Piden que se profundice en aspectos sobre innovación y participación privada y Cataluña espera que no afecte a su actual sistema
SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los representantes de las comunidades autónomas presentes en el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología celebrado hoy en Sevilla confían y prevén que pueda haber consenso en torno al borrador del anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aunque varias comunidades gobernadas por el PP pidieron al Gobierno que concrete el gasto que supondrá esta norma y que se aporte la memoria económica del anteproyecto y el coste que ésta supondrá para las propias comunidades autónomas.
Asimismo, en el encuentro celebrado hoy en Sevilla, varias comunidades de diverso signo político pidieron que en el texto se profundice más en los aspectos relativos a la innovación y la participación de las empresas y los entes privados. Las regiones deberán efectuar sus alegaciones y aportaciones por escrito antes del próximo viernes, 4 de marzo.
Así, el consejero de Economía e Industria de Galicia, Javier Guerra (PP), aseguró que todas las comunidades autónomas "tenemos la mejor disponibilidad y pondremos todo de nuestra parte para que la ley salga adelante, al ser una ley muy importante en este momento para la economía", aunque consideró que la norma "podría ser más ambiciosa y valiente y el Gobierno debe hacer su función".
En ese sentido, consideró que la parte de innovación "no esta suficientemente bien tratada y debe ser abordada con más intensidad" y agregó que esta norma "trata muy bien la parte publica pero la parte privada y el trabajo de organismos privados y semipúblicos debería ser mejor desarrollada".
Asimismo consideró que "también falta conocer el balance económico de esta norma y los costes para las comunidades autónomas, para así tener una idea de que lo que la ley significa y de como afectará a las economías de las regiones".
Por su parte, el consejero de Universidad, Empresa e Investigación de Murcia, Salvador Marín (PP), reconoció que "queda mucho por trabajar" en esta ley "necesaria para España", aunque también consideró que "le falta ambición y valentía, pues debe servirnos para los próximos 15 años y no se debe quedar en mera declaración de intenciones".
También consideró que "faltan aspectos a desarrollar en innovación y está desequilibrada" y agregó que "incluso utiliza disposiciones adicionales para hacer cambios en el aspecto universitario, algo que no es necesario, pues se aborda mucho la oferta pero se olvida de la demanda y le falta desarrollar el aspecto empresarial".
Asimismo, también incidió en que falta la memoria económica, pidió mayor representación de las comunidades autónomas y faltan muchos agentes, como centros tecnológicos, agrupaciones de empresas o parques tecnológicos, para lo que pidió "más flexibilidad en el movimiento de personal entre esos centros".
Por su parte, el comisionado de Universidades e Investigación de Cataluña, Joan Majó, consideró "muy positivo" este "intercambio de opiniones" entre comunidades autónomas y recordó que en Cataluña "tenemos una estructura montada de ciencia y tecnología y captación de talento, que nos funciona muy bien", por lo que, según apuntó, "no queremos que la implantación de la ley nueva nos destroce o nos eche a perder la faena de los últimos cuatro años".
Precisó que existen centros compartidos entre Estado y comunidad autónoma "donde obligatoriamente habría que implantar el modelo que saliera de la ley y eso nos vendría muy mal", tras lo que indicó que Cataluña plantea varias alternativas, esto es "que al tener transferidas las comunidades autónomas las competencias en materia de investigación las podamos seguir haciendo nosotros o bien haya una transitoria que permita que en los centros mixtos Cataluña-Estado pueda implantarse la normativa catalana".
"Es interesante ese intercambio de opiniones entre comunidades, pues aunque el sistema de ciencia y tecnología lo vertebra el Estado, quienes lo ejecuta son las comunidades", aseveró Majó, quien espera que la nueva Ley "no toque el actual sistema catalán, aunque estamos abiertos al diálogo las dos partes, soy optimista" y demandó que en el consejo general donde "las comunidades deben rendir cuentas al Estado, también el Gobierno central debe rendir cuentas a la comunidades, debe ser una acción bidireccional".
OTRAS COMUNIDADES
El consejero de Innovación, Empresa y Empleo de Navarra, José María Roig (UPN), también consideró la reunión "positiva" y "muy abierta" a la aportación de las comunidades autónomas y aseguró que "la innovación, desarrollo y tecnología son el arma que necesita España para salir de la crisis".
Roig consideró que "hay consenso, aunque haya diferentes criterios y puntos de vista", puesto que "la Ley e Ciencia es básica y no admite demasiados planteamientos políticos de partido".
Entre las aportaciones que su gobierno hará de cara al viernes, precisó que "la referencia a la innovación debe ser mayor y más completa, pues con su documento el Estado no se ha querido meter en las competencias de las comunidades autónomas, pero se debe fomentar la innovación" y además se mostró defensor de una mayor participación privada en el sistema.
Por su parte, el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota (PRC), consideró positivo el texto "y el avance que supone en relación con la ley de 1986", aunque reconoció que se planteó en la reunión "la necesidad de memoria económica y aclarar cuestiones de competencias ante posibles conflictos entre comunidades autónomas".
Sota, que espera que en marzo se pueda aprobar esta norma "y todo sea de forma inmediata dadas las circunstancias en las que nos encontramos", precisó que habrá más borradores con las aportaciones de las regiones y espera que se apruebe la ley por consenso "pues es muy importante y necesaria como instrumento fundamental para el avance hacia el cambio de modelo económico en España".
Destacó que esta norma "estará a disposición de los trabajadores para que tengan un puesto de trabajo fijo y les permita tener cierta seguridad sobre lo que se investiga y que esa investigación se pueda aplicar de forma directa a las empresas, que es lo que en España falta".
Por su parte, el viceconsejero de Ciencia y Tecnología de Castilla- La Mancha, Enrique Díez Barra (PSOE), valoró la evolución de este anteproyecto y consideró que existen elementos "muy valiosos" en esta norma, ya que "responde a la coherencia en el planteamiento, desde la generación del conocimiento hasta la innovación y la incorporación al sistema productivo".
A su juicio, esta ley "es la fuerza garante de derechos de las condiciones laborales, sobre todo de jóvenes investigadores con un nuevo contrato permanente sometido a evaluación"; y resaltó, por último, la "coordinación que esta norma introducirá entre las comunidades autónomas"
Por último, el viceconsejero de Ciencia y Tecnología de Asturias, Herminio Sastre (PSOE), también consideró que esta futura Ley "es necesaria es imprescindible en estos momentos", por lo que confía en "el mayor consenso de todas las comunidades", al tratarse de "una ley importante, pues nos abre las puertas a la internacionalización y nos permite anticiparnos, tener instrumentos que permitan poder captar investigadores de prestigio y abrirnos a Europa, algo que es una necesidad imperiosa".
Por ello, confió en que habrá "consenso" y precisó que sus aportaciones van en línea de mejorar los contratos de investigadores con las universidades y conseguir que "el que se dedique a la universidad debe ser a la vez docente e investigador y hacer transferencia de conocimiento y tecnología".
