas", no obstante lo cual la Junta advirtió en dicha solicitud "defectos y omisiones".
Así, la empresa fue requerida para subsanarlos, "sin que ello se hiciera", lo que motivó el archivo del expediente mediante resolución de 20 de mayo de 2005 firmada por Antonio Rivas, dice la Fiscalía, que resalta que "en fechas anteriores le habían sido autorizado a estas empresas tres ERE, dos suspensivos y uno extintivo, que afectaron a 43 personas".
EL PAPEL DE LANZAS
La Fiscalía agrega que, a principios de 2006, los responsables de estas empresas contactaron con un letrado "para iniciar la tramitación" de un nuevo ERE y con Juan Lanzas "como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas".
"Para conseguir los fondos públicos necesarios para hacer frente a las obligaciones de estas empresas por la extinción de las relaciones laborales", Juan Lanzas contactó con Rivas y Guerrero, "facilitándole a este último los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción". Finalmente, Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.
La Fiscalía asevera que Rivas, "con el conocimiento y consentimiento" de Guerrero, "instó" a los extrabajadores de Vitalia procesados a introducir como beneficiarios a dos personas que "no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas", tras lo que, el 28 de junio de 2006, Guerrero, "con el conocimiento y consentimiento" de Fernández y de Barberá, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para 26 extrabajadores de Surcolor.
Los encausados "conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores --además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla ya reseñadas--, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa (ausencia de baremación o cualquier tipo de estudio de las circunstancias de los beneficiarios, ausencia de fiscalización por la Intervención delegada de la Consejería de Empleo), sin que se dictara por el órgano competente resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna".
"Esta ayuda deliberadamente no fue publicada ni registrada en la base de datos de subvenciones de la Junta de Andalucía", dice la Fiscalía, que asevera que Juan Lanzas, "como contraprestación económica a la consecución de los fondos públicos de la Junta para el pago de las indemnizaciones por despido obligación de las empresas", hizo que el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín, "como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes", facturara en el ejercicio 2006 un total de 118.752 euros a Surcolor, Surcolor Óptica e Indobarasa.
A juicio de Anticorrupción, el supuesto 'testaferro' "conocía que el importe reseñado de las facturas que había emitido era la contraprestación económica, de la cual participa éste, que recibía Lanzas por conseguir que con fondos públicos de la Junta de Andalucía se pagaran obligaciones de los empresarios sin sujeción a procedimiento alguno".
