MOTRIL (GRANADA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Motril (Granada) y la organización agraria COAG han mostrado su rechazo a la negativa de la Junta a legalizar 194 hectáreas de invernaderos construidos antes de 2003 y a ampliar a 666 hectáreas la superficie para nuevas instalaciones, como habían propuesto los agricultores para abaratar el precio de las parcelas.
La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), ha informado de que "ante la situación de indefensión y el impacto que tendrá en la generación de empleo y riqueza en la comarca" esta medida se ha convocado al Consejo Municipal Agrario para "poner al día a todos los agentes relacionados con la agricultura".
Precisamente la propuesta para legalizar la explotaciones ya existentes antes de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2003 que limitaba la expansión del cultivo bajo plástico y la creación de nuevas tierras de cultivo surgió del Consejo Municipal Agrario, un órgano consultivo que se reúne periódicamente para la toma de decisiones como los caminos rurales que se van a asfaltar o la existencia de nuevos cultivos más rentables para el agricultor.
Las zonas donde se solicitaba la ampliación son áreas que ya tienen instalaciones consolidadas y que en todo momento respetan las áreas protegidas por la normativa, así como las áreas de especial protección del municipio, según mantiene el Ayuntamiento de Motril.
Además de los informes municipales, el Ayuntamiento encargó otros estudios a empresas externas que confirman que la zona de ampliación podría ser de 666 hectáreas, suelo que se desarrollaría no de forma aislada sino en zonas que ya se dedican a la agricultura intensiva y siempre en lugares con una pendiente menor al 20 por ciento como marca la Ley.
Debido a la carencia de suelo, las parcelas disponibles son escasas y esto provoca un aumento "desmesurado" de su precio, por lo que los emprendedores que quieren dedicarse a la agricultura no puede adquirir, ni en ocasiones arrendar un invernadero por este mismo motivo. Sin embargo, con la oferta de más suelo en el mercado, el precio bajaría.
La asesoría jurídica del Consistorio ya está estudiando los mecanismos legales que se pueden emplear contra esta decisión del Gobierno andaluz.
CONTRADICCIONES
Desde COAG Granada consideran una "contradicción" que la Junta de Andalucía "eche este jarro de agua fría a los agricultores motrileños y por otra parte apruebe la regularización de viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable".
Para COAG es "incomprensible" esta respuesta de la administración autonómica, ya que en la actualidad, la agricultura, como sector primario, sigue constituyendo la principal fuente de riqueza del término de Motril, generando empleo y provocando efectos en sectores complementarios con el consiguiente desarrollo económico y social de la zona.
Además, considera fundamental la regularización de todos los invernaderos existentes, cumpliendo las medidas correctoras y medioambientales oportunas para posibilitar la mejora de dichas estructuras accediendo a subvenciones públicas.
"Con esta decisión la administración, lejos de promocionar el crecimiento socioeconómico del municipio, potenciando razonablemente el desarrollo de la actividad agraria, obstaculiza la actividad de los agricultores de la zona que obtienen de la actividad agraria su medio fundamental de vida y que contribuyen al desarrollo sostenible del entorno", han clamado desde la organización agraria.
