Cámara de Cuentas detecta "irregularidades" en contratos del Ente de Servicios Educativos

 

Cámara de Cuentas detecta "irregularidades" en contratos del Ente de Servicios Educativos

Publicado 02/12/2016 13:42:28CET

Apunta irregularidades en contratación de personal de alta dirección y fórmulas indebidas de financiación de obras de construcción o reformas

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado la existencia de "irregularidades" y retrasos" en los contratos de obras por parte del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, de forma que apunta que apunta que los adjudicatarios "han reclamado durante 2013 intereses de demora por 340.000 euros, lo que supone más de dos millones acumulados, de los que más de un millón han sido consideradas firmes por instancias judiciales".

La Cámara de Cuentas ha elaborado el informe de 'Fiscalización de Regularidad del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos y Seguimiento de Recomendaciones', correspondiente al ejercicio 2013.

Entre las conclusiones y recomendaciones, el ente fiscalizador apunta que la agencia "carece de un conjunto de procedimientos aplicables a todas las facetas de su gestión" y apunta que el inventario de bienes utilizados por la agencia posee "debilidades" como "la ausencia de identificación del responsable de su custodia o el estado del bien".

Indica que, una vez distribuidos a los centros, los activos "no son objeto de control, quedando bajo la responsabilidad de los directores de centro, que no están obligados a hacer inventarios", por lo que se aboga por "mayor protagonismo de la agencia en el control de esos bienes".

Las llamadas actividades extraescolares, cuya contratación está delegada en los directores de centros, "no son objeto de control alguno por parte de la agencia tras la adjudicación".

El informe apunta "irregularidades" superiores al 30 por ciento en la ejecución de los convenios que regulan las escuelas infantiles, lo que, en algunos casos, ha provocado "la modificación de los importes a transferir a las asociaciones y empresas", ante lo que la agencia "carece de competencias sobre sanciones o revocación de los convenios".

Por ello, se recomienda replantear el papel de la agencia en la gestión de las escuelas infantiles, debido al elevado índice de incidencias y también cree que "se hace necesaria una revisión de la norma que posibilite más exigencia a los centros y doten a la Consejería de Educación y a la agencia de herramientas de control y sanción".

FINANCIACIÓN

Asimismo, el informe de la Cámara de Cuentas indica que las escuelas infantiles "son financiadas inadecuadamente mediante transferencias de financiación" y objeto de una "incorrecta consignación presupuestaria".

Además, apunta que la construcción de infraestructuras o reforma de centros escolares y su equipamiento "son financiados indebidamente a través de transferencias de financiación de capital, siendo en el fondo operaciones de intermediación que requieren de instrumentos jurídicos para la articulación de dicha intermediación".

Por otra parte, la construcción de infraestructuras o reforma de centros de titularidad de ayuntamientos, "además de ser financiados indebidamente con transferencias de financiación de capital, deben contabilizarse presupuestariamente como una subvención en especie".

Por todo ello, la Cámara insta a "articular instrumentos jurídicos que articulen el mandato de la Consejería a la Agencia para la construcción y reforma de infraestructuras y para la adquisición de equipamiento, así como a la correcta clasificación presupuestaria en el presupuesto de la Junta". "Asimismo, se debe rectificar la consignación de créditos para obras de los centros de titularidad municipal", añade.

RETRIBUCIONES INDEBIDAS

El informe indica que durante el ejercicio y parte del siguiente "tres directivos percibieron retribuciones indebidas en concepto de indemnización por vivienda", aunque precisa que los pagos efectuados "han sido reintegrados voluntariamente por dos de los directivos, no así por el tercero, de forma que el importe no reintegrado, que asciende a 12.744,56 euros, podría ser objeto de responsabilidad contable".

La Cámara añade que en la designación de un 64 por ciento del personal con contrato de alta dirección "no queda constatado que se hayan respetado los principios de mérito y capacidad ni publicidad y concurrencia". Añade que en la incorporación de trabajadores de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales a esta agencia "no se han respetado principios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad".

CONTRATOS DE OBRAS

En materia de contratación, el informe indica que "son prácticas generalizadas de la agencia la ausencia de justificación de la elección de los criterios de valoración de las ofertas en los contratos; la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares; o la falta de informe de los servicios jurídicos".

El informe indica que el plazo medio de la agencia con respecto a las certificaciones de obra es de más de cinco meses, "abonándose dentro del plazo legal sólo un dos por ciento" de los casos, de manera que "los adjudicatarios han reclamado durante el ejercicio intereses de demora por 340.000 euros, lo que supone dos millones acumulados, de las que más de un millón son consideradas firmes por las instancias judiciales".

En cuanto a la contratación menor, de lo analizado, "se detectan irregularidades en varios contratos menores en cuanto al período contratado, justificación de su necesidad y precios consignados". Además indica que "hasta 192 contratos menores se han formalizado para garantizar el transporte escolar en Cádiz debido al recurso de empresas que provocó la paralización del contrato no menor por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta, y algo similar se producen en el servicio de intérpretes de lenguaje de signos".

Añade que "un injustificado inicio tardío en la tramitación de un contrato no menor relacionado con el servicio de aula matinal provoca la adjudicación de 38 contratos menores que afectan a 168 centros".

La agencia usa hasta cuatro inmuebles propiedad de la Consejería "sin que la agencia sea la destinataria de la adscripción o cesión, lo que provoca una falta de garantías jurídicas".

Añade que los objetivos e indicadores de los Programas de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) "no coinciden con los asociados a los programas presupuestarios y los horizontes temporales son diferentes".

Asimismo, ha apuntado la existencia de "ajustes y reclasificaciones" en las cuentas de la agencia debido a los cambios en las operaciones para la adquisición de equipamiento escolar y de los convenios de escuelas infantiles, pero "no ha sido posible cuantificar el efecto que tendría la adaptación de los estados contables en lo referente a las operaciones de intermediación para la construcción y reforma de centros escolares debido a la imposibilidad de conocer la antigüedad de saldos".

Así, los almacenes de la agencia incluyen 26.492 unidades de 41 artículos de material escolar valorados en 482.000 euros "que no se incluyen en contabilidad por haber sido adquiridos por la Consejería y no por la agencia".

Por último, la Cámara apunta que la agencia "se ve obligada a recurrir a la contratación menor en mayor número de ocasiones de las que serían recomendables".

Respecto a la ejecución de los contratos no menores de obra, un 21 por ciento de los contratos adjudicados en ejercicios anteriores que continúan vigentes en 2013 ha sufrido una suspensión de la misma, lo que ha incrementado un 34 por ciento los plazos inicialmente previstos. En un 16 por ciento de casos los plazos se han visto duplicados y en seis ocasiones, quintuplicados. Asimismo, la mitad de estos contratos vivos han visto incrementado su plazo de ejecución por prórrogas, suponiendo un incremento medio del 25 por ciento sobre los inicialmente previstos.

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