La CEA espera un acuerdo con los estibadores, "un conflicto que no es social sino legal"

 

La CEA espera un acuerdo con los estibadores, "un conflicto que no es social sino legal"

Actualizado 02/03/2017 11:55:37 CET

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha apuntado que el conflicto con los estibadores de los puertos "no es un conflicto social sino legal", surgido de la aplicación de la normativa europea, por lo que espera que haya acuerdo "en un tiempo prudencial".

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, González de Lara apunta que este conflicto "es preocupante" porque "puede afectar seriamente a la actividad productiva y económica".

Considera que "el mero hecho de anunciar una huelga genera preocupación en la actividad económica".

En ese sentido, deja claro que se trata "no de un conflicto social sino legal por una aplicación de una sentencia de 2014 del TJUE", una sentencia que sanciona a España por "no cumplir con una normativa donde se habla de liberalización del sector y donde puedan operar con más libertad las empresas en el sector portuario y en los mecanismos de contratación de los trabajadores".

De esta forma, insiste en que "es un conflicto de aplicación de una norma de un decreto que acaba de aprobar el Gobierno de la Nación, tras 21 millones de euros de multa de la UE a España".

"No es un conflicto consecuencia de la falta de entendimiento entre empresarios y trabajadores por inaplicación del convenio colectivo, sino por la aplicación de un decreto que es transposición de una sentencia de TJUE y de una directiva europea", ha dejado claro González de Lara, quien reconoce que "el problema va a ser cómo ajustar vía convenio colectivo esa normativa, pero no es un conflicto laboral, sino un conflicto legal".

Ante esto, espera que "se llegue a una solución pacífica" y se muestra "confiado en que se llegará a acuerdo en un tiempo prudencial". Ha insistido en que "nadie quiere quitar derechos a los trabajadores, pero sí se pretende que haya la posibilidad de que otras empresas europeas se puedan instalar en los puertos españoles".

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