La Cámara de Cuentas analiza la actividad económico-financiera de la Diputación de Jaén

Publicado 08/07/2016 15:15:38CET

Asistencia económica y recaudación son los servicios más valorados por los ayuntamientos consultados por el órgano fiscalizador

JAÉN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha comentado un proceso de "funcionarización" en la Diputación de Jaén en el que aprecia algún aspecto "incongruente", y recomienda en ese sentido que "se proceda a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que se haya realizado previamente una adecuada valoración de cada puesto" para "una correcta adscripción de las plazas en atención a la naturaleza funcionarial o laboral de los puestos".

Así se recoge en un informe sobre los servicios prestados a los municipios por la Diputación y el control interno de su actividad económico-financiera y contable, correspondiente al ejercicio 2013, aprobado por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía en sesión celebrada el 25 de mayo de 2016, y de la que el órgano fiscalizador ha informado este viernes.

El informe, consultado por Europa Press y cuyos trabajos de campo concluyeron el 25 de mayo de 2015, detalla que la Diputación cuenta con una plantilla aprobada de 1.150 plazas, distribuidas en 637 funcionarios, 473 laborales y 40 eventuales, si bien "en la RPT todos los puestos están adscritos a funcionarios".

Señala que en la Corporación se ha acometido "un proceso de funcionarización, mediante la adaptación del régimen jurídico del personal laboral fijo de plantilla al régimen funcionarial", a partir de medidas aprobadas por acuerdo plenario el 1 de junio de 2012 que afectan a 407 plazas que representan el 35 por ciento de la plantilla.

Para la Cámara de Cuentas, "resulta incongruente que determinadas categorías de personal laboral a funcionarizar --como la plaza del personal de oficios-- se hagan corresponder con funciones de personal funcionario, toda vez que dicha categoría no tiene la consideración de funciones públicas y, por tanto, resulta inadecuada para su funcionarización".

Explica que la Diputación basa esta medida en que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) "establece el principio constitucional de que el régimen general del empleo público en nuestro país es el funcionarial, añadiendo que el recurso a la contratación de personal laboral por muchas administraciones públicas no puede, por imperativo constitucional, ser el régimen general del empleo público en nuestro país, ni existen razones que justifiquen hoy una extensión relevante de la contratación laboral en el sector público".

En esa línea, el informe señala que "la funcionarización no debe pensarse en atención a la mejora de la condición del empleado público, sino por razón del principio de interés general, que exige que con carácter previo a cualquier convocatoria excepcional se proceda a una valoración individualizada de la RPT del organismo".

El informe constata además que "se han aprobado ofertas de empleo público desde 2011 a 2015 en contra de lo establecido en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, que señalan la no procedencia de sacar ofertas de empleo público y la limitación en las de nuevo ingresos".

ESTRUCTURA

Por otro lado, en relación a la estructura organizativa de la Diputación, la Cámara de Cuentas apostilla que "no refleja el reparto de funciones y competencias, ni las relaciones funcionales de los diferentes servicios", así como que "sólo las áreas de recursos humanos y el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación disponen de manuales de procedimiento".

El informe de la Cámara de Cuentas cifra en 61,1 millones de euros los gastos que, "siendo competencia de la entidad local, se ejecutan mediante la contratación con empresas externas o profesionales", y señala que son las áreas de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico; de Servicios Municipales y de Igualdad y Bienestar Social las que aglutinan los importes más significativos.

También indica que "el 98 por ciento --25,6 millones de euros-- de las obligaciones reconocidas por este concepto del área de Servicios Municipales corresponden al servicio prestado por la empresa Resur", mientras que, en el área de Igualdad y Bienestar Social, el Servicio de Ayuda a Domicilio contrata el 90 por ciento, es decir, 29,2 millones de euros.

Igualmente, recoge que "la Intervención ha emitido 1.002 informes de fiscalización previa durante el ejercicio, formulándose 34 informes de reparos de los establecidos en el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Trlrhl)".

Añade que el informe cuatrimestral de control financiero correspondiente al último cuatrimestre de 2012 realizado por la Intervención General "pone de manifiesto infracciones especiales y errores materiales y de hecho", como "el incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto al fraccionamiento de contratos menores, contratación directa eludiendo el procedimiento de adjudicación; ampliación del contrato sin crédito suficiente; incumplimiento en cuanto a las restricciones presupuestarias en la contratación de personal; gastos sin la correspondiente memoria, gastos sin respetar el principio de anualidad; incumplimiento en la acumulación de los documentos contables".

La Cámara de Cuentas también recoge, en relación al control sobre la gestión, que "no existe ningún documento en el que se especifique y establezcan los procedimientos que han de seguir las áreas de la Diputación sobre los servicios y asistencias que deben prestar a las Corporaciones, ni que incluya una valoración del coste que para la Diputación representan las mismas, así como una evaluación que permita conocer a posteriori el beneficio o resultados que dichas actividades representan".

Igualmente, constata que "el periodo medio de pago oscila entre 44,73 y 53,01 días, por lo que no se cumple con el plazo de 30 días fijados por la normativa para atender al pago de los proveedores".

En materia presupuestaria, y basándose en la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos, en el ejercicio 2013, el informe llama la atención sobre "la cuantía tan elevada de las incorporaciones que se tramitan ejercicio tras ejercicio, que representan un 78 por ciento del total de las modificaciones efectuadas", lo que "pone de manifiesto la lenta ejecución de los gastos de inversión, y está poniendo de manifiesto la baja gestión de los créditos".

ASISTENCIA A TODOS LOS MUNICIPIOS

El informe recuerda que son competencias propias de las diputaciones las de asistir a los municipios mediante asistencia técnica, económica y material de prestación de servicios municipales, y al respecto señala que todos los municipios de la provincia han recibido algún tipo de ayuda de la Diputación, siendo el importe máximo por 1.751.620,93 euros y correspondiente al Ayuntamiento de Cazorla, mientras que el mínimo, por un total de 200.438,76 euros, se ha destinado al municipio de Higuera de Calatrava.

Por tramos de población, los 69 municipios con población inferior a 5.000 habitantes reciben el 55 por ciento de la asistencia económica; los 22 comprendidos en el tramo poblacional entre 5.000 y 20.000 habitantes, el 31 por ciento, y los seis restantes municipios mayores de 20.000 habitantes, el 14 por ciento.

Durante el ejercicio analizado, se han tramitado un total de 133 consultas a los ayuntamientos, cifra que ascendió a 236 durante 2014, un 77 por ciento más.

Para establecer una evaluación de los servicios prestados por parte de la Diputación, desde la Cámara de Cuentas se ha remitido un cuestionario a 26 ayuntamientos al que han respondido 14, y de los que se extrae que la asistencia económica y el servicio de recaudación son las asistencias más valoradas, con una puntuación de 3,8 y 3,78, respectivamente, sobre 5.

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