SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha presentado ante la Consejería de Educación un "requerimiento para que dejen de aplicarse las medidas contempladas" en el Real Decreto-Ley 14/2012, con "recortes" en el ámbito educativo aprobado en 2012 por el Gobierno central del PP, y cuya "vigencia y aplicación" ha impugnado el sindicato ante la Audiencia Nacional.
Así lo anuncia CCOO-A en una nota de prensa en la que detalla que el sindicato ha impugnado "la vigencia y aplicación" del referido decreto "ante el silencio administrativo del Ministerio de Educación, al que el sindicato realizó un requerimiento previo".
A raíz de esta impugnación, la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha presentado ante la Consejería de Educación el citado "requerimiento para que dejen de aplicarse las medidas contempladas en este Real Decreto-Ley en tanto que los argumentos esgrimidos para su aplicación han dejado de estar vigentes".
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, ha expuesto que "el Real Decreto de recortes supuso un duro varapalo para el sistema educativo español".
Así, ha incidido en que, "entre otras medidas de carácter excepcional, el Gobierno de España aumentó el número de estudiantes por aula en la enseñanza no universitaria, tanto en los centros públicos como concertados, incrementó la jornada docente, amplió a dos semanas el plazo para la sustitución temporal del profesorado, y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional".
Según continúa CCOO, en España, "la ampliación de la jornada lectiva y la reducción de la tasa de reposición del profesorado al diez por ciento provocaron la destrucción de casi 33.000 plazas docentes en apenas un año y medio", además de que "las jornadas parciales crecieron un 30 por ciento y la temporalidad se disparó, haciendo que, en la actualidad, uno de cada cuatro docentes se encuentre en situación de interinidad, y que se hayan suprimido numerosos puestos laborales y de administración y servicios que, en muchos casos, están siendo cubiertos, en precario, por personal privatizado a través de empresas externas".
Molina advierte de que, en Andalucía, "este hecho ha provocado que existan actualmente más de 18.000 docentes interinos, que se perdiesen alrededor de 5.000 puestos docentes, o que existan ya más trabajadores de administración y servicios en los centros educativos privatizados mediante empresas externas que personal propio de la Junta de Andalucía".
Igualmente, CCOO apunta que, en el ámbito universitario, "los recortes condicionaron el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente".
Desde el sindicato señalan que "la dedicación docente ha podido incluso duplicarse en función de la actividad investigadora, lo que repercute negativamente en la carrera y promoción profesional de un elevado número de docentes funcionarios y, consecuentemente, en sus retribuciones". Además, "el personal de administración y servicios de las universidades andaluzas sufrió un importante recorte en tanto que no pudo ampliar su plantilla ni consolidar puestos", agrega CCOO.
Ante "el duro ataque que supuso este real Decreto-Ley a la educación española", CCOO "ha demandado al Ministerio de Educación a través de un proceso contencioso-administrativo de derechos fundamentales, por vulneración del derecho a la educación, al empleo público, y según el principio de seguridad jurídica del que goza todo ciudadano, motivo por el que le requiere la derogación o suspensión 'sine die' del Real Decreto-Ley 14/2014".
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía considera que, "seis años después, y en un contexto de crecimiento económico reconocido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, los recortes --definidos como temporales, transitorios y con un fin socioeconómico--, deben dejar de aplicarse en tanto que en la actualidad han desaparecido --con argumentos del propio Gobierno de España--, las razones económicas que los motivaros".
Según CCOO-A, estos "recortes" pueden "entenderse derogados por la propia ley presupuestaria".
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Además, indican que, "sin necesidad de esperar el recurso presentado por CCOO ante la Audiencia Nacional, Andalucía tiene base legal para dejar de aplicar el Real Decreto-Ley de recortes en tanto que la fundamentación jurídica de contención de gasto que se define en el propio preámbulo ha dejado de existir, según reconoce el propio gobierno de España en la nueva Ley Presupuestaria", argumenta Sergio Molina como base al requerimiento que ha hecho por escrito a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
